Nos guste o nos disguste, el Estado de Guatemala ha fijado la postura respecto a la situación de Honduras negando reconocimiento al gobierno surgido del golpe de Estado, por lo que la decisión de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de asistir a sus colegas hondureños en un proceso electoral que según la comunidad internacional está viciado por el mismo golpe, contradice la política exterior fijada por el gobierno en ejercicio legítimo de sus funciones.
Resulta que la presidenta del tribunal, según se supo por medio de publicaciones de prensa, viajó en compañía de un grupo de personas que iban a enterarse de la versión del gobierno de Micheletti sobre la realidad de Honduras y que sostuvieron una reunión con el presidente de facto de ese país, lo cual asigna a ese periplo un matiz diferente porque uno de los que lo realizó explicó con abundancia de detalles la forma en que viajaron y el objetivo que perseguían, que no era otro sino el de escuchar de primera mano la versión de quienes ejercen ahora el poder en la hermana república.
No fue, pues, una simple reunión entre pares, es decir, entre autoridades electorales de Honduras con las de Guatemala para intercambiar experiencias, sino que la misma fue producto de una iniciativa para acercar a guatemaltecos con la postura que defiende, explicando sus propias razones, el gobierno surgido tras el golpe de Estado que depuso al presidente Zelaya y que se enfrenta con el repudio de la comunidad internacional, incluyendo a Guatemala.
Una autoridad como la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral debe tener especial cuidado que sus actuaciones oficiales no puedan contrariar la política oficial del Estado de Guatemala y en el caso presente es obvio que lo que más complica la situación es la publicación de una columna en la que se explican los objetivos del viaje y se menciona la forma en que formó parte del grupo que viajó la licenciada Villagrán, presidenta del TSE.
Otra cosa hubiera sido si ella viaja institucionalmente y no con un grupo organizado para ir a escuchar al presidente de facto. Una visita institucional a colegas de otra autoridad electoral centroamericana no tendría nada de especial, aunque ofrecer apoyo a un proceso electoral que la comunidad internacional cuestiona no deja de ser comprometedor políticamente hablando.
Aparte es que periodistas o empresarios viajen a Honduras para reunirse o manifestar apoyo a alguna de las partes, puesto que en eso estarían ejerciendo su pleno derecho y en nada se riñe con la política internacional que por mandato constitucional es definida por el Organismo Ejecutivo, pero cualquier funcionario que se sume a un viaje así, se compromete y compromete al país.