La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) «heredará» un cúmulo de trabajo a la próxima integración de esa cúpula, ya que un buen número de antejuicios interpuestos durante los últimos dos años no fueron resueltos.

Aproximadamente 150 antejuicios fueron interpuestos de enero a agosto del año en curso en la CSJ, a los que se suman otras acciones que los actuales magistrados no llegaron a resolver en definitiva.

Entre las resoluciones pendientes de dictar se encuentran las del antejuicio contra Rubén Darí­o Morales, por su posible participación en el desví­o anómalo de Q 82.8 millones de los fondos del Congreso hacia la casa de Bolsa Mercado de Futuros, y contra Aní­bal Salguero, supuesto propietario de un bus que se accidentó en la vuelta El Chilero, en febrero del año pasado, en el que murieron más de 50 personas.

Según algunos magistrados, las tareas de las Comisiones de Postulación, iniciadas hace poco más de un mes y la regulación de la ley en materia de antejuicios, son las causas que generaron el retraso en esos fallos.

JUSTIFICACIONES

Luis Fernández Molina, magistrado integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, reconoció en primer lugar que los antejuicios referidos no han sido resueltos, y explicó que parte del problema se debe a que la Ley en materia de Antejuicios «no desarrolla un procedimiento claro o establece fechas lí­mites para resolver», indicó.

«Que la ley no cuente con un procedimiento detallado, el caso se asimila a un juicio común y corriente donde caben recusaciones, excusas y hasta nulidades dentro del conocimiento del mismo», declaró el Magistrado.

A criterio de Fernández Molina, la Ley que regula los antejuicios es «deficiente» y hasta «incompleta», por lo que sugiere una reforma en el sentido que las recusaciones se presenten en un solo perí­odo, citó.

A escasas tres semanas de concluir el perí­odo de la actual CSJ, Fernández explicó que difí­cilmente puedan resolver los antejuicios ya que la Ley les «impone» la obligación de atender las Comisiones en tiempo completo, indicó; y reconoció que la próxima integración de magistrados demorará cierto perí­odo ya que «necesitará empaparse de los expedientes», dijo.

RETRASO

Marco Antonio Canteo, Director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, criticó el hecho que el funcionamiento de la CSJ se bloquee por los procedimientos de las Comisiones de Postulación, y consideró que los actuales magistrados «quieren dejarle la brasa caliente a los próximos funcionarios», declaró.

«Ese detenimiento de la aplicación de la justicia le hace mucho daño al paí­s y ese organismo, además da lugar a pensar que pueden haber componendas polí­ticas para resolver en determinada forma», criticó Canteo.

El analista explicó que el retraso en la resolución de los antejuicios que se estancaron por más de un año, genera graves efectos en la aplicación de la justicia e instó a los actuales magistrados a que dejen sus puestos resolviendo todo el trabajo que tengan pendiente.

Canteo afirmó finalmente que es urgente una reforma integral, sustantiva y procedimental a las leyes que regulan esas acciones, para evitar que hayan más retardos maliciosos a los procesos e indicó que debe crearse una mesa, seria, de trabajo en el Legislativo para buscar reformas integrales para evitar la impunidad «y no seguir haciendo baches a la Ley», declaró.

CONGRESO

Aní­bal Garcí­a, diputado independiente y miembro de la Comisión de Legislación del Legislativo, considera: «mientras no se reforme la Ley, no se entre a depurar el proceso penal ni se eliminen todas las posibilidades que existen de entrampar los procesos, los guatemaltecos tenemos que seguir esperando la justicia», dijo.

Garcí­a considera que hay falta de voluntad polí­tica en el Legislativo para reformar esa ley y en el OJ para resolver los antejuicios. «Es imprescindible que se sienten precedentes para que se juzgue a funcionarios y empleados públicos implicados en hechos que podrí­an constituir un delito», opinó el congresista.

Pero, más de una vez el Congreso ha sido llamado a agilizar ese tipo de reformas y Garcí­a fue consultado al respecto y respondió: «Lo que sucede es que tanto en las leyes de antejuicio como en las relacionadas con el enriquecimiento ilí­cito y fraudes al Estado no existe voluntad polí­tica del Congreso para aprobarlas, y es casi ingenuo pensar, que los diputados que representan a grupos poderosos en el paí­s van a hacer permeable la posibilidad de ser juzgados», indicó.

El congresista instó a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que presionaran a fin que el Legislativo entrara a reformar esas leyes y reconoció que esos cambios «tocan los intereses de la clase polí­tica que está consolidada en el paí­s», enfatizó.