Las organizaciones hispanas exigieron al nuevo Congreso estadounidense, bajo control demócrata, una reforma migratoria que abra las puertas a la legalización definitiva de los inmigrantes indocumentados y permita la reunificación de familias separadas por el marco legal vigente.
«Queremos y esperamos que el nuevo Congreso tome otra vez el debate de inmigración», dijo Cristina López, subdirectora ejecutiva del Centro para el Cambio Comunitario.
López exhortó al Congreso, que asumió ayer, a aprobar una reforma «completa, inclusiva» que «incluya la legalización de los indocumentados».
«Creemos que cualquier reforma tiene que solucionar el problema permanentemente», añadió López.
«Esperamos que este Congreso, especialmente, tome la cuestión de inmigración como algo de mucha importancia», dijo por su parte Rosa Rosales, presidenta de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés).
Rosales pidió que el Congreso busque una «manera de que se legalicen los inmigrantes sin papeles» y abra la puerta a «que se hagan ciudadanos, que tomen en cuenta sus derechos civiles, sus derechos de trabajo».
«El proceso (para obtener visas) tiene que cambiar (…), el tiempo que se toma» tiene que modificarse, dijo Rosales, aclarando que su organización es partidaria de algún mecanismo que permita una «legalización definitiva» de los inmigrantes.
Las propuestas de reforma manejadas el año pasado en el Congreso abrían la puerta a permisos de trabajo temporales, pero no a una legalización permanente de los 12 millones de inmigrantes ilegales en el país.
Rosales adelantó que su organización mantuvo contactos con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reed, y presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, para pedir «que pongan la reforma migratoria como uno de los primeros asuntos».
El jueves por la tarde, luego de iniciada la 110 legislatura estadounidense, con un Congreso bajo control demócrata tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 7 de noviembre, Reed anunció que una iniciativa para reformar las leyes migratorias figura entre las diez prioridades del Senado.
Para la comunidad hispana residente en Estados Unidos, también es central la reunificación de familias separadas, porque alguno de sus miembros está en su país de origen por no poder obtener una visa de ingreso o por haber sido deportado, mientras otros familiares viven y trabajan en Estados Unidos.
López pidió medidas que permitan «la reunificación de las familias y el término de las largas listas de espera» para obtener visas para poder inmigrar a los que se ven sometidos muchos familiares de quienes residen en el país.
De su lado Emma Lozano, presidenta del Centro sin Fronteras con sede en Chicago (Illinois, norte), insistió en que lo principal es detener las redadas contra inmigrantes antes de cualquier discusión legislativa.
«Para nosotros (lo principal) sería mantener presión para que haya una moratoria inmediatamente para parar las redadas y la separación de familias. Necesitamos parar eso primero», dijo.
Las organizaciones consultadas señalaron que están dispuestas a tomar medidas de presión como ocurrió el año pasado, cuando la comunidad latina se organizó en manifestaciones pacíficas que sacaron cientos de miles de personas a las calles, hasta que el movimiento se derrumbó, dividido ante un llamado a un boicot general el primero de mayo.
«Nosotros siempre hemos pensado que sí hubo diferencia con esas marchas», se mostró «el poder de la comunidad latina» y «si necesitamos marchar otra vez, vamos a comenzar con las marchas otra vez», sostuvo Rosales. «Eso siempre va a estar ahí», resumió.
Entre el 30 de enero y el primero de febrero, varias organizaciones hispanas se darán cita en Washington para definir una estrategia común de cara al debate sobre una reforma migratoria en el Congreso, adelantó López.
Al referirse a eventuales marchas, señaló: «La posibilidad está ahí».