La semana próxima, una delegación internacional de Derechos Humanos visitará varios lugares donde ha habido conflictividad generada por la instalación de megaproyectos como cementeras, mineras e hidroeléctricas, para verificar la situación de las comunidades; entre las instancias se encontraría Amnistía Internacional.
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Los tres poderes del Estado asumieron varios compromisos con las comunidades de San Juan Sacatepéquez, Izabal, San Marcos y Huehuetenango, a raíz de la presión social que ejercieron los días 13 y 14 de julio pasado las organizaciones sociales a través de la movilización masiva durante ambos días.
Entre los acuerdos a los que se comprometieron los tres organismos se contempla la visita de campo de sus respectivos presidentes «o sus delegados» para determinar «los presuntos daños y perjuicios generados por la cementera (…) asimismo, al proyecto Marlin, ubicado en San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos».
De esa cuenta, mañana iniciará la verificación oficial, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, donde además, las autoridades deben responder a la demanda de un nuevo estudio de impacto ambiental, y el retiro del destacamento militar que permanece en las comunidades.
VISITA INTERNACIONAL
La delegación internacional arribará al país este fin de semana, empero las acciones de campo darán inicio el lunes próximo en el occidente del país, en San Marcos y Huehuetenango, así como en Livingston, Izabal y por último en San Juan Sacatepéquez.
Al concluir la verificación del impacto que han causado tanto la cementera como la actividad de la mina Marlin, los representantes darán a conocer un informe a concluir la visita. También se espera el acompañamiento de FIAN Internacional, entidad que verifica el derecho a una alimentación adecuada.
EXIGEN CUMPLIMIENTO
Mario Camey, representante de las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez, recordó que el plazo para que las instancias del gobierno entreguen resultados concretos concluye el 14 de octubre próximo, por lo que instó a que el mismo sea respetado; de lo contrario, advirtió que ejercerán mayor presión social en las calles, con el apoyo de los habitantes del casco urbano más las 12 comunidades del municipio que rechazan la cementera.
«El Gobierno no ha hecho nada, ya son dos meses y la gente está pidiendo el resultado de la marcha de 50 kilómetros que recorrieron a pie, porque ese sacrificio las comunidades no lo van a dejar en vano», dijo el dirigente.
Por su parte, Rafael González, del Comité de Unidad Campesina (CUC), señaló que las comisiones formadas por el Gobierno deben profundizar en la investigación. «Estas acciones son parte de la preocupación nacional e internacional de la problemática de violaciones a los derechos humanos de las comunidades y dirigentes», apuntó.