Diversas y no pocas personas y organizaciones de distintos sectores sociales han manifestado su descontento e indignación por la forma asaz irregular e inescrupulosa como fue realizado el proceso de licitación, relativo a la ejecución de la obra (construcción de la carretera en la Franja Transversal del Norte (F. T. N.), así como el Congreso de la República, aprobó el Decreto 22-2009, mediante el cual se «legaliza» la turbia licitación y se privilegia a la entidad constructora.
De mi parte, en este mismo medio de comunicación, Diario La Hora -Tribuna no Mostrador- escribí un artículo intitulado «Franja Transversal del Norte», publicado el 29 de junio pasado, en el que, en resumen, informé y comenté que:
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) estimó el costo de la obra en US $ 203 millones; sin embargo, desde el corrupto gobierno de í“scar Berger, la Presidencia de la República lo calcula en más de US $650 millones.
La F. T. N. es parte del Plan norteamericano Puebla Panamá (PPP) que diseñó el imperialismo estadounidense, pero que lo propuso como suyo el ex Presidente de México, Vicente Fox. El gobierno de Washington se propone valerse de dicho Plan para lograr la imposición hemisférica de su proyecto de dominación económica Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), razón por la cual la financiación de la construcción de la carretera, debiera correr a su cargo y no a la de la raquítica economía guatemalteca.
Ni el Decreto que aprobó la construcción de la carretera de más de 300 km en la F. T. N., ni los ciudadanos(as) y entidades que han denunciado las ilegalidades y otras imperfecciones del proyecto, han reparado en el compromiso del Estado de revisar la situación de la tenencia de la tierra en la F. T. N. Me parece que sólo yo he llamado la atención al respecto, salvo las organizaciones que integran el Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) y la Convergencia por los Derechos, en publicación, en campo pagado, en el diario El Periódico del 23/ 8/ 09,
Punto 5, en el cual tachan y critican el desalojo de campesinos indígenas y despojo violento de sus tierras.
Pero yo llego a más: he insistido en que se exija al Gobierno cumpla con el compromiso de Estado asumido en el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que, entre otras disposiciones, preceptúa: «El Fondo (de tierras) se conformará inicialmente con las siguientes tierras: «II) Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén y la FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales». Pero, a más de una década, transcurrida, aún no ha accionado.
La mayor parte de esos despojos fueron cometidos durante el conflicto armado, por generales del Ejército, quienes se adueñaron cada uno, hasta mil caballerías y los coroneles, hasta 500 caballerías. Y el Fondo de Tierras está obligado a devolver esas tierras a sus tradicionales poseedores, las comunidades indígenas. Volviendo al texto del campo pagado mencionado, recomiendo a los guatemaltecos (as) su lectura. Porque en el mismo se le pedía al presidente Colom, vetara el Decreto 22-2009 y él, por el contrario, los promulgó al día siguiente y ya fue publicado en el Diario de Centro América, Diario Oficial.
Las Razones por la que el COS Y la CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS, le pidieron al Presidente de la República vetara el dicho Decreto, son:
1.- El Decreto no responde a los criterios de legalidad y eficiencia económica. 2.- Privilegia un proceso de licitación que el mismo gobierno actual había considerado lesivo a la Nación. 3.- El monto total del costo de la obra será mucho mayor que la cuantía del préstamo solicitado, pues será la empresa constructora la que defina los costos, los que deberá pagar el Estado. 4.- La envergadura del proyecto obligaba al Ejecutivo a que se debatieran públicamente las condiciones para su aceptación. Y yo, agrego, debió someterse a consulta de todos los ciudadanos (as), como lo manda el artículo 173 de la Constitución. 5. Se entrega la Franja a intereses de poderosos grupos económicos, se permite el desalojo de pobladores y el despojo violento de las tierras de las comunidades indígenas, así como la irracional explotación de los recursos naturales, se va a militarizar la región para asegurarle a los poderosos grupos económicos favorecidos, el disfrute de sus cuantiosos beneficios.
COS Y CONVERGECIA le exigen al Gobierno proteger los intereses del Estado y no los de avariciosos empresarios privados.
En consecuencia va a ser necesario que el pueblo tome las acciones pertinentes y plantee los recursos legales apropiados, para impedir la ejecución de la obra en las condiciones descritas, e incluso haga uso del derecho constitucional de legítima resistencia, para evitar la consumación de ese flagrante atropello a los habitantes del país.