El gremio minero aprovechó la cita realizada por cuatro días en Arequipa, al sur de Perú, donde habló de ganancias pero igualmente hizo una reflexión sobre relaciones con la comunidad, daño ambiental y educación, un cambio con respecto a otros encuentros donde estos temas apenas si se abordaban, notaron analistas.
El presidente de la Convención, Félix Navarro-Grau, considera que «el sector minero en las dos últimas dos décadas ha mejorado de manera sustancial su manejo ambiental y en los próximos años será un claro ejemplo de cómo debe manejarse el tema social».
«El origen de los conflictos en el Perú no se da necesariamente por la presencia de empresas en las comunidades sino (por) la carencia de servicios y la no presencia del Estado. No hay poder judicial, no hay respeto a la le ley, no hay seguridad que pueda dar la policía», expresó.
Hay ONG muy críticas de las mineras que coinciden con ese diagnóstico.
Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui -ONG que asesora a las comunidades en sus procesos de negociación- dije a la AFP que el Estado ha fallado en garantizar una relación menos conflictiva entre mineras y comunidades.
«El Estado aparece cuando el conflicto estalló, para apagar el incendio, pero ahí lo deja; trata de generar espacio de diálogo pero sólo baja la intensidad del conflicto y no resuelve nada de fondo», dice a la AFP.
El tema social y el ecológico van de la mano, y las comunidades que vinieron a Arequipa a participar en dos reuniones paralelas de «afectados por las minerías» dejaron en claro que exigen ser incluidas.
Estanislao Ticona, comunero de Orcopampa, un pueblo del sur del Perú donde la minera Buenaventura explota oro desde hace 50 años, denunció la manera como la compañía acabó con un cerro de donde bajaba el agua.
«Luego trajo el agua de otro sitio. Pero nosotros vivimos de la agricultura y del ganado y en nuestra tierra van a vivir y morir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer cuando la minera se vaya?», manifestó a la AFP.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, hizo una autocrítica durante la Convención.
«Los pasivos ambientales de siglos de minería en el Perú son difíciles de ocultar, están a la vista de las comunidades y siguen impactando en el ambiente», dijo Brack.
«El proceso de remediación de los pasivos ambientales, hay que reconocerlo, es lento», señala Brack, quien indica que «la legislación minera ha sufrido cambios y hay un control al que contribuyen las poblaciones locales y la prensa, que no dan tregua».
Sin embargo mientras el ministro decía esto en Arequipa, en Lima el gobierno otorgaba a la minera estadounidense Doe Run una ampliación de 20 meses para adecuar su programa ambiental en la población de La Oroya, al centro del Perú, una de las más contaminadas del mundo. La ampliación del plazo debe ser aprobada por el Congreso.
Para el analista Aldo Panfichi «el Estado no calibra las dimensiones de este problema social y ambiental, no tiene la conciencia que sí tienen las empresas y las ONG que trabajan en el sector. El Estado lo ve como un problema de orden público, llega tarde, y más que todo para reprimir».
Panfichi cree que los conflictos podrían llegar a manejarse mejor.
«El ingreso de operadores más sofisticados ha elevado el nivel de la gerencia. La vieja minería entraba con una mezcla de racismo y poder económico a barrer sin que nada importara», dice el analista a la AFP.
También «las comunidades han aprendido a negociar. Los hijos de los comuneros tienen mejor educación, saben que tienen derechos y saben cómo ejercerlos. Y además si las mineras son transnacionales también lo son las ONG, que trasladan las experiencias que se vivieron en otros países».
La llegada de las mineras a comunidades pobres donde la presencia del autoridades es casi inexistente genera un tipo de relación donde las compañías, con grandes recursos, prácticamente reemplazan al Estado, una situación que genera severas distorsiones, según analistas.
En Perú «hay una nueva configuración del territorio dada por la presencia de las grandes empresas mineras, que entablan una relación con las comunidades locales que cambia sus formas de vida, sus actividades productivas y sus relaciones de poder», dice a la AFP Ana Leyva, miembro de una ONG que asesora a pobladores en sus diálogos con las mineras.
«La empresa minera lo reconfigura todo y no es consciente del nivel de poder social que tiene en esas comunidades», agrega.
«Hay un montón de demandas que el Estado debería responder y es la empresa que responde en reemplazo del Estado. Ahí hay un problema. La carretera, el servicio de salud… Que lo pongan no está mal pero genera una distorsión porque la empresa no va a estar siempre y además esa no es su función», agrega Leyva.
«Si la minera quiere contribuir al desarrollo en algo que vaya a permanecer tiene que ir con el Estado porque si no el Estado se debilita», agrega.
La especialista indica que para las autoridades regionales es un drama porque tienen poco poder frente a las empresas mineras.
Leyva recuerda el caso que le relató un alcalde del norte de Perú, quien con gran frustración le decía que en ese momento el 60% de su municipio estaba concesionado y potencialmente se convertiría en un proyecto minero.
«Ante esa perspectiva, ¿para qué hago planes de desarrollo y gasto en infraestructura si eso eventualmente se va a perder?», dice Leyva parafraseando a ese alcalde.
Cuando la minera llega a un lugar, atrae a la población por sus amplios recursos, dice en un estudio la especialista canadiense Jeniffer Moore, que indica que eso es más una ilusión que una realidad.
«Los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo que crea la ilusión de trabajo permanente. Generalmente el peor trabajo queda para los vecinos del lugar y los puestos mejor pagados y más altos son para gente de afuera», dice en el informe.
Cuando la mina se cierra «las empresas mineras y las ONG se van. Las que sufren son las comunidades que quedan viviendo cerca a una mina abandonada», agrega la experta.
Félix Navarro-Grau, una autoridad del sector minero, señala que «los servicios básicos no existen en muchas zonas rurales. El Estado casi nunca llega y son responsabilidades que las mineras tienen que asumir. El sector minero colabora pero no va a solucionar los problemas de las comunidades», advierte.