Cuando la comunidad internacional, con la ONU a la cabeza, condenó el golpe de Estado en Honduras, los gobiernos centroamericanos sintieron el alivio que da esa importante solidaridad expresada en momentos de apremio y cuando más falta hace. El régimen guatemalteco fue de los que expresó su satisfacción por la forma en que reaccionaron los otros países y los organismos multinacionales.
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Hoy con la misma voz y con el mismo tono, esa comunidad internacional pide que se integre el poder judicial con magistrados competentes, independientes e íntegros, denunciando que la elección en el Congreso no llenó esos elementales requisitos que se demandan para que el país pueda avanzar en su esfuerzo por derribar el muro de la impunidad. El Secretario General de las Naciones Unidas no sólo avaló plenamente la declaración de la Relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, sino que también respaldó de manera contundente la actitud de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en este proceso de conformación del poder judicial.
La ceguera de nuestros gobernantes no les permitió ver más allá de sus propios compromisos políticos a la hora de elegir magistrados. Nunca entendieron el compromiso que la comunidad internacional ha tenido en estos últimos años con la construcción de un auténtico estado de derecho en Guatemala y su apoyo a la CICIG. Pensaron que el revuelo de una burda elección duraría poco porque se atuvieron a que nuestro pueblo y aún los movimientos sociales son pura llamarada de tusa que se apaga en pocas horas. La apuesta fue a aguantar un chaparrón durante una semana, a lo sumo, confiando en que igual que en crisis anteriores, entre ellas la de Rosenberg, la presión cede hasta desaparecer por completo.
Pero así como en el caso Rosenberg buena parte del alivio de la crisis estuvo en la confianza que despertó la actitud de Carlos Castresana y su independencia, ahora la crisis adquiere proporciones distintas porque la comunidad internacional también valora de manera correcta el esfuerzo que hace la CICIG y por ello hay una expresión unánime de apoyo a lo que está haciendo y su empeño por terminar con años de impunidad en Guatemala.
Acostumbrados a pasarse a la opinión pública por el arco del triunfo, sabidos de que la ancestral indiferencia de los guatemaltecos termina jugando a favor del cinismo de la clase política que jamás actúa en cumplimiento de un mandato, sino como si fueran ya no solo mandantes sino dueños del país, decidieron ignorar los llamados para tomar en cuenta la honorabilidad o falta de honorabilidad de los propuestos por las deleznables comisiones de postulación, esas mismas que según editorial del diario elPeriódico, cumplieron su misión a cabalidad, no obstante que fue en ellas donde se dio el pase a los abogados comprometidos con las distintas expresiones del crimen organizado.
Quienes reclamaron que en el caso de Honduras la comunidad internacional no haya actuado cuando Zelaya se saltó las trancas, ahora pueden ver que en el caso de Guatemala sí hay preocupación por el respeto a la legalidad y por la construcción de un verdadero estado de Derecho. Los únicos que, por lo visto, no lo entienden, son nuestros políticos criollos.