Sin embargo, analistas jurí­dicos refieren que la denuncia deberí­a ser desestimada, ya que las opiniones y crí­ticas contra funcionarios está regulado en la Ley de Emisión del Pensamiento, y en el artí­culo 35 de la Constitución de la República.

«No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, crí­ticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos», refiere el segundo párrafo, del artí­culo 35 de nuestra Carta Magna.

Pese a ello, Carlos Vega, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que el vicemandatario puede hacer uso de la protección de la leyes del paí­s, en este caso, por lo que puede solicitar el proceso contra Dí­az-Durán, y que las instancias de justicia deben ver si es viable o no, según la ley; los tribunales deben determinar «qué posibilidad haya de que prospere, para eso están los tibunales», analiza Vega.

Sin embargo, también está la opinión de que, si un ciudadano conoce o tiene pruebas que ayuden a esclarecer cualquier caso, los litigios no deben desarrollarse en los medios de comunicación, sino en los Tribunales.

Aní­bal Garcí­a, diputado independiente, dice que cualquier guatemalteco que tenga pruebas que ayuden a escalrecer un hecho en función de la averiguación de la verdad, debe presentarlas. í‰se es el gran objetivo de la ley, es una obligación que se establece de oficio, subraya.

«De manera que si tiene pruebas, debe darlas a conocer al Ministerio Público y no seguir ocultándolas; si no, estarí­a ocultando las evidencias», dice Garcí­a, quien agrega que no tiene nada que ver el hecho de que ella haya sacado o no su columna, que sea antes o despúes, «ahora que hizo público que tiene esos elementos tiene que acudir al Ministerio Público», insiste.