Organizaciones indígenas y campesinas integrantes de CNOC denunciaron el incremento de asesinatos contra de sus dirigentes, que en menos de tres meses suman nueve decesos, como consecuencia de la conflictividad agraria que el Estado ha sido incapaz de resolver.
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Rafael González, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), aseveró que la violencia generada por los desalojos también incrementa la inseguridad alimentaria, ya que cuando los campesinos son expulsados violentamente por la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros del Ejército, sus cultivos son destrozados.
Entre los fallecidos se encuentra una mujer y ocho hombres dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), que tienen presencia en varias comunidades de los departamentos de Jutiapa, Izabal, Alta y Baja Verapaz, así como Retalhuleu.
«Estamos sufriendo por la situación de la hambruna y además por la criminalización y represión en contra de los dirigentes», señaló Carlos Morales, coordinador de CNOC.
RESPONSABILIDAD
También exigieron al Ministerio Público que investigue inmediatamente los asesinatos -que ven como ejecuciones extrajudiciales- y violaciones contra las comunidades.
«Urge resolver la conflictividad agraria en el país, porque eso ayudaría a solventar gran parte de la crisis alimentaria, además se deben implementar políticas de seguridad alimentaria y del sistema de desarrollo rural», dijo Aparicio Pérez, integrante del CUC.
Según los dirigentes de CNOC, en todos los casos existe una trayectoria de lucha de los asesinados por defender el derecho al acceso a la tierra de comunidades indígenas, que tienen derechos históricos sobre territorios que fueron usurpados durante el conflicto armado y que posteriormente han pasado a manos de empresas privadas y ganaderos.
A criterio de Pérez, hay responsabilidad del Registro de Información Catastral que no agiliza las mediciones, para evitar el incremento de los enfrentamientos, asimismo adujo que la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) ha actuado «complaciente con los terratenientes porque lleva a una burocracia tardía (los casos) que impiden solucionar los conflictos»
«Hay responsabilidad del Estado al no solucionar los conflictos, criminalizar y reprimir al movimiento campesino e indígena que lucha por su legítimo derecho. Además la oleada de desalojos que afectan a las comunidades, lo cual constituye una amenaza al derecho a la alimentación», puntualizó.
Rosa María Ortiz, del Comité de Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, estuvo en el país para dar a conocer el cumplimiento que hace el Estado de Guatemala a la Convención de los Derechos del Niño.
La representante mostró su preocupación debido a la baja asignación presupuestaria (que alcaza el 16% del Presupuesto de la Nación), que tradicionalmente se hace a las políticas destinadas a niñez y adolescencia, lo cual, a su criterio, explica la situación crónica de desnutrición que afronta esta población, en condiciones de discriminación, inequidad y violencia.