Olor penetrante a contaminación, rebasa los límites. Causante de más pobreza, se traduce por la actividad productiva de la minería. Activistas e indígenas con su rechazo así lo demuestran y denunciaron en la conferencia Internacional sobre minería celebrada en Antigua Guatemala. Tanto en occidente como en oriente, distan de atención.
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Inconformes son reprimidos con lujo de fuerza. Mantienen una postura férrea. Instalaciones respecto a tal explotación iniciaron con el pie izquierdo. Comunidades marquenses a la vanguardia se pronunciaron en contra. Argumentan defender el patrimonio y protección ecológica. Señalan además el peligro grave provocado por el nitrato y arsénico.
Estos últimos utilizados en el proceso. Con veracidad afirman que el recurso del agua corre riesgo de agotamiento, debido a esa explotación enorme. Sin desestimarse que la utilizada por la comunidad contiene impurezas, en detrimento salubrista. Eso hace inclinar la balanza en menoscabo del bien común, un deber del Estado, según la Constitución.
Sintomático resulta el despertar de pobladores en ese sentido. Lejos de callar y aceptar esa situación, ponen su cuarto de espadas. Motiva una necesaria y urgente consideración, bajo la premisa de evitar un mayor desbarajuste. Están empeñados razonablemente, aseveran, que el destino hasta de sus nietos y bisnietos tiene rostro de hipoteca.
Recalcan que la empresa minera Montana debe al Estado la suma no irrisoria de 12 millones con 300 mil quetzales, por impuestos pendientes de pago. Pero no dan su brazo a torcer en lo más mínimo. Siguen con el mismo ritmo la controversial explotación de la mina Marlin. Y la campaña publicitaria no cesa en búsqueda de imagen positiva.
En nuestro país la actividad aludida registra etapas descontinuas, distantes de entusiasmo notorio. De manos de empresarios nacionales, de muy poca monta, inclusive de oro, metal precioso. En superior cuantía actualmente. A cargo de una transnacional canadiense que se anota un récord de un tiempo que sobrepasa cualquier cálculo.
Cabe hacer alusión como el desarrollo y volátil progreso en el interior, muestra bemoles. A costa del ecosistema que lo engullen con voracidad y otros aspectos valiosos. ¿Hay imposición de convenios? Lo cierto siempre denota ser ajeno al consentimiento mayoritario de los pobladores. Por eso mismo deviene en el rechazo inmediato.
Ante las alzas groseras de combustibles fósiles se considera una buena alternativa el funcionamiento de hidroeléctricas. El sistema hídrico por fortuna ofrece caudales dignos de utilización mediática. Queda de consiguiente la pronta supresión engorrosa de tanto trámite de tipo adverso, responsable del tortuguismo recalcitrante.
Referente a este caso, el imán hace de las suyas. Objeto es directo de protestas y críticas severas también, por los pobladores del interior. Escudan de primas a primeras su instalación en prejuicio de determinadas áreas del territorio. Argumentos van y vienen en sentido negativo. Puesto que hacen ver los daños ocasionados de terrenos circundantes.
Similares objeciones a la minería exponen enfáticos. Sobre todo el hecho de su desalojo sin más trámites. Postergan demasiado el cumplimiento del resarcimiento. Por ejemplo citan que los afectados con la obra faraónica de Chixoy, aunque pende aquel cumplimiento. Pese a mantenidos reclamos de atentas familias del área rural en pobreza.
El consenso poblacional es de naturaleza firme. Reiteran por enésima vez que jamás consultan previamente los empresarios. Y las autoridades tampoco los toman en cuenta para dar luz verde a la mayor brevedad. Error de procedimiento, surge la interrogante: ¿Las precipitaciones tipo maratón, ganan la carrera de muchos patrocinadores?