La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional ayer el castigo penal a la tenencia de escasa cantidad de marihuana para consumo personal de mayores de edad, sin poner en riesgo a terceros, anunció el alto tribunal en un comunicado.
En un fallo unánime, la Corte establece que en el consumo de marihuana «se debe proteger la privacidad de las personas adultas para decidir cuál es su conducta», según el texto difundido a la Prensa.
La Corte se expidió en un caso en el que fueron condenados cinco jóvenes, tras ser detenidos a inicios de 2006 durante un operativo policial cuando llevaban, cada uno de ellos, entre uno y tres cigarrillos de marihuana en sus bolsillos.
En su sentencia de 88 páginas, los jueces de la Corte señalan que los jóvenes llevaban «una cantidad reducida (de droga) que también se atribuyó en la sentencia (condenatoria) al consumo personal y que fueron imputados sólo por esa acción».
En el mismo operativo, se detuvo a los vendedores de droga, a quienes la justicia condenó en instancias inferiores, lo que la Corte mantuvo firme.
El tribunal se fundamentó en la Constitución argentina, según la cual «las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados».
«No se consagró un permiso legal para consumir indiscriminadamente», se aclaró en la sentencia.
El máximo tribunal exhortó además «a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes».
Y pidió que se adopten «medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores de edad».
El fallo es una inflexión en la legislación vigente desde 1990 en Argentina, que penaliza de forma general a los consumidores de todas las drogas, inclusive de pequeñas dosis.
En los últimos años, no obstante, hubo varias sentencias judiciales que optaron por someter a un tratamiento médico en lugar de enviar a la cárcel a condenados por consumo personal de marihuana y cocaína.
El Gobierno había manifestado su respaldo al criterio de la Corte, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, poco antes de publicarse el fallo.
«La política represiva no ha reducido una sola hectárea de cultivo en ningún lugar del mundo y no ha reducido una sola de las redes de comercialización y tráfico de drogas», afirmó ayer Fernández.
El jefe ministerial advirtió que, en cambio, el Gobierno «insistirá con la política de lucha despiadada contra el narcotráfico».
En tanto, la Iglesia Católica, culto mayoritario en Argentina, se mostró crítica con la sentencia.
«Hay que dificultar el acceso y el consumo, no facilitarlo. El fallo puede leerse como que todo está bien, y ese es un mensaje contradictorio y perjudicial», dijo el obispo Jorge Lozano, responsable de la Comisión para la Pastoral de Adicciones.
El constitucionalista Félix Loñ insistió en que «penalizar al adicto no es razonable y no soluciona el problema de adicción» y enfatizó que lo que el drogadicto necesita es facilitarle el acceso a su tratamiento.
«Este fallo es un gran avance porque elimina el brazo represivo de un problema que debe ser abordado con políticas socio sanitarias», afirmó por su parte la ONG Intercambio en un comunicado.
La legalización del consumo de drogas se abre camino en Latinoamérica con las recientes decisiones de Argentina y México, más las adoptadas en otros países en los últimos años, que rompen con años de sintonía con las duras leyes antidroga estadounidenses.
Ayer, la justicia argentina despenalizó la tenencia de marihuana para consumo personal por parte de mayores de edad y siempre que no se ponga en riesgo a terceros, aunque advirtiendo que esta medida no es «un permiso legal para consumir indiscriminadamente».
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se expide así por un caso de 2006, establece que en el consumo de marihuana «se debe proteger la privacidad de las personas adultas para decidir cuál es su conducta».
En la misma tónica, hace menos de una semana el Congreso mexicano aprobó una ley que exime de cárcel a los consumidores de cualquier droga, siempre que la cantidad que posean no exceda el límite establecido legalmente como dosis personal, aunque impone tratamiento médico para el fármaco-dependiente.
La reforma legal mexicana prevé que los consumidores podrán portar 5 gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, dos gramos de opio y 50 miligramos de heroína, entre otras drogas.
Los consumidores de marihuana argentinos y mexicanos parecen acceder así a un trato legal más permisivo, como el que podrían llegar a obtener en Brasil, donde para el caso exclusivo de esta hierba una ley de 2007 contempla una flexibilización de la pena, siempre que el acusado asuma la dependencia química y se someta a un tratamiento de desintoxicación.
No obstante, para la legislación brasileña el consumo y porte de cualquier droga sigue constituyendo un crimen previsto en el código penal y queda en los jueces establecer si la marihuana decomisada a un detenido es para consumo o venta.
El actual ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, y el ex presidente Fernando Enrique Cardoso son los más famosos defensores de la despenalización del consumo de marihuana en Brasil.
En apoyo de nuevas estrategias para combatir el narcotráfico, Cardoso y otros ex presidentes de la región dijeron, recientemente, en Washington que América Latina debe deslindarse de Estados Unidos, que fundamenta la lucha antidrogas en la represión.
«No necesitamos estar bajo el paraguas de Estados Unidos para combatir las drogas», destacó Cardoso durante la reunión en abril.
El ex líder brasileño y los ex presidentes de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo encabezan el Grupo Drogas y Democracia en América Latina, que considera que la política de erradicar plantaciones, incautar drogas y criminalizar el consumo no ha arrojado los resultados deseados.
Su propuesta consiste en tratar a los adictos como pacientes, focalizar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y despenalizar parcialmente el consumo de marihuana.
En el tema de la criminalización, Colombia camina en la dirección contraria: la Corte Constitucional despenalizó en 1994 el porte y consumo de una dosis mínima de alucinógenos –argumentando la protección al libre desarrollo de la personalidad–, pero el gobierno de ílvaro Uribe ha promovido infructuosamente la penalización de todo tipo de consumo, iniciativas que han fracasado en el Congreso.
Venezuela tampoco ofrece una mayor flexibilidad, al estilo mexicano o argentino. La ley prohíbe la posesión y consumo de cualquier tipo de drogas «ilícitas», principalmente cocaína y marihuana, y la castiga con penas de «uno a dos años» de cárcel. También prohíbe la incitación al consumo, sancionándola con «cuatro a seis años» de prisión.
El gobierno afirma que Venezuela es un país de tránsito entre el mayor productor (Colombia) y el principal consumidor (EE.UU.). En lo que va de año, las autoridades se han incautado de 38 toneladas de droga de distintos tipos, según cifras oficiales, aunque las autoridades venezolanas no cooperan con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) desde 2006.