Tres meses después de que Manuel Zelaya, presidente de Honduras, fuera capturado ilegalmente por el ejército de ese paí­s y expulsado ví­a aérea hacia Costa Rica, hoy se encuentra refugiado en la embajada de Brasil ubicada en Tegucigalpa. Sólo los perpetradores del golpe de Estado (oligarquí­a, ejército, la clase polí­tica corrupta y los medios tradicionales de comunicación) justifican aún como acto legal esa flagrante violación al derecho nacional hondureño y a los principios de democracia que con sangre se han construido en los paí­ses latinoamericanos.

Manuel Zelaya no es ni de lejos un presidente socialista o gran revolucionario, como lo han pintado algunos medios televisivos, radiales y escritos al servicio de los proyectos de derecha en todo el continente. Zelaya no buscó cambiar las estructuras de dominación a través de profundas revoluciones fiscales o agrarias. Su delito fue buscar algunos beneficios reales para la clase trabajadora y empobrecida de Honduras. Aumentos salariales, acceso a educación, salud y medicinas fue lo que procuró el presidente legí­timo. Pero estos beneficios para los «peones del estado finquero llamado Honduras» no fueron del agrado de los dueños de la finca; y haciendo gala de sus motivaciones reaccionarias y autoritarias, ejecutaron el golpe con la complicidad de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.

El ingreso de Zelaya de forma sigilosa y clandestina a Honduras refleja la incapacidad de las fuerzas de seguridad golpistas y de la inteligencia militar y civil del estado hondureño. Nada nuevo para nuestros estados latinoamericanos corrompidos y debilitados por décadas de captura militar y posterior desmantelamiento como consecuencia del ajuste estructural propugnado por los neoliberales.

El retorno silencioso a suelo hondureño por parte de Zelaya demuestra también una jugada magistral en el tablero de ajedrez, pues fortalece la masiva e intensa resistencia popular contra el golpe, la cual lleva ya 90 dí­as continuos de manifestaciones en oposición al gobierno de facto. El asunto del golpe de Estado ya rebasó la demanda básica: «reinstalar a Manuel Zelaya en la presidencia». Hoy la lucha del pueblo hondureño exige y está construyendo una nación nueva por los derroteros de la liberación y la participación activa del pueblo en las decisiones trascendentales del paí­s. Porque ahora son los barrios pobres, las comunidades campesinas, los trabajadores y trabajadoras los que no renunciarán hasta convocar en la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y transformar las bases del estado hondureño. Honduras después del 2009 nunca será la misma.

Las fuerzas golpistas no imaginaron, ni por asomo, que su acto vandálico tuviera una reacción popular de tal magnitud. El gobierno de facto de Micheletti se ve acorralado por todos lados y recurre a la represión brutal contra la población. Un indicio más de que el golpe de Estado se viene abajo. Los pueblos del mundo y los gobiernos están atentos a lo que pasa en Honduras, pues la democracia como sistema de convivencia pende de un hilo en este paí­s centroamericano. Hoy la única ví­a para frenar las aspiraciones golpistas de los gorilas oligárquicos es profundizar la democracia. La tarea de las sociedades latinoamericanas es construir estados fuertes al servicio de las demandas y decisiones populares. Hacer realidad la esencia y utopí­a de la democracia: el «poder del pueblo».