La denuncia formulada ayer por el Movimiento Pro Justicia, en el sentido de que el oficialismo ejerció presiones a los miembros de la Comisión de Postulación de candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia, constituye en realidad un hecho de gravedad que amerita ser investigado porque resulta totalmente inaceptable que personas vinculadas con el Gobierno traten de ejercer control sobre otro organismo del Estado mediante el manoseo del proceso.
Los voceros oficiales han desmentido la intromisión pero ese desmentido es natural y era de esperarse, con todo y que no significa que no hayan en verdad influido para incluir en las nóminas a abogados afines con el partido de gobierno que tendrán como encargo proteger y cubrir a los funcionarios vinculados con el partido oficial. Creemos que el Movimiento Pro Justicia, que permaneció físicamente en el recinto donde se reunieron las comisiones y fiscalizó acuciosamente el proceso, debe tener las pruebas de su afirmación que es, repetimos, sumamente grave para el futuro de la justicia del país y el esfuerzo de combatir la impunidad.
Pruebas que posiblemente consistan en el testimonio que puedan dar de llamadas telefónicas y presiones ejercidas por gente del oficialismo en contra de los magistrados que conformaban la comisión y cuya reelección depende del Congreso donde el peso de la bancada oficial es importante y puede significar mucho para sus aspiraciones.
Por supuesto que al colocar en la balanza el dicho del Movimiento Pro Justicia y las aclaraciones oficiales se tiene que partir de entrada en que el peso de lo primero es mucho mayor que lo segundo, porque ese grupo de la sociedad se ha ido ganando la credibilidad con base en el eficaz y esforzado trabajo que hicieron para vigilar el proceso de selección de los candidatos a las Cortes, tanto de Apelaciones como la Suprema de Justicia, y por lo tanto no vemos razones por las cuales se pueda y deba dudar de la veracidad de sus afirmaciones que tienen sustento en su presencia física en los momentos cruciales de las negociaciones que se realizaron para integrar los listados, en las cuales también participó uno de los grupos del Colegio de Abogados, el que responde al liderazgo del licenciado López Villatoro.
Inaudito resulta, en las condiciones actuales, que sea el Gobierno el que pueda comprometer seriamente el proceso de rescate de la justicia mediante acciones que tiendan a mantener control de los tribunales de justicia con intereses evidentemente espurios, porque no pueden calificarse de otra manera las intenciones de reiterar el manoseo de la justicia justo cuando la sociedad está apuntando a un refresco institucional que nos permita librar de manera más eficiente la lucha contra la impunidad.