Francisco Dall»Anese es licenciado en Derecho y Notario Público, tiene una especialidad en Ciencias Penales y un doctorado Honoris Causa en Derecho. Desde el año 2003, se desempeña como Fiscal General de Costa Rica, antes fue defensor público, fiscal y Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. En esta entrevista explica la importancia que tiene la independencia de jueces, magistrados y fiscales del poder polí­tico y económico. Sostiene que se pueden tener las mejores leyes, pero si no hay funcionarios comprometidos, éstas no sirven de nada; y señala que los procesos contra ex presidentes y ex funcionarios acusados de corrupción son una demostración importante que se están acabando «los intocables» y que la justicia tiene que llegar a todos.

– Centro de Estudios de Guatemala (CEG): ¿Cómo está constituido el Ministerio Público de Costa Rica y cómo se elige al Fiscal General?

– Francisco Dall»Anese (FD): El Ministerio Público de Costa Rica está adscrito a la Corte Suprema de Justicia, de manera que es un órgano auxiliar de justicia. Es un órgano «parajudicial» y tiene la misión de establecer la polí­tica de persecución criminal, que es responsabilidad del Fiscal General, previa consulta a Consejo Fiscal, que está integrado por todos los fiscales adjuntos del paí­s. Al Fiscal General lo nombra la Corte Suprema de Justicia por periodos de 4 años, reelegibles. Por su configuración, la dinámica de nombramientos de Magistrados es de 8 años, reelegibles automáticamente, si no se vota por su caí­da. Los magistrados prácticamente son nombrados de modo vitalicio, están muy lejanos a la polí­tica de partidos.

El Ministerio Público es jerárquico, totalmente vertical, por ser un ente de reacción ante la criminalidad. Ningún fiscal tiene su asiento fijo en ninguna parte del territorio nacional. De hecho los concursos para el nombramiento de fiscales se hacen para todo el territorio de Costa Rica, porque el lugar del fiscal lo determina la criminalidad, no puede estar predeterminado en un decreto o reglamento, de manera que el Fiscal General tiene la posibilidad de trasladar a todo su personal a distintos sitios del paí­s. Esto a través de un acto administrativo fundamentado.

Debajo de la Fiscalí­a General están las fiscalí­as adjuntas, que son territoriales y especializadas. Las territoriales son las que están para dar cobertura a distintos lugares del territorio nacional; y las especializadas, como narcotráfico, penal-juvenil, violencia doméstica y delitos sexuales, agravio ambiental, esas tienen competencia a nivel nacional en la materia correspondiente. Cada fiscalí­a adjunta se compone de fiscales, que son los que están inmediatamente abajo del fiscal adjunto, para ellos trabajan equipos de fiscales auxiliares, que son los que llevan la investigación bajo la dirección del fiscal (…)hay una jerarquí­a y una distribución de funciones regular.

– CEG: ¿Qué tipo de relación hay con el Organismo Ejecutivo?

– FD: Existe una relación porque, pese a que existe una Policí­a Judicial adscrita a la Corte Suprema de Justicia, la Policí­a Judicial es mucho menor en número que la fuerza pública que está en todo el paí­s. Entonces muchos operativos y muchas actividades contra la delincuencia las tengo que coordinar con la Ministra de Seguridad Pública. Temas que se tienen que coordinar a veces con el Ministerio de Justicia, cuando por ejemplo metemos a la cárcel a una banda y hay que hablar con el Ministro de Justicia para separar a sus miembros en las cárceles del paí­s, para que no sigan teniendo sus «consejos de la organización» adentro de la celda. Entonces siempre va a haber una necesaria coordinación con el Organismo Ejecutivo, pero aclaro esto: Ni pertenezco al Consejo de Gobierno, ni recibo órdenes del Presidente, ni soy subordinado de los ministros.

– CEG: ¿Qué tipo de relación existe entre la Fiscalí­a y la Policí­a costarricense?

– FD: Todos los cuerpos de policí­a de Costa Rica, en lo que es investigación, son subordinados a las órdenes de los fiscales, quienes dictan la dirección funcional. Para decirlo en términos más comprensibles: El fiscal debe generar un producto que es una acusación respaldada con pruebas. Para generar este producto hace solicitudes a la policí­a, con dirección funcional, la policí­a no puede negarse a cumplir esas órdenes. Los policí­as serí­an los proveedores de esos insumos para lograr tener una acusación sustentada en pruebas.

– CEG: ¿Cuáles han sido los mecanismos y legislación que ha permitido el fortalecimiento de la fiscalí­a de Costa Rica?

– FD: Mire, yo creo que aquí­ tengo que ser muy honesto. El tema de leyes y el tema de personas son importantes. Si tenemos las mejores leyes y mejores personas estamos garantizando el éxito. Si tenemos malas leyes, y buenas personas, hay una alta probabilidad de éxito. Si tenemos buenas leyes, pero malas personas, vamos al fracaso. Este es el asunto.

Al final es un tema de personas, de carácter, de decisiones. Si en la fiscalí­a hay miedo, si hay reverencia a los polí­ticos, si hay un gran aprecio por el puesto para no perderlo, el trabajo nunca va a ser exitoso. Creo que ese ha sido el éxito, no de ahora, sino de la institución en 34 sus años de existencia. Ha tenido fiscales muy aguerridos, y las fiscales por supuesto, muy independientes (…) Ahora con la ley de crimen organizado hay mayores posibilidades de investigación en materia de corrupción, de sicarios, criminalidad organizada en todas sus formas, para trata de personas, para drogas, para armas.

Pero al final de cuentas usted puede tener la mejor ley, pero si tiene funcionarios sin compromiso, la ley lo que va a hacer es adornar la biblioteca.

– CEG: ¿Cómo fortalecer la capacidad de investigación autónoma de la Fiscalí­a, independientemente de los poderes polí­ticos y económicos?

– FD: No hay fórmulas concretas. En Costa Rica ha funcionado que el Ministerio Público pertenezca a la Corte Suprema, una Corte muy independiente polí­ticamente. Pero esto es de personas, mañana puede ser que la Corte caiga polí­ticamente, hasta hoy no ha pasado, pero podrí­a suceder, de modo que es un asunto de personas.

Yo no le podrí­a decir cuál es la fórmula mágica. Para el caso de Guatemala con su idiosincrasia, con lo que el pueblo de Guatemala quiera, es muy difí­cil establecerlo. Tendrí­a que ver con la honestidad de la clase polí­tica que tiene Guatemala. Lo que Costa Rica logró fue por la visión de los constituyentes del 49 y los reformistas del 73, quienes lograron visualizar un Ministerio Público en estas condiciones.

Pero le digo, al final es de personas, se puede tener todas las condiciones jurí­dicas, si al final se actúa con miedo, con reverencia a los polí­ticos o con intereses personales en la polí­tica, los casos no caminan. De alguna manera, los que ingresan a la fiscalí­a tienen que saber que hay que renunciar a ciertas cosas. También tenemos que tener claro que si tenemos un caso, y tenemos que enfrentar al poder polí­tico y al poder económico, hay una renuncia a un futuro importante. Para decirle, salvo en un caso, el Fiscal General ha logrado ser magistrado de la Corte Suprema, ningún otro lo ha logrado. Siempre hay una factura que pagar, pero el que no esté dispuesto a renunciar a este futuro no deberí­a entrar a trabajar en una fiscalí­a. Igual que el que tenga miedo, que ande pensando en lo que puedan hacerle, tenemos que actuar sin pensar en las consecuencias, si pensamos en las consecuencias no hacemos nada de lo que tenemos que hacer.

– CEG: ¿Cómo dan inicio los procesos judiciales contra los ex presidentes Miguel íngel Rodrí­guez y Rafael íngel Calderón?

– FD: Ya la fiscalí­a habí­a iniciado investigaciones por corrupción, pero las investigaciones no tení­an posibilidad, no se habí­a logrado una fuente probatoria importante. El gran giro lo da la prensa, con investigaciones de medios de comunicación colectivas, que le dan un hilo a las investigaciones, y nosotros, como se dice en Costa Rica, nos guindamos de esas investigaciones, y a partir de ahí­ logramos desarrollar una investigación muy importante.

La prensa ha jugado papel protagónico, que se conjuga con los ataques a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Usted me dirá qué tiene que ver esto, bueno, a partir de ese momento, todos los paí­ses levantaron el secreto bancario, o abrieron la posibilidad de levantar el secreto bancario, y esa oportunidad sí­ la aprovechamos en Costa Rica para investigar cuentas bancarias en Panamá, en Estados Unidos, etc., y eso nos permitió seguir la ruta de los dineros que llegaron a bolsillos particulares.

– CEG: ¿Cuál es el estado de situación de ambos procesos contra los dos ex presidentes?

– FD: En este momento está terminando el juicio oral y público contra el ex presidente Calderón, están concluyendo los defensores en estos dí­as. Y el caso del ex presidente Rodrí­guez ya está elevado a juicio público, ya pasó la fase preliminar del proceso, un juez ordenó que vaya a juicio, pero el Tribunal no ha podido señalar fecha para iniciar el debate, porque uno de los imputados del caso de Calderón también es imputado en el caso de Rodrí­guez, y tiene que estar presente en los dos debates.

– CEG: ¿Cuáles han sido las bases jurí­dicas que han permitido la apertura de procesos contra dos ex mandatarios?

– FD: Bueno, la base jurí­dica es la previsión de los delitos que se les están imputando. En el caso del ex presidente Calderón ha habido una figura importante, aceptada universalmente por todos los Códigos, Guatemala indiscutiblemente la tendrí­a que tener, es la comunicabilidad de las circunstancias. Yo con esto no digo que sea culpable o no, eso lo dirán los jueces, nosotros lo que tenemos es una probabilidad, y eso quiero que quede bien puntualizado. Lo que él ha alegado públicamente en su defensa, es que se le imputa de haber recibido un dinero, varios años después de haber dejado la presidencia. Pero es que existe una previsión legal que se llama «principio de la comunicabilidad de las circunstancias», que se lo traduzco de esta manera: Si al momento de cometer el delito yo concurro a cometerlo con un funcionario público y yo sé que es funcionario público, esa condición de funcionario público se me transmite, aunque yo no la tuviera. Ese es el asunto, y por eso es que se le atribuye un delito contra la función pública a pesar de que ya no era presidente. Repito, en grado de probabilidad. Ahora, en el caso de Rodrí­guez es diferente, porque de resultar cierto a criterio de los jueces, (el delito) lo habrí­a cometido cuando él ejercí­a la presidencia de la República.

– CEG: ¿Cuál es el papel que las organizaciones sociales, la prensa y la ciudadaní­a en general han jugado y que ha permitido fortalecer el sistema de justicia y atacar la impunidad?

– FD: Ha habido una gran manifestación inicial del pueblo, los rectores de las universidades convocaron a una marcha contra la corrupción, a la que fueron miles de personas, una manifestación polí­tica, por supuesto el Ministerio Público acudió a esto, fue el Contralor, fueron diputados, ministros de Estado, el Presidente de la República -aun cuando los ex presidentes eran de su partido-. Fue una manifestación enorme, el pueblo se volcó a la calle para manifestar su descontento con la corrupción. Eso antes de tener las noticias de la prensa.

Luego la prensa vino y realizó unos reportajes de periodismo investigativo bastante fundamentados, lo que nos dio pie para iniciar las causas. Ha existido un ataque constante y sistemático al Ministerio Público por parte de los seguidores de los ex presidentes, pero no ha tenido mayor eco en el paí­s. Esto no significa que la gente piense que ellos son culpables, pero sí­ hay un respeto al sistema judicial, y si se hiciera una encuesta, posiblemente lo que la gente diga es que esperan el resultado del proceso.

– CEG: ¿Qué representa para Costa Rica estos procesos?

– FD: Esta es una parte importante. Lo que pasa es que los procesos en sí­ trajeron una gran deslegitimación al Estado democrático, y eso se ha manifestado en encuestas, en estudios de opinión que han hecho las empresas, y hay una desconfianza en el paí­s con relación a todo, la gente se ha manifestado desconfiando de las instituciones democráticas. De manera que también, en estos juicios, el paí­s se juega más que un caso. Yo creo que ya el hecho de que se llegara a juicio o que el Ministerio Público estableciera una probabilidad, y la prensa ha hecho una cobertura diaria importante, y la gente ya tiene su opinión sobre los casos es una demostración importante que se están acabando los intocables, que la justicia tiene que llegar a todos. La equidad es una aspiración importante en un sistema democrático. Al margen de cómo salgan los juicios, porque respetaremos lo que diga el Tribunal, es un avance el que se entienda que no hay personas que están ajenas al sistema de justicia, que todo ciudadano -no importa su estatura polí­tica y económica- puede ser juzgado por las instituciones del paí­s.

En algún momento fui denunciado por alguno de los ex presidentes, y algunos trataron de armar un gran alboroto, y lo que yo le dije a la prensa fue que yo puedo ser un ciudadano como cualquiera, puedo ser denunciado, puedo ser investigado, puedo ser juzgado. No vamos a estar hablando de acabar con los intocables y pretendiendo en convertir a la Fiscalí­a en intocable.

– CEG: En Guatemala, como en muchos otros paí­ses de América Latina se han iniciado procesos contra ex funcionarios por corrupción. Pero en nuestro paí­s los procesos parecen estar cuesta arriba. Se presentan numerosos obstáculos. La impunidad, según cifras del propio OJ es del 98% de los casos. Se vive una desesperanza. ¿Dirí­a usted que es posible revertir esta situación, cómo podrí­a lograrse?

– FD: Siempre es posible, si partimos de que es imposible no hacemos nada. Por supuesto que hay que cambiar paradigmas, hay que vencer obstáculos -que son jurí­dicos, polí­ticos y personales-. Hay que entender que si se hiciera un referendo la gente estarí­a más de acuerdo en que todos sean juzgados por igual, y no que haya una clase intocable. Todos tenemos que rendir cuentas, y esto es un principio básico de la democracia.

Yo creo que ningún paí­s es igual al otro, puede ser que en Guatemala las cosas sean más difí­ciles. Pero yo comencé a venir a Guatemala en el año de 1992, y Guatemala ha avanzado del 92 a esta fecha, posiblemente que en el 92 hubiera sido impensable iniciar un juicio contra un ex presidente. No digo que sea culpable, pero si hay indicios, si se dan las condiciones para iniciar un juicio como contra cualquier otro ciudadano, Guatemala está actuando en consecuencia. Lo que pasa es que la justicia siempre es gradual. Hubo otro Fiscal General en Costa Rica que sometió a juicio a un ex presidente, el caso terminó con (sentencia) absolutoria, y es posible que estos casos que tenemos ahora no se hubieran podido dar si no hubiéramos tenido ese precedente. La democracia avanza de a poco (?) los avances son lentos.

Siendo yo en algún momento abogado defensor, alegué la teorí­a de la prueba ilí­cita, y la gente decí­a que era una locura. Hoy en dí­a la teorí­a de la prueba ilí­cita se aplica y es materia de estudio en las universidades. Esto es una ciencia de paciencia. Creo que así­ es como tiene que manejarse, un pasito a la vez. Lo que no se puede renunciar es a dar los pasitos.

– CEG: ¿Cómo ve usted, en su calidad de Fiscal General, la presencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?

– FD: Bueno, esto tiene que ver también con la transparencia del paí­s. Me parece que si Naciones Unidas decidió enviar una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, contando con la voluntad de Guatemala también, es positivo. Es una forma en que Guatemala rinde cuentas ante la comunidad internacional de lo que ha hecho y no ha hecho, de lo que haga y no haga. Yo no me opondrí­a a que haya una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Costa Rica, siempre son oportunidades de crecer en democracia, a veces los efectos no se observan inmediatamente sino que se observarán en el mediano plazo, pero si la CICIG deja una escuela de pensamiento y una forma de actuación en Guatemala, si deja algo positivo para la justicia y la democracia del paí­s, es mucha la ganancia.