El gobierno de facto de Honduras endureció su posición ayer con un decreto que restringe libertades públicas, horas después de rechazar una misión de la OEA y advertir a Brasil sobre el fin del estatuto diplomático para su embajada, donde se refugia el depuesto Manuel Zelaya.
El régimen de facto anunció en cadena nacional de radio y televisión la firma de un decreto que autoriza el cierre de medios de comunicación, la disolución de reuniones no autorizadas y otras restricciones a las libertades públicas, anunció ayer la Presidencia en una cadena nacional de radio y televisión.
El decreto, publicado el sábado en el diario oficial La Gaceta pero que deberá ser ratificado por el Congreso, autoriza «impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público», o que atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales».
La institución estatal encargada de las telecomunicaciones, Hondutel, «queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o compañía de cable que no cumpla con estas disposiciones», señala el decreto.
Las medidas tendrían una vigencia de 45 días a partir de su aprobación legislativa, de conformidad con el informe oficial.
Más temprano, cinco miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron «detenidos» seis horas tras su llegada al aeropuerto de Tegucigalpa y cuatro de ellos fueron expulsados, declaró el único integrante del equipo que permaneció en Honduras, el chileno John Biehl.
Uno fue deportado a Estados Unidos y otros tres llegaron horas después a Costa Rica.
La acción fue condenada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza: «Acciones como la adoptada hoy (domingo) por las autoridades hondureñas del régimen de facto dificultan seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social en Honduras y la búsqueda de soluciones», dijo por medio de un comunicado emitido en Washington.
La OEA había anunciado el envío de una misión preparatoria para efectuar una mediación que buscaría poner fin a la crisis política que opone al gobierno de facto de Roberto Micheletti y a Zelaya.
El canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras, justificó la medida diciendo que los funcionarios de la OEA «cayeron un poco de sorpresa» y aseguró que éstos habían sido advertidos de que no iban a ser aceptados en Honduras, porque «no era el momento procesal» para su llegada al país.
Por otra parte, Contreras aclaró que la sede diplomática de Brasil sería despojada de su estatuto diplomático en diez días si no define la situación de Zelaya, que se encuentra refugiado desde el lunes en esa legación.
El funcionario dijo que se trata de «una medida de reciprocidad», ya que Brasil desconoció a los representantes hondureños en Brasilia hace varias semanas y porque la sede brasileña en Tegucigalpa está siendo utilizada por Zelaya para hacer llamados a la violencia y la insurrección.
Sin embargo, aseguró que «por cortesía» y por «civilidad», el gobierno mantiene su palabra de que no intentará desalojar el edificio ni atentar contra las personas que se encuentran en su interior, incluyendo a Zelaya y a unos 60 de sus seguidores.
El sábado, la cancillería había fijado el plazo a Brasil advirtiendo de que adoptaría medidas de conformidad con el derecho internacional, pero sin definir tales medidas en forma precisa.
Brasil respondió al comunicado del sábado que sólo negociaría con el gobierno de facto de Honduras si la ONU se lo pide.
En tanto, Zelaya llamó a sus seguidores a concentrarse el lunes en Tegucigalpa para lanzar una «ofensiva final» contra el gobierno de facto y para lograr el restablecimiento del orden constitucional.
Campesinos de diferentes zonas de Honduras empezaron este domingo a dirigirse hacia Tegucigalpa para estar el lunes en la concentración, informó el sacerdote Andrés Tamayo, activista del movimiento.
Este lunes se cumplen tres meses del golpe de estado que sacó a Zelaya del poder y que instaló el régimen encabezado por Micheletti.
La comunidad internacional debe reaccionar inmediatamente para evitar un magnicidio en Honduras, declaró hoy el presidente depuesto de este país, Manuel Zelaya, tras el cierre de una radio y un canal de televisión opositores al régimen de facto.
«La comunidad internacional tiene que reaccionar inmediatamente antes de que se produzca un magnicidio», declaró el gobernante, quien se encuentra refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, sitiada por cientos de efectivos militares y policías.
«Han silenciado las únicas voces que tenía el pueblo hondureño, están matando nuestro espíritu de forma cruel e inhumana», dijo Zelaya poco después de que el régimen clausuró la radioemisora Globo y el canal 36 de Televisión, la madrugada de este lunes.
Zelaya manifestó que el cierre de estos medios opuestos constituye la evidencia de que en Honduras «se ha instaurado una dictadura brutal, la más dura que ha vivido este país en su historia» y vaticinó que la situación de los derechos se agravará en adelante.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti divulgó el domingo un decreto que restringe por 45 días las libertades de locomoción, de reunión y de expresión del pensamiento y autoriza las detenciones sin orden judicial previa, argumentando que Zelaya está incitando a la violencia desde su refugio en la embajada de Brasil.
«Han desmantelado la radio, han desmantelado la constitución de la República», comentó por su parte el presidente de la Comisión para de la Defensa de los Derechos Humanos, Andrés Pavón.
«Esta es una agresión total, este es un régimen militar», dijo el dirigente humanitario.
Este lunes se cumplen tres meses del golpe de Estado que sacó del poder a Zelaya y la oposición ha convocado a una nueva manifestación en Tegucigalpa y a otras acciones de protesta en localidades del interior.