Con optimismo se empieza a recibir el avance de las reformas a la Ley de la Contralorí­a General de Cuentas -CGC-, que hasta hoy sigue como un gladiador sin fuerzas para fiscalizar fondos del Estado mal utilizados a través de fideicomisos y ONGs.

Carlos Mencos, jefe de la CGC, dijo que le apuestan a ese tema de fiscalización de las instituciones del Estado, «que entidades públicas saquen a concurso y evitar que se pueda contratar a dedo (a las empresas), que no tengan capacidad y no puedan responder».

Una esperanza legal es que la CGC tenga un registro de las ONGs para evaluar por rango, experiencia y capacidad instalada que garantice el uso de los recursos económicos, dijo Mencos.

Actualmente ha habido ONGs que abandonan los proyectos, denunció el jefe de la Contralorí­a, quien aproximó que son doscientos millones de quetzales que han perdido los contribuyentes a lo largo de la historia de existencia de esos recursos de inversión y contratación.

Da cuenta que ejemplos son, Sajcabjá, Quiché, donde se perdieron Q10 millones a través de una ONG de la que desaparecieron sus ejecutivos; ha habido inicio de construcción de mercados que después quedaron abandonados, refiere.

En Salcajá, Quetzaltenango, está sin terminar un mercado ubicado en una central de mayoreo; obras en La Democracia, Huehuetenango hay sin concluir; también otros proyectos que no fueron construidos en otros departamentos y que él ha visitado, aseguró.

En el tema de los fideicomisos, espera que con la reforma a la ley, se asuma mayor responsabilidad con el ente fiscalizador y pueda de primera mano rendir información necesaria y que también saquen la información en su portal de internet para fines de la auditorí­a social.

Se espera que el Director Ejecutivo de las instituciones sean quienes firmen los contratos y no el fiduciario, «como en el tema de Covial que se da actualmente», explicó, y, agregó que se esperarí­a que los miembros del Comité Técnico de los fideicomisos también tengan la calidad de cuentadantes.

«Actualmente, la relación comercial parece que se establece en el fiduciario y el contratista y de pronto el Estado pareciera que no es un actor directo en ese proceso», lamentó Mencos.

Rosa Marí­a de Frade, ponente de la ley de reformas, espera que el dictamen conjunto de la sala de Legislación y Puntos Constitucionales y la de probidad, sea una realidad en los próximos dí­as para fortalecer esa capacidad de fiscalización y que la CGC y que cuente con una unidad de procesos de fiscalización de obra pública.

Actualmente la CCG solo hace etapa documental pero no fí­sica de las obras, subrayó de Frade así­ como que estas reformas servirí­an para fortalecer la fiscalización sobre los fideicomisos y las ONGs, que no se realiza por debilidad jurí­dica.