Una medicina de siete centavos se adjudicó a catorce quetzales, y otra de ocho centavos, fue adquirida a 13.90 quetzales. Estos son sólo algunos ejemplos de la sobrevaloración en medicamentos, denunciada hoy en el Congreso de la República, en compras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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El empresario Leonel Rodas y el abogado Ricardo Sagastume -en nombre de productores nacionales de medicamentos- denunciaron que no menos de 240 millones de quetzales es el sobreprecio encontrado en contratos abiertos de medicinas e insumos para la Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala.
Sólo en el primer paquete identificaron la sobrevaloración escandalosa que fue aceptada por funcionarios a las industrias transnacionales favorecidas, grupo que ganó más del noventa por ciento de los contratos, subrayó Rodas.
«Por ejemplo, se ofertó a siete centavos y se adjudicó a catorce quetzales; otro producto de ocho centavos lo adjudicaron a trece quetzales con noventa centavos. Asimismo ampollas que estaban en un quetzal las adjudicaron en cuarenta quetzales», explicó el empresario.
Por ello, Rodas pidió a la diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, averiguar sobre los millonarios contratos adjudicados a empresas privilegiadas.
«Las empresas adjudicadas no se despacharon con la cuchara grande, sino con la olla», dijo Rodas, al enumerar las empresas que se mencionaron, con contratos que suman 342 millones de quetzales sólo entre tres empresas, mientras que a 27 compañías se reparten contratos por 41 millones de quetzales.
De acuerdo con los denunciantes, detrás del caso hay intereses políticos añejos entre gobiernos, refirió Rodas, y remarcó que «es un secreto a voces que definitivamente colaboraron para la campaña, no sólo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores; les quiero recordar que esto viene desde el gobierno de Portillo, ya tenemos ocho años».
RETRASO
El representante legal Ricardo Sagastume lamentó el estancamiento de la justicia en este caso, porque llevan 46 días esperando que la Corte de Constitucionalidad resuelva la apelación de la acción de amparo provisional solicitada.
Según Sagastume, si los magistrados constitucionales hubieran agilizado en tiempo su decisión, se hubiera evitado que ocurriera lo que hoy está ocurriendo, «que siguen sucediendo escándalos tremendos en perjuicio de la imagen y el prestigio de Guatemala», recalcó.
El abogado terminó diciendo que la Corte de Constitucionalidad ha sido cómplice de estas asignaciones, no importando la máxima que es la salud de los guatemaltecos que merecen no solo la atención de los funcionarios de gobierno sino de las autoridades judiciales.
Ante el clamor del empresario guatemalteco que reclamó que se frenen los abusos del funcionario público que ha alterado y amañado las bases de licitación y que también mutilan los artículos de las leyes para favorecer a ciertos grupos, la diputada Nineth Montenegro dijo que fiscalizará y que fijará cita para hablar con los oferentes señalados.