Sentada a la sombra del árbol centenario de un pequeño patio, en el corazón de Pekín, la señora Li no disimula su exasperación y tristeza ante la idea de ver pronto destruida la casa de ocho generaciones de su familia, por orden de las autoridades.
La sexagenaria vive en uno de los «hutong» más viejos de Pekín, barrios antiguos de casas bajas y estrechas callejuelas.
Está a un paso de Nanluoguxiang, una calle algo más ancha de este barrio típico, que ha sido remozada y se ha convertido en una de las calles más de moda de la capital china, semipeatonal, bordeada de cafés elegantes, restaurantes pequeños, tiendas de objetos y artesanado refinado.
«No tengo ninguna gana de ver destruida mi casa ni de mudarme», dijo Li, una manchuriana.
«El abuelo de mi abuelo vivía aquí. Aquí he crecido, mis hijos también. Para echarnos, más vale que tengan una buena razón», dice ella.
El anuncio de la catástrofe inminente llegó a finales de julio, en carteles colocados en el «hutong»: un folleto del distrito de Dongcheng anunciaba la próxima demolición de una fila de casas de vecinos y la expulsión de sus ocupantes.
La señora Li se ha informado con responsables oficiales, se trata de ampliar la callejuela para poder acceder a un aparcamiento…
Li, cuyos antepasados formaban parte de una élite militar manchuriana de la dinastía Qing (1644-1911), está más escandalizada si cabe porque en 1999 las inmediaciones de Nanluoguxiang habían sido declaradas «zona de protección cultural».
El distrito de Dongcheng, que remonta a la dinastía de los Yuan (1271-1368), comporta ciertas casas viejas mejor conservadas de Pekín.
Li y sus vecinos se consideran víctimas de intereses inmobiliarios en torno a Nanluoguxiang, demasiado de moda para dejar indiferentes a los inversores.
«La mayor parte de la gente sospecha que la corrupción existe, pero cuando te dicen que te marches en China, no puedes hacer gran cosa», dice la señora Zhang, que también está perdiendo su casita de 60 m2 un poco más lejos.
Como su vecina Li, Zhang no da su nombre completo por temor a represalias.
Su situación es relativamente corriente en la capital, donde las excavadoras dejan en la calle con frecuencia a los vecinos de los barrios viejos para dejar sitio a edificios de oficinas y viviendas, aparcamientos y calles.
La cólera de los expulsados estos últimos años ha llevado a las autoridades a dictar reglamentaciones sobre las expulsiones, sobre todo acerca de las compensaciones económicas previstas.
En la zona de Nanluoguxiang, los que pierdan su casa esperan cobrar entre 100 mil y 300 mil yuanes (10 mil a 30 mil euros) el metro cuadrado.
No obstante, el Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista, afirmó que no se entregará tal suma.
«Nadie nos ha venido a decir lo que cobraremos pero parece que la compensación más baja debería ser de 30 mil yuanes el metro cuadrado», dice la señora Li.
«Pero cada propietario debe negociar individualmente. El proceso es muy complicado. Mucho papeleo y factores que nosotros desconocemos», añade.
A fin de cuentas, las indemnizaciones son casi siempre insuficientes para poder permanecer en el corazón de la capital de la tercera potencia económica del planeta.
En la Oficina de la demolición y de la expulsión del barrio, ningún responsable ha querido hablar del proyecto, bautizado «proyecto de reforma de las infraestructuras».
«Sólo hablamos a quienes ocupan casas que van a ser destruidas y a quienes van a ser expulsados», declaró un empleado mientras acompañaba rápidamente al periodista hasta la puerta.
«La mayor parte de la gente sospecha que la corrupción existe, pero cuando te dicen que te marches en China, no puedes hacer gran cosa»
Señora Zhang
Afectada