Concretamente, la Central General de Trabajadores de Guatemala, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala han unidos sus fuerzas para pedir la intervención de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ante «las graví­simas alegaciones de corrupción e impunidad en el sistema de justicia laboral administrativo y judicial guatemalteco», toda vez que las anomalí­as no se limitan en el ámbito estrictamente judicial, sino que se expanden a las áreas del Ministerio de Trabajo  lo que afecta a todos los trabajadores y las organizaciones sindicales.

   Es palpable la incoherencia entre las resoluciones de jueces y magistrados en materia de trabajo y lo que dictan las leyes y convenios internacionales, de tal suerte que se registran retrasos injustificados en los procesos laborales que  pueden extenderse ¡hasta 23 años!, tiempo durante el cual el trabajador afectado no percibe las prestaciones a las que tiene derecho o cuando se dicte la sentencia el asalariado pudo haber ya fallecido

   Asimismo, en determinadas empresas se elaboran circulares intimidatorios con listas de los nombres de los trabajadores que han reclamado sus derechos laborales ante cualquier instancia o han intentado ejercer su derechos de organización sindical, a lo que se agrega la impune inobservancia de las sentencias laborales y la pasividad de los operadores de justicia de cara a estas violaciones a la Ley laboral.

   Un caso especí­fico incluye la denuncia de las tres organizaciones sindicales mencionadas, a las que se sumó el Movimiento Sindical Indí­gena y Campesino Guatemalteco (MSICG) en contra del abogado Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien acusan de litigar en los tribunales laborales que se encuentran bajo su jurisdicción, «utilizando su bufete, en el cual participan sus hijos y nueras». Al respecto, Efrén Sandoval, vocero del MSICG ha afirmado que «la justicia laboral está secuestrada por algunos bufetes de abogados, que han tomado el control de los juzgados de Trabajo, por medio de argucias empleadas en las nominaciones para integrar las magistraturas de la CSJ, entre las cuales figura el magistrado Cabrera Hurtarte».

   Además de plantear ante la CSI las circunstancias adversas que deben enfrentar trabajadores y organizaciones sindicales, éstas también acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para aportar las pruebas de las denuncias en contra del magistrado Cabrera Hurtarte, quien anteriormente ya fue señalado de influir a favor de una empresa agroexportadora, aprovechando su posición en la CSJ, y en vista de que los restantes miembros de ese alto tribunal de Justicia se han desentendido de las acusaciones presentadas en torno a este mismo caso.

   Los dirigentes sindicalistas al verse desprotegidos por la CSJ se han dirigido a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de la OIT, así­ como han planteado el asunto al Colegio de Abogados y Notarios, el Ministerio Público y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y para el efecto se recuerda que el doctor Carlos Castresana, su director, aseveró que «hay abogados que en la mañana están en el Palacio de Justicia y por la tarde en sus bufetes, tratando los mismos casos», según cita Nuestro Diario el 23 de agosto.

   (El juez de Trabajo Ronaldo Tishudo, ante los sólidos alegatos de un abogado laboralista y para demostrar su erudición, se excusa ante un sindicalista: -Como dijo Sócrates y el emperador romano Zenón, yo sólo sé que no he cenado).