Organizaciones internacionales y activistas en derechos humanos denunciaron los abusos y la impunidad de la que son víctimas las comunidades indígenas que se oponen a la minería.
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La Misión Internacional de Verificación de Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas recopiló cerca de 200 testimonios de víctimas de represión e impunidad, en el contexto de extracciones mineras y desalojos forzados.
El trabajo conjunto de activistas nacionales y de cinco organizaciones de España, El Salvador, Costa Rica y Uruguay reveló que las extracciones mineras «pueden ser devastadoras para los pueblos indígenas», en tanto que persisten las amenazas y acciones violentas para quienes se oponen a esa industria.
En ese sentido, Esteban Beltrán, delegado de la Amnistía Internacional, dijo que la «impunidad es el rey» en los poblados donde la minería acaba con el medio ambiente, y las empresas privadas hostigan a las poblaciones en resistencia.
«En algunos casos, como en El Estor (Izabal), sabemos de mujeres que fueron abusadas sexualmente», denunció José Acosta, del Centro Salvadoreño para la Tecnología Apropiada.
Luego de visitar Colotenango, Huehuetenango; El Estor y Livingston, Izabal; Sipacapa, San Marcos; San Miguel Ixtahuacán, San Marcos y San Juan Sacatepéquez, en Guatemala, la Misión Internacional informó que emitirá comunicados a las autoridades estatales para que reaccionen ante las «claras y evidentes» violaciones a los derechos humanos.
En relación a las denuncias de las organizaciones internacionales, consorcios de la industria minera han asegurado que sus actividades extractivas no tienen relación con la violencia y la impunidad por las que se les señala.
Por el contrario, aseguran que los proyectos extractivos generan beneficios económicos y socioambientales para las comunidades donde se desarrolla la actividad minera.