Algunas alcaldías del país siguen gastándose millones de quetzales sin utilidad colectiva.
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Pobladores denuncian que cuando intentan revelar que sus autoridades municipales hacen mal uso de sus recursos, éstas dejan de atender necesidades urgentes o terminan los proyectos sin cumplir con normas de calidad como una represalia.
Al Congreso de la República han llegado constantes denuncias sobre cómo jefes ediles con el aval de su concejo han comprometido y quieren seguir hipotecando los escasos recursos, que incluso no han llegado a sus arcas.
Uno de los casos está en Santiago Sacatepéquez, donde desde 2005, Manuel Augusto Navas y Navas, como alcalde local, ante el Instituto de Fomento Municipal (Infom), dirigido por Ricardo Saravia, gestionó recursos por más de Q10 millones para ampliación y mejoramiento del acueducto municipal.
Efraín Asij Chile, diputado de ese distrito, dijo que lamenta que los vecinos del municipio mencionado ya están pagando algo que no gozan, debido a que el ministerio de Finanzas está disminuyendo del situado constitucional las cuotas de pago, mientras el proyecto del acueducto aún no se termina.
En parte de la queja escrita con otra documentación de soporte entregada, se asegura que no se realizaron algunas conexiones domiciliares, «en el tramo del Calvario hacia la carretera no se colocó tubería. También se tiene duda de los renglones de reposición de adoquín, empedrado y asfalto», se lee.
Se ha solicitado a las autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Ministerio Público (MP), investigación penal contra la anterior corporación municipal, gestionadora del proyecto y los fondos, indicó el diputado.
Asimismo, «que se investigue a la junta calificadora nombrada en esa oportunidad, contra la empresa constructora y las autoridades del Infom», agregó el parlamentario.
Las autoridades del Infom están citadas ya para que asistan al Congreso con el objeto de poner punto a estas anomalías y saber quién o quiénes fallaron y deducir responsabilidades.
BOMBA DE Q200 MIL
Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), confirmó que el proyecto del acueducto de Santiago Sacatepéquez, ejecutado por el Infom, es un desembolso de Q13 millones, «Q10 millones son los que está reembolsando la municipalidad», explicó.
Ya se efectuó una evaluación técnica, asegura Mencos, «No tengo el informe final, pero en apariencia el único problema que presenta la obra es que una bomba que debió haber estado instalada, porque de hecho se pagó, no está en el sitio que debió estar», informó.
El Contralor dio a conocer que el informe gerencial provisional, indica que se presentaría una formulación de cargos contra la municipalidad de Santiago Sacatepéquez, pero específicamente contra José Eduardo Xoc Flores, síndico segundo, quien recibió la bomba que no está instalada en su lugar.
HAMBRE PRIMERO
Otro caso, es la Comunidad Indígena San Carlos Alzatate, Jalapa, solicitaron apoyo de la bancada URNG y se quejaron del alcalde Henry Adán Pérez Méndez, quien ha tomado la decisión unilateral de realizar cuatro obras públicas con un préstamo de más de Q10 millones.
Mientras tanto, están sufriendo la falta de alimentos por la sequía al estar ubicados en el Corredor Seco, dijeron. Entonces, el tema de la alimentación debería ser resuelto antes por la corporación municipal y no endeudar más a los vecinos, quienes al final terminan pagando las deudas, protestaron.
Según los comunitarios, el pasado 9 de agosto sometieron a consulta popular las pretensiones del jefe edil, para decirle que no se oponen a la obra, aunque tardará más tiempo en realizarse, pero con recursos propios y no créditos costosos, pero el pronunciamiento les ha costado amenazas, denuncian en un comunicado.
Y las quejas no terminan, la junta provisional de vecinos, de Monjas, Jalapa, se opone a un proyecto para la construcción de un mercado municipal a través del crédito de Q11 millones, que en los próximos cuarenta días podrían empezar a desembolsarse.
Los vecinos han tratado de promover una consulta con la alcaldía, porque el préstamo vendrá a empobrecer más a ese municipio, se quejaron.
El alcalde Juan Antonio Orellana Cardona se ha pronunciado públicamente «que ellos no tienen que consultarle al pueblo», asegura Marco Tulio Valiente Grijalva, vicepresidente de la junta de vecinos.
Anteponiendo el respeto a la autonomía municipal, La Hora trató de contactar al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-, para saber si hay un código de ética que pueda regular estos asuntos.
La asistente personal de Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, titular de la Anam, enfatizó que su jefe no da declaraciones vía telefónica, porque los medios de comunicación siempre le han dado otro sentido a sus declaraciones.
También se hizo esfuerzo, sin éxito, con los alcaldes mencionados. Los teléfonos registrados en el listado municipal del Infom, Unidad de Atención al Alcalde, suenan pero nadie contesta.