El Gobierno solicitó apoyo «solidario» de Q905 millones a la Comunidad Internacional, para dar respuesta a la crisis alimentaria y nutricional.
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Los cooperantes internacionales aún no se atreven a afirmar si podrán o no desembolsar un millonario aporte para combatir la desnutrición que les solicitó el presidente ílvaro Colom.
Luego de sostener una reunión con el mandatario, el vicepresidente Rafael Espada, funcionarios y cooperantes internacionales, Ewa Werner, embajadora de Suecia en Guatemala, indicó que deberán esperar las próximas resoluciones de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para confirmar la cooperación financiera para el combate a la crisis alimentaria.
Entre tanto, aseguró que la Unión Europea pronto desembolsará un aporte de 11,3 millones de euros para atender la primera fase del plan contra la crisis alimentaria en el llamado Corredor Seco.
Leeann Mckechnie, embajadora de Canadá y representante del G13 -conformado por cooperantes internacionales-, señaló que es necesario analizar el pedido del Gobierno para definir el monto del aporte, que será entregado «lo más pronto posible».
Entre los miembros del G-13 se encuentran Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia y Noruega, entre otros.
EL PLAN
Karin Slowing, secretaria de Planificación y Programación, explicó que el plan para combatir la inseguridad alimentaria se compone de tres fases, que implican la asistencia alimentaria, implementación de proyectos productivos e instalación de infraestructura productiva.
La primera etapa incluye atención alimentaria básica en los 7 departamentos del Corredor Seco, donde se cuentan Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula y Baja Verapaz.
La segunda fase supone la atención alimentaria e implementación de proyectos productivos en Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Chimaltenango.
Por último se contempla propiciar el desarrollo rural integral en el resto de departamentos del país, a excepción de Guatemala, donde 50 mil familias se benefician con el programa Bolsa Solidaria.
Slowing explicó que cerca de 2.5 millones de personas se beneficiarán del plan contra la inseguridad alimentaria, aunque en el Corredor Seco ya reciben atención unas 60 mil familias con el aporte gubernamental de Q140 millones.
Karin Slowing, secretaria de Planificación y Programación (Segeplan), señaló que, además de la atención a la población vulnerable por la crisis alimentaria, aún hace falta aprobar una ley de desarrollo rural integral e implementar una reforma fiscal, para combatir las causas estructurales del hambre y la pobreza.