La impunidad en delitos económicos es tan sólo 2 % menor de lo que es en el caso de crí­menes contra la vida; según estudios, el 96 % de estos casos no se resuelve. Al alto porcentaje de impunidad en este tipo de actos ilí­citos se suma el hecho de que el 75 % de casos que ingresan al Organismo Judicial se refieren a defraudaciones o evasiones menores a Q50 mil.

Según estudios del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECP), el dato arriba citado es preocupante ya que implica que no hay investigación en los casos de grandes defraudaciones, lo que tiene serios efectos para el sistema de justicia y tributario del paí­s.

Javier Monterroso, analista del IECP y autor del informe «La Eficiencia de la Captación Fiscal por la ví­a Judicial», reitera que la impunidad en ese tipo de delitos alcanza el 96 % y que de esa cifra, el 75 % es por cantidades menores a Q50 mil. «Después de los delitos contra la vida y la violencia sexual, la evasión fiscal, contrabando y defraudación aduanera y tributaria son los más altos en la impunidad», indica.

El analista explica que entre los factores que intervienen en la generación de esa impunidad, está la Ley Tributaria: «El ISR, es una Ley complicada que para muchas personas es fácil no pagar impuestos sin caer en delito, eso se llama elusión fiscal», manifiesta. Añade también que el sistema de investigación criminal de parte del Ministerio Público (MP) es débil y que, además, las actuaciones de la SAT no concuerdan con esta instancia.

«Los fiscales y el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pasaron tres años sin recibir capacitación sobre el tema, además, en el 25 % de casos ingresados al OJ, la SAT y el MP no pedí­an lo mismo. Las aduanas no cuentan con suficientes policí­as para investigar y prevenir el contrabando», cita el especialista.

Monterroso cita, además, que los efectos de esa impunidad para el Estado son grandes ya que el dinero defraudado no se recupera: «son miles de millones que se dejan de percibir debido a la evasión fiscal, además, eso genera un mal mensaje para el contribuyente», indica.

INVESTIGACIí“N

Genaro Pacheco, fiscal del MP que litiga en el juicio contra Alfredo Moreno, acusado de defraudación aduanera, Q160 millones, reconoce que la investigación en ese tipo de delitos es complicada.

El Fiscal explica que entre las más grandes dificultades están las autorizaciones judiciales para recabar toda la información: «como MP debemos acudir a un juez para que nos autorice solicitar una información, esta a veces no la mandan a tiempo, pero en base a ella se solicita otro informe, y así­ se van creando eslabones», indica el investigador.

Pacheco agrega que los procesos son «difí­ciles y complejos» y ello genera que las acusaciones demoren hasta cinco meses.

En el caso de Moreno, uno de los más polémicos porque estuvo suspendido por no menos de 13 años, el Fiscal explicó que «entonces, el sistema jurí­dico era débil: no existí­an los delitos de lavado de dinero, asociaciones ilí­citas y conspiración y la propia Ley no exigí­a la relación clara precisa y circunstanciada del hecho», explica.

El Fiscal añade que la cantidad de recursos que los implicados interpusieron fue excesiva y que los trámites de los mismos tardaban años en la Corte de Constitucionalidad para ser resueltos.

LEGISLACIí“N

Aní­bal Garcí­a, diputado independiente del Congreso de la República, ratificó que la impunidad en el caso de los delitos económicos es del 96 %.

Garcí­a, también abogado, explica que las lamentables cifras de impunidad en estos casos «reflejan la ausencia total de entes especializados en investigación criminal en esta materia», indicó.

«Existe una ausencia total de polí­ticas de Estado para sancionar y perseguir a los defraudadores en materia tributaria, hay grandes empresarios acostumbrados a vivir en una impunidad total y creen tener libertad para cometer esos crí­menes porque el sistema no funciona», indica.

El legislador consideró que ese tema está «bien regulado en el Código Penal y en las leyes de la SAT que establecen esas figuras», y agrega que «el MP y la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, no funcionan», afirma.

Garcí­a añadió que existe una iniciativa de ley que crearí­a una Policí­a de Investigación Criminal dentro de la PNC y que en ella habrí­a una unidad especializada en delitos económicos, la cual estarí­a conformada por investigadores con tí­tulos universitarios, entre otros.

Sin embargo, la iniciativa no tiene dictamen favorable, aunque está en discusión en la Comisión de Legislación y Puntos constitucionales. «La estamos analizando para darle dictamen para que esto motive una discusión de primer nivel en el Congreso y se tome una decisión polí­tica al respecto», comentó el diputado.