Carlos Castresana, titular de la CICIG, presentó hoy ante los jefes de bancada del Congreso de la República, pruebas contundentes en contra de los seis magistrados electos a la CSJ que tenían señalamientos por parte de diversos grupos de la sociedad civil.
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El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizó una presentación privada ante los líderes legislativos, y posteriormente, en la sede de este organismo internacional, presentó las pruebas ante la opinión pública, para justificar por qué había presentado el nombre de ocho candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como no idóneos.
Hoy ya sólo presentó las pruebas contra seis, ya que dos de los ocho no fueron electos. Los señalados por Castresana, con todo y pruebas, hoy fueron: Lesbia Jackeline España Samayoa de Olivet, Manuel de Jesús Pocasangre ívila, Elda Nidia Nájera Sagastume de Portillo, Thelma Esperanza Aldana Hernández, Dimas Gustavo Bonilla y Mynor Custodio Franco Flores.
ANTECEDENTES
El pasado viernes, 2 de octubre, la Corte de Constitucionalidad amparó provicionalmente una acción de inconstitucionalidad, que buscaba revisar la honorabilidad de los seis magistrados electos ya mencionados. De acuerdo con el documento de la CICIG presentado ante los jefes de bloque, el «requisito de la reconocida honorabilidad, tiene como fin, tratar de impedir que lleguen a tomar posesión del cargo de magistrados y magistradas, los profesionales que por su conducta han puesto en entredicho la confianza pública que el ejercicio de su profesión requiere».
La CICIG recalcó que estos señalamientos no deberían incidir penalmente contra los magistrados electos señalados, pero que sí debe ser motivo para la reflexión de los diputados de la República para que no sean electos, ya que hay algunos aspectos que llaman la atención.
En primer lugar, de que los seis señalados no alcanzaron siquiera los 60 puntos en la calificación de la Comisión de Postulación, lo cual va en contra del espíritu de la ley. «Se busca la excelencia, y con esa nota no se ofrece lo mejor», comentó Castresana.
Además, había algunas decisiones como operadores de justicia que no tomaron adecuadamente, así como contar con procesos e investigaciones pendientes, o por realizar actividades que pongan en riesgo la independencia judicial.
APARECE EL REY DEL TENIS
Gran sorpresa provocó Castresana al sacar a relucir el nombre de Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como «El Rey del Tenis», ya que se había rumorado su injerencia en esta elección, pero nadie había realizado un señalamiento directo.
De acuerdo con la conferencia que brindó Castresana, López Villatoro pagó el costo de 32 matrículas para sendas personas para estudiar un Máster de Especialización en Derecho Penal, en la Universidad de Sevilla.
De las 32 personas, 15 eran miembros del Organismo Judicial, y López Villatoro pagó cada uno de los 1 mil 591 euros de cada persona.
De la promoción graduada en el 2007, había diez que eran candidatos a las Cortes de Apelaciones en este año, tres más para la CSJ y tres miembros de la Comisión de Postulación a la CSJ.
¿MECENAZGO?
El jefe de la CICIG se cuestionó sobre este interés del Rey del Tenis en patrocinar a candidatos y postuladores, y lo vincula a que hay indicios de que López Villatoro tiene intereses en despachos vinculados a adopciones clandestinas (señalando a 5 mil recién nacidos guatemaltecos en el 2008), a defensa de narcotraficantes, militares involucrados en abusos a derechos humanos y partidos políticos.
Con estos intereses, habría metido dentro de las Comisiones de Postulación gente afín para que eligieran a candidatos que puedan defender sus intereses. Y, como parte de estas componendas, los seis magistrados electos señalados por la CICIG, fueron evaluados por la misma terna, lo que supone una consecuencia notable.
Es por ello, que desde las Comisiones de Postulación se dieron las condiciones para que candidatos afines al Rey del Tenis pudieran surgir. Sin embargo, esto no era excusa para que fueran electos forzosamente como magistrados.
«Es importante recordar que, las Comisiones de Postulación podrían condicionar a los legisladores en la medida que muestran preferencias por perfiles; sin embargo, el Congreso de la República, como órgano soberano, no debe aceptar tales condicionamientos que determinen la elección de candidatos que no sean idóneos», refiere el documento que presentó la CICIG como justificación.
«La CICIG consideró un deber para con Guatemala y en el estricto cumplimiento de nuestro mandato, poner en conocimiento de este Honorable Congreso, la información disponible en cuanto a la honorabilidad de ciertos candidatos», reflejaba una de las diapositivas presentadas ante los jefes de bloque.
Castresana presentó las pruebas de los señalamientos contra los seis magistrados electos ante los diputados y luego ante la opinión pública (VER RECUADROS DE CADA UNO DE LOS SEí‘ALAMIENTOS).
REACCIONES
Carlos Castresana, jefe de la CICIG, con la información concreta que cuestiona la honorabilidad de seis Magistrados de la Corte Suprema electos, logró sacudir la mente y quebrar el espíritu político de algunos diputados quienes lo escucharon durante más de tres horas este martes.
Jaime Martínez Loahyza, jefe del bloque Gran Alianza Nacional (Gana), comentó que el Jefe del la CICIG, durante su presentación hizo señalamientos fuertes contra los abogados señalados.
Entre la información que ofreció el comisionado internacional hay señalamientos serios que incluyen el de una abogada que habría recibido Q200 mil para absolver un caso y por impartición de justicia en otros expedientes que implica a los seis señalados, explicó Martínez Loahyza.
Asimismo, comentó que Castresana cuetionó que la abogada Jacqueline España sea contratista del Estado, señalamientos que se trasladaron a todos los integrantes del bloque desde el mediodía porque merecen un análisis del bloque y no de forma particular, dijo el diputado.
Diario La Hora intentó contactar a los seis señalados, de los cuales sólo Manuel Pocasangre respondió a las llamadas, quien dijo: «Yo estoy ejerciendo un derecho que me otorga la Constitución de elegir y ser electo, si la Constitución me otorga ese derecho lo estoy haciendo valer, yo pasé el registro de depuración por parte de la Comisión Postuladora, ellos calificaron, ellos me eligieron entre todos los candidatos, esa lista la llevaron al Congreso y el Congreso me eligió yo no tengo conexión con ninguno».
Jackelin España respondió a su teléfono, pero posteriormente se cortó la comunicación. Al ser llamada de nuevo, tres veces, no respondió, mientras que los otros cuatro no contestaron en sus teléfonos.
BOLETíN
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado recrea que dicha Comisión ha estado preocupada desde hace varios años porque el Poder Judicial no ha asegurado el respeto de los derechos humanos de guatemaltecas y guatemaltecos.
«[…]a través de la investigación de las denuncias y la individualización y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos del presente y el pasado, se lee en la parte introductoria urge proceso transparente e inclusivo en nombramiento de jueces en Guatemala, fechado en Washington hoy..
Además, el documento hace un recuento que el Comisionado Víctor Abramovich, en junio pasado, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley de Comisiones de Postulación cuyo propósito era regular las Comisiones de Postulación.
También que esa ley garantice la publicidad de los antecedentes y de los actos de selección en un proceso amplio e inclusivo, así como la efectiva participación y la fiscalización de la sociedad civil en todo el proceso.
Y la CIDH insta a las instancias competentes a que se tomen en cuenta seriamente las recomendaciones de la sociedad civil y la CICIG en la decisiones finales.
Aunque la sesión plenaria estuvo programada para las once horas, la extensa presentación informativa sobre los señalados, la detuvo hasta nueva orden y de aquello que analicen y decidan los bloques para retomar el tema.
La jurista Lesbia Jackeline España Samayoa de Olivet, quien obtuvo 45 puntos en la evaluación de la comisión de Postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia y que fue electa como magistrada por el Congreso de la Republica también fue señalada por el comisionado contra la impunidad, Carlos Castresana, quien entregó pruebas de los señalamientos, junto a las pruebas que acusan a los otros cinco magistrados señalados por la CICIG.
Entre los señalamientos hacía España sobresalta la queja No. 51-2001, de febrero del año 2001, en su contra ante la junta disciplinaria del Organismo Judicial, por haber recibido 200 mil quetzales para absolver, en un juicio por asesinato u homicidio en grado de tentativa y lesiones graves en el año 2000, al señor Edin Gilberto Morales Rossel; dicho proceso fue ventilado ante el tribunal Primero de Sentencia Penal, del departamento de Chiquimula, del cual la magistrada en mención era presidenta, el trámite de denuncia fue suspendido.
Además, presentaron pruebas de las siguientes denuncias o quejas:
Queja No. 439-2007 y queja No, 201-2007 en su contra ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial por actuación judicial defectuosa.
Queja No. 127-2007 en su contra ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial sin conocerse el resultado de la misma.
Expediente 152-09, oficio 2, denuncia administrativa en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización de justicia, sin que a la fecha se conozca el resultado de la misma.
Los impedimentos para que Jackeline España sea magistrada, según Castresana son: Que de acuerdo con los registros mercantiles, ella es representante legal de la entidad JESAL y ALEF. A la entidad JESAL, se le han adjudicado, la ejecución de proyectos para la limpieza de tramos carreteros por parte del Ministerio de Comunicaciones, desde el año 2006 a la fecha, obteniendo una ganancia en licitación por un monto aproximado de 2 millones de quetzales.
Esto demuestra que la magistrada ya electa por el Congreso tiene relaciones de alguna manera políticas, detalla el informe de la CICIG.
Ha esto se suman actos de «perjurio», cometidos por la magistrada en mención y que hacen que no sea apta para ocupar un lugar en la administración de justicia en el país.
Todas esta situaciones fueron escondidas y negadas por la jurista bajo juramento cuando fue interrogada por los miembros de la comisión de Postulación.
También ha sido señalada de entorpecer el proceso legal del caso de las «Dos Erres», como magistrada de la Sala Cuarta de Apelaciones; en dicha masacre hubo 350 muertos y ocurrió en Petén, en el proceso legal hay órdenes de capturas no ejecutadas por el MP, se han interpuesto 36 amparos y se ha violado la Ley de Reconciliación.
En la evaluación realizada por la comisión de Postulación, España obtuvo cero puntos en méritos éticos y probidad, cero en méritos profesionales, experiencia y desempeño profesional, cero puntos en méritos de proyección humana y cero puntos en meritos académicos, pese a esto ya fue electa por el Congreso como magistrada de la CSJ.
Otro de los señalados es Manuel De Jesús Pocasangre ívila, quien obtuvo una puntuación de 51 y que fue electo como magistrado de la CSJ pese a no ser juez, a ser miembro de la UNE, a ser candidato a diputado por la UNE en el año 2007, por haber tenido un cargo público en el Ministerio de Agricultura y por ser papá del gobernador de Guatemala.
Dicho jurista ha recibido dos sanciones por la Contraloría General de Cuentas, la primera por incumplimiento de plazos en el programa «vaso de leche», implementado por el MAGA, en esta oportunidad la contraloría le impuso dos sanciones, una por la cantidad de Q1 millón 244 mil 598 y la otra por Q3 millones 111 mil 495 quetzales.
La otra sanción se deriva de una auditoría realizada al fideicomiso «Bosques y Agua para la Concordia», en mayo del presente año y en donde encontraron las siguientes anomalías:
a) Conciliaciones bancarias no elaboradas; b) liquidación de fondo rotativo no liquidado oportunamente; c) falta de conciliación de reportes administrativos con estados financieros; d) falta de cumplimiento con los cronogramas de ejecución, todo esto ameritó una multa por un total de 28 mil quetzales, la cual fue rebajada a una cantidad que se desconoce.
En el Ministerio Público identificaron tres procesos en los que él aparece como sindicado de los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material, malversación de fondos, abusos de autoridad y falsedad material.
Como integrante del Bufete de Abogados, Pocasangre y Asociados recibió denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de coacción y amenazas.
Los punteos obtenidos en la evaluación que realizó la comisión de postulaciones, para Jesús Pocasangre fue de cero puntos en méritos profesionales y en méritos de proyección humana.
Elda Nidia Nájera Sagastume fue elegida por la terna integrada por Petrona Laura Reyes Quino, postuladora de planilla apoyada por el «Rey del tenis», (Planilla 1 CANG); íngel Estuardo Barrios Izaguirre, postulador de la Universidad Mesoamericana; y Guillermo Demetrio España Mérida, postulador de planilla apoyada también por el «Rey del tenis», (Planilla 1 OJ).
Nájera obtuvo una puntuación de 55 y, a decir de sus denunciantes, manifiesta falta de imparcialidad, además es hermana del diputado Santiago Nájera Sagastume, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Obtuvo cero puntos en méritos de proyección humana que comprende: participación en organizaciones y asociaciones en defensa del Estado de Derecho; Pro Derechos Humanos; y defensa y promoción de multiculturalidad.
El comisionado de la CICIG dijo que Nájera Sagastume ha favorecido a investigados y procesados en casos de alto impacto y repercusión social, relacionados con violaciones a derechos humanos, corrupción y desfalcos, dentro de estos favorecidos se encuentran: Efraín Ríos Montt, Byron Lima, Eduardo Arévalo Lacs y otros ex funcionarios públicos.
La modalidad que Nájera utilizará es la emisión de votos razonados o medidas sustitutivas a favor de personas investigadas por delitos de alto impacto en los que sería importante dar una respuesta positiva a la sociedad. Llama la atención que se ha favorecido sistemáticamente a procesados de relevancia social o política siempre de la misma tendencia política.
Según Castresana, entre otras decisiones, la magistrada Elda Nidia Nájera emitió, para el caso Gerardi, un voto razonado con fecha 22 de marzo de 2005, en apelación contra sentencia, valorando prueba, (vulnerando lo regulado en el artículo 430 del Código Procesal Penal.) Su intervención estuvo dirigida a que el tribunal no debía haber valorado los testimonios de Rubén Chanax Sontay y del dueño de la abarrotería.
Menciona que se dejó de valorar prueba decisiva que fue introducida válidamente e incorporada al debate por Byron Lima, indicando que el fallo adolece del vicio de falta de fundamentación por no haberse observado las reglas de la sana crítica razonada, por lo que el mismo debió ser anulado y ordenar un nuevo debate, la información está contenida en el Expediente No 192-2001, oficial 3ro.
Del mismo modo, en el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt, sobre el secreto militar, la magistrada emite voto razonado, donde tergiversa lo sostenido por el juez según consta en el acta del 6 de marzo de 2009. Con este voto, Nájera pretendía alejar o sembrar duda de la imparcialidad del juez contralor de instancia.
Redujo considerablemente la fianza a Eduardo Arévalo Lacs, basándose únicamente en la capacidad patrimonial del acusado, sin considerar los otros elementos que garanticen que dicha persona será sometida a proceso, peligro de fuga u obstaculización de la investigación.
En el caso de Mercado de Futuros, MDF, los argumentos de la sala presidida por la Nájera, indicaban que no se imponía caución económica al diputado Eduardo Meyer, porque el delito por el que se procedía no era patrimonial. Esta decisión resulta contraria a lo que la ley establece en relación a que el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva van referidas al aseguramiento del sindicado en el proceso para evitar su fuga o la obstaculización a la averiguación de la justicia.
Thelma Esperanza Aldana Hernández fue elegida por la terna integrada por Petrona Laura Reyes Reyes Quino, postuladora de planilla apoyada por el «Rey del tenis», (Planilla 1 CANG); íngel Estuardo Barrios Izaguirre, postulador de la Universidad Mesoamericana; y Guillermo Demetrio España Mérida, postulador de planilla apoyada también por el «Rey del tenis», (Planilla 1 OJ).
Obtuvo 67 puntos en total, sin embargo, en méritos de proyección humana que comprende participación en organizaciones y asociaciones en defensa del Estado de Derecho; Pro Derechos humanos; y defensa y promoción de multiculturalidad obtuvo cero puntos.
Según sus denunciantes, como magistrada de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Aldana emitió, con fecha 7 de agosto de 2009, una resolución en la que, mediante el otorgamiento de un amparo provisional solicitado, no se atendía a lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad en otro proceso de idéntica naturaleza, relativa a la asignación de escaños por planilla de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la integración de las Comisiones de Postulación de candidatos a magistrados.
Dicha resolución violó disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, particularmente en lo que se refiere al artículo 185 de la misma.
Otras de las acusaciones son; Ruptura del Orden Constitucional; causa inanidad del Derecho y debilidad de sus operadores y situaciones graves, incompatibles con el Estado Constitucional de Derecho.
En el caso de Dimas Gustavo Bonilla la sociedad civil presentó cinco impugnaciones en su contra por haber denegado justicia en caso de violación a derechos laborales. Asimismo, Bonilla tiene quejas ante la Junta Disciplinaria Judicial por retardo en la tramitación de un proceso y desobediencia a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
Se comprobó que en una resolución favoreció a la Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos Guatemala (Usac).
En la misma línea, Bonilla no se excusó de conocer un caso en que era parte el rector de la (Usac), Estuardo Gálvez, pese a que la ley establece que los «jueces deberán excusarse de conocer los casos en los que tengan amistad íntima o relaciones con algunas de las partes».
Cuando Gálvez fue decano de la Facultad de Derecho de la Usac, Bonilla ocupaba el cargo de Secretario de la Junta Directiva, «un cargo de confianza». De acuerdo con la CICIG, «esta relación de amistad trasciende al proceso de selección de magistrados», toda vez que Gálvez presidió la postuladora que seleccionó a Bonilla como aspirante a magistrado.
Bonilla, además, cuenta con un registro por el delito de amenazas, que fue desestimado, y otro por el delito de estafa, que fue archivado.
«El tribunal que conformaba el magistrado, en algunos casos, tardaba más de un año en notificar sentencias de segunda instancia», sostiene la investigación de la Comisión.
ACTUAL MAGISTRADO
Mynor Custodio Franco Flores también es señalado por favorecer a la Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Usac. Además, es familiar de Joaquín y Aníbal Flores España, y Jairo Flores, éste último director del Fondo Nacional para la Paz.
La sociedad civil presentó dos impugnaciones en su contra por haber denegado justicia en casos de violación a derechos laborales, y en las comisiones de Postulación obtuvo cero puntos en la calificación que la postuladora aplicó a los rubros de Distinciones y Méritos de Proyección Humana Defensa del Estado de Derecho.
Mientras que ante la Junta Disciplinaria Judicial, aparecen quejas por haber cometido irregularidades en notificaciones de las resoluciones laborales en procesos tramitados en el tribunal que conformaba. Otra queja refiere que retrasó la tramitación de un proceso y desobediencia a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
Carlos Castresana Fernández, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se enfrentó abiertamente a los poderes institucionales y paralelos del Estado de Guatemala al presentar las justificaciones a su veto sobre la elección de 6 magistrados de cuestionada honorabilidad.
Denunciando con nombres, apellidos, hechos, números de causa y cantidades económicas, Castresana Fernández no rebuscó palabras para acusar el resultado de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de ser una componenda entre grupos paralelos que utilizan a su antojo a los organismos del Estado.
La elección, defendida como «soberana» por el Presidente de la República, ílvaro Colom, varios diputados al Congreso de la República y, hoy mismo, por el Secretario General del partido oficial, recibe un serio revés que deja en evidencia la componenda del resultado.
El titular de CICIG, entidad de Naciones Unidas para el combate de la impunidad en nuestro país, acata el llamado del Secretario General, Ban Ki Moon, quien exigió esfuerzos adicionales para la elección de la próxima CSJ, uniéndose así al reclamo de la comunidad internacional representada en Guatemala.
Castresana se ha enfrentado al decidido y comprometido papel del presidente Colom de asegurar que se cumplió con el «papel soberano» del Congreso, con la votación que los diputados realizaron en el pleno o con la actitud de ofensa mostrada por los señalados.
El Comisionado continúa enfrentándose a todos los poderes, institucionales o paralelos, que han sido denunciados permanentemente como los responsables de la situación de deterioro que se vive en el país.