Con la preocupación extrema de la gran cantidad de agua fresca -12 litros por segundo-, que necesita la extracción de oro en el occidente del país, concluyó la ronda de audiencias sobre minería, desarrolladas por la sala de trabajo Por la Transparencia.
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Los principales ejecutivos de la mina Marlin expusieron sus argumentos frente a Rosa María de Frade y otros diputados, quienes en los próximos días determinarán ventajas y desventajas que han quedado para el medio ambiente y la población en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y el resto del país.
Eduardo Villacorta, director ejecutivo para Centroamérica y Sudamérica, de Gold Corp., rechazó las noticias vertidas sobre los estudios de impacto ambiental que han servido para la actividad minera, supuestamente como un cheque en blanco para permitir dichas operaciones.
En una prolongada exposición y entre preguntas y respuestas, Villacorta aseguró que han cumplido con las leyes del país y aplicado estándares de calidad exigidos e implementación de planes de seguridad para prevenir cualquier contingencia que ponga en riesgo el área.
Defendió la calidad del agua utilizada en la minería y que según él ha sido vigilada y monitoreada por expertos, «son laboratorios certificados mundialmente que para leer los parámetros que se están analizando tienen que tener tal certificación», resaltó Villacorta.
También hicieron mención que la mina Marlin ha venido utilizado metodología para respuestas de emergencia que tiene cierto respaldo de Naciones Unidas y que está incluida en ocho puntos de gestión ambiental.
También dieron a conocer que entre las mil minas que operan en el mundo, la exploradora y explotadora Marlin está registrada entre las 60 certificadas con código internacional o estándares más altos para el manejo del cianuro.
Rosa María de Frade ofreció que su comisión de trabajo investigará la cantidad y calidad de agua utilizada, además de la queja de los mineros sobre el espacio inapropiado donde se ha debido almacenar el cianuro, razón por la que pagaron bajo protesta dicho impuesto.
Montana Explotadora de Guatemala, S. A., a través de un comunicado de prensa, afirmó que el reciente pago por la importación de un embarque de cianuro se hizo «bajo protesto».
De acuerdo con la empresa minera, «el almacenamiento del embarque retenido en Puerto Quetzal no cumple con las condiciones adecuadas para manejar el químico», por lo que se decidió hacer efectivo el pago «no debido» y así movilizar el cianuro a un lugar seguro.
Montana reiteró que el objetivo del pago era evitar riesgos para las personas y el lugar donde se encontraba el químico.
Finalmente, el comunicado refiere que Montana reafirma su «compromiso con el cumplimiento de las normas y reglas de las leyes nacionales que incluye el cuidado y protección del ambiente y la salud».