La convocatoria la hizo el 29 de mayo pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un mes antes de que el Presidente fuera capturado y expulsado del país por el Ejército y se instalara un gobierno de facto encabezado por el hasta entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti.
De acuerdo con el calendario electoral, los partidos políticos inician mañana la campaña proselitista con vistas a los comicios del 29 de noviembre, en un ambiente enrarecido por las cotidianas protestas del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y las cada vez más insistentes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que suspendió a Honduras como miembro, ha anunciado que no reconocerá el resultado de un proceso electoral que se realice en el actual estado político.
Sin embargo, el presidente de facto, Roberto Micheletti, dijo a un grupo de cancilleres de la organización, que visitó Honduras a inicios de esta semana, que «vamos a tener elecciones el 29 de noviembre, las reconozca o no el resto del mundo» y aseguró que el gobierno se esforzará en que la participación de la ciudadanía sea masiva.
Mientras tanto, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, que agrupa a una amplia gama de organizaciones sociales, prometió ayer que boicoteará el proceso eleccionario si no se restablece en su puesto al presidente Zelaya, al tiempo que llamó a las fuerzas políticas no vinculadas al golpe a retirarse de la contienda.
Ya con anterioridad, el candidato independiente Carlos Reyes, al que impulsan diversas organizaciones de la sociedad civil, había anunciado su decisión de no participar en el proceso si no se regresa al estado de Derecho, mientras que se espera una definición al respecto del candidato izquierdista, César Ham, del Partido Unificación Democrática (UD).
«No puede haber transparencia en unas elecciones que se realizan bajo un régimen de facto que controla todos los poderes del Estado, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral», dijo la activista Berta Oliva, una de las históricas luchadoras por los derechos humanos en Honduras.
Por su parte, los partidos políticos tradicionales y los sectores afines al gobierno de facto, insisten en que la elección de candidatos y la convocatoria a los comicios fueron hechas antes del golpe de Estado y que por ello tiene legitimidad, independientemente de los acontecimientos posteriores.
Además de Reyes y Ham, otros dos candidatos se postulan a la presidencia.
El Partido Liberal (PL), uno de los dos partidos tradicionales que llevó al poder a Zelaya, postula a Elvin Santos, vicepresidente del gobierno defenestrado, quien había renunciado con anticipación para lanzar su candidatura.
El Partido Nacional (PN) propone a Porfirio Lobo, un político conservador de larga trayectoria, que entre otras posiciones ha ocupado la presidencia del Congreso.
En las elecciones previstas para el 29 de noviembre se elegiría al sustituto de Manuel Zelaya, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados y sus suplentes al Congreso Nacional, 20 diputados y sus suplentes al Parlamento Centroamericano y las autoridades de 298 municipios.
El ex embajador hondureño ante la OEA Carlos Sosa prepara una resolución para que los 33 países miembros de la organización rechacen la celebración de elecciones en ese país mientras continúe la crisis política, informó en declaraciones.
La resolución debe ser asumida por al menos una delegación presente en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto que Honduras fue suspendida tras el golpe de Estado del 28 de junio.
El texto sería presentado el martes, el mismo día en que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, intervendrá ante los embajadores en sesión especial.
«Estamos redactando un proyecto de resolución que aparte de aumentar la presión sobre la gente del golpe, incluye el desconocimiento de todo proceso electoral que se lleve a cabo bajo la tutela del régimen», declaró Sosa vía telefónica.
Sosa buscará como mínimo «una delegación amiga» que presente el texto.
«Estoy buscando que sean tres, que sea lo más equilibrado posible, un poco como la composición de cancilleres que llevó Insulza a Tegucigalpa», explicó, en referencia a la misión negociadora de siete ministros y el secretario general de la OEA que viajó a Tegucigalpa para entrevistarse con las autoridades de facto.
Los países miembros de la OEA condenaron unánimemente el golpe de Estado contra Zelaya, por lo que la resolución tiene todas las probabilidades de ser discutida en el Consejo Permanente.
Su aprobación, sin embargo, debería ser por unanimidad, como acostumbra a proceder la OEA.
La resolución expresará su apoyo a la gestión de Insulza y la preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras, añadió el ex embajador.
Honduras debe celebrar en principio elecciones presidenciales el 29 de noviembre, aunque la OEA y la comunidad internacional exigen que Zelaya retorne antes a la silla presidencial para terminar su período.
«Bajo un estado de sitio, donde el Estado de derecho no existe, creemos que ninguna elección puede tener validez», advirtió Sosa.