El diario Prensa Libre, del 23 de los corrientes, informó de la programación de dicha celebración, por medio de mil actividades en toda la República.
El costo de esas festividades será, por lo menos, de Q 7 millones, pues entre lo programado, está la contratación de 3 mil artistas extranjeros y de sólo 250 guatemaltecos, quienes como compatriotas no deberían cobrar ningún centavo.
Dos dependencias estatales financiarán la celebración, -la Secretaría de Paz (SEPAZ) y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Asociación Arte y Cultura para el Desarrollo (ACUDE)-, que no sé si es una ONG o una persona jurídica estatal.
De entrada, es deber ciudadano oponerse a que se celebre de esa manera fastuosa la conmemoración del proceso revolucionario, democrático-popular de 1944-54 y, peor aún, por un gobierno cuya política y actuación es, no sólo diferente, sino antagónica al proceder de los gobiernos de la Junta Revolucionaria, del presidente Arévalo y del presidente Arbenz.
Tanto más en momentos tan angustiosos que el pueblo sufre por su pobreza y extrema pobreza y falta de alimentos.
Si fuese sincera la intención de conmemorar este aniversario del triunfo de la Revolución, en 1944, también denominada de la Primavera Democrática, lo que debieran hacer los tres organismos del Estado es pronunciarse por la persecución de aquel genuino proceso democrático, revolución representativa y participativa, y de dignidad nacional (sin duda el más importante hecho histórico del país), que fuera interrumpido, en 1954, por la agresiva intervención imperialista.
Como uno de los ya pocos sobrevivientes de la generación revolucionaria y ex dignatario, ex ministro, ex magistrado de trabajo y previsión social y presidente, gerente del Banco Nacional Agrario, que financió la Reforma Agraria, estando siempre al servicio de las necesidades e intereses del pueblo, me permito exhortar a los organizadores de los actos de la Conmemoración que, por lo menos, y de manera pública exijan a las y los dignatarios, funcionarios públicos y jueces y magistrados del Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, comenzando por los Presidentes de cada uno de los tres poderes del Estado, que inicien YA el restablecimiento de por lo menos los siguientes logros de la Revolución:
1) GARANTIZAR constitucionalmente el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción, EN FUNCIí“N SOCIAL.
2) ABOLIR el sistema latifundista de tenencia y explotación de la tierra.
3) HACER cumplir, efectivamente, los artículos del 66 al 70 de la Constitución Política de la República, que protegen a las comunidades indígenas y sus tierras y emitir la Ley Específica, que conforme lo dispuesto en el artículo 70, debe regular lo relativo a la Sección Tercera, Comunidades Indígenas, de la Ley Fundamental.
4) APARTARSE de los dictados neoliberales y terminar con la práctica de privatización de los servicios públicos, en especial los de Educación, Salud y Seguridad Social, debiendo el Estado reimplantar la gratuidad en la prestación de esos servicios y, además, pagarle al IGSS los miles de millones de quetzales que le debe y evitar que para el futuro, no vuelva a suceder ese incumplimiento de negar el aporte de la cuota estatal anual del Estado a dicho Instituto.
5) TERMINAR con la política de «flexibilización» de la interpretación y aplicación de las disposiciones del Código de Trabajo y leyes de previsión social, con la corrupción de los tribunales de trabajo y de los Inspectores de Trabajo e inoperancia, en general, del Ministerio del Ramo.
6) RESTABLECER la política de unidad sindical y suprimir «el paralelismo sindical», mediante el cual se contribuye al divisionismo de las organizaciones de trabajadores, modalidad alentada por la clase patronal, para debilitar la causa y las reivindicaciones de los asalariados.
7) OPERAR un régimen económico-social fundado en principios de justicia social, como lo preceptúa el primer párrafo del artículo 118 de la Constitución Política de la República y derogar lo dispuesto en el tercer párrafo, por ser propio de la ideología y praxis del capitalismo salvaje, es decir, la neoliberal, de idiosincrasia antiestatal.
8) ESTRUCTURAR el sistema tributario basado en impuestos directos, cuyas tasas han de estar graduadas conforme al principio de capacidad de pago del sujeto pasivo de la contribución.
Y, asimismo, reestructurar el sistema bancario y financiero de acuerdo al modelo de banca central que no permite los abusos, los desmanes, las estafas y las quiebras fraudulentas acompañadas de alzamientos de fondos de ahorro y de depositantes. (Continuará)