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Fredy Batres, de la Fundación de Desarrollo Comunitario -integrante de Plataforma Urbana- adujo que han recibido denuncias de los vecinos donde se han quejado de la forma en que las autoridades distribuyen el vital lí­quido, ya que lo reciben una o media hora, cada ocho dí­as.

Según Batres la historia se repite en varias comunidades de los municipios de Mixco, Villa Nueva y Villa Canales, lo cual afecta a sus habitantes en la salud y la alimentación.

«No es posible que una familia de más de seis miembros tenga que vivir con dos toneles de agua durante ocho dí­as y tenga que viajar hasta ocho o seis kilómetros a una comunidad aledaña para abastecerse», señaló.

Datos del Instituto de Fomento Municipal (Infom), dan cuenta que hasta el año 2000, el 87.3% del área urbana contaba con una conexión de agua potable, y solo 11.42% era de fácil acceso. Sin embargo, se carece de un estudio certero que detalle el panorama actual del acceso al agua potable y las condiciones en que las poblaciones de asentamientos precarios urbanos la reciben.

Para Magaly Cano, de la red social Campaña sin hambre, «no puede haber producción de alimentos sin agua y el agua misma como alimento, por lo que cuando no se garantiza el acceso y su calidad se está atentando contra la vida».

En ese sentido, ella reafirma que la problemática del agua en el área urbana es «fuerte y estructural», ya que el problema que se enfrenta, no solo se debe al mal uso y distribución, sino a la privatización de la misma.

«En el área urbana y en las áreas urbano marginales es increí­ble el problema, porque no tiene agua, y ya no llevan a cabo prácticas ancestrales de recolección de agua, porque ya no llueve», adujo.

POST MITCH

Información de las organizaciones de Plataforma Urbana señala que en las áreas post Mitch, asentamientos precarios humanos a raí­z de los desplazamientos de poblaciones afectadas, en especial las ubicadas en Villa Canales, San Pedro Ayampuc e incluso Azacualpilla, en jurisdicción de El Progreso, por el problema de legalización de la propiedad no cuentan con ese servicio, casi a nueve años de haberse asentado allí­.

Actualmente se estima que en el área metropolitana del departamento de Guatemala se localizan, al menos, unos 350 asentamientos, empero, no se ha hecho una distinción de cuáles han surgido como consecuencia de los estragos que causó ese fenómeno natural; además, con el paso de la tormenta tropical Stan (2005), la cantidad se ha incrementado y las condiciones cada vez son más precarias.

DISTRIBUCIí“N INEQUITATIVA

Regularmente se conoce de casos en que el manto acuí­fero como tal ya no permite la perforación de pozos y estos se quedan sin agua. En la región de Tierra Nueva, Villa Nueva, reciben racionada el agua cada ocho o nueve dí­as y en la mayorí­a de los casos es la municipalidad la que asume el servicio.

A criterio de Batres, que las municipalidades administren la distribución del agua no es la problemática, sino, que la misma se constituye en una mala práctica cuando «se ve en el privilegio que hacen de surtir a residenciales, dejando al último a las comunidades pobres. No hay una distribución equitativa».

Batres también señaló que muchas municipalidades han desplazado a las asociaciones comunitarias que brindaban el servicio a la misma población por medio de campañas negras, ya que la comuna instala espacios de «agua solidaria» a costos más bajos que otros expendios, ya que la misma es purificada con sistemas propios de las municipalidades, sin embargo, obtiene la confianza de los vecinos desprestigiando el servicio de las asociaciones.

«En una comunidad surgió un volanteo pirata que decí­a que el pozo estaba contaminado y que el agua no llenaba lo requisitos básicos para el consumo humano y paralelo a eso aparece un dispendio de agua administrado por la municipalidad de Mixco; son prácticas que muchas veces tienen que ver con el enriquecimiento y la corrupción», aseguró.

Según información de la organización social Vecinos Mundiales de Mesoamérica » (…) se evidencia la falta de polí­ticas públicas para el uso equitativo del agua, como parte del derecho humano y de la alimentación, ya que el sector privado industrial es el más beneficiado con el acceso al agua no sólo para el uso doméstico sino, para el uso industrial, lo cual le genera altos ingresos económicos».

MEDIDA

El actual gobierno ha dispuesto, como medida para hacer frente a la escasez de agua en algunos barrios periurbanos, distribuir agua de forma gratuita a través de camiones, que una vez por semana abastecen a los pobladores.

«Manda bombas de agua regaladas a los asentamientos pero mandan una «pipa» y no es suficiente, llena cierta cantidad de toneles y crea desarticulación porque hay luchas dentro de las mismas comunidades para quedarse con el agua, pero no satisfacen las necesidades», adujo Cano.

A su criterio, debiera replantearse la función de entidades como la Empresa Municipal de Agua (Empagua), y otras, y la distribución del recurso deberí­a hacerse en conjunto con las comunidades para sean ellas quienes administren y cuiden el vital lí­quido.

«El agua no tendrí­a que venderse, ese serí­a un primer principio indiferentemente de quien administre su distribución; pero se deberí­a buscar otras instituciones que hagan mejor uso y trabajarlo en conjunto con los comités de vecinos, para que el mismo Estado la administre desde las comunidades».