Hoy se publica que está en peligro la asignación de fondos para el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, como consecuencia de problemas burocráticos en el trámite de la personería de las juntas escolares. Es buen momento para retomar el tema de PRONADE en su conjunto, puesto que existe una absoluta necesidad de establecer con claridad la forma en que opera el programa y cómo es que se canalizan los fondos, toda vez que hay asignaciones que el Estado hace a entidades particulares y que, por lo mismo, tienen que conocerse con absoluta transparencia.
Debe decirse que el PRONADE tiene como elementos fundamentales las llamadas ISEs que son empresas educativas, fundaciones, asociaciones y ONGs en general, que identifican a las comunidades, las organizan y les dan seguimiento. Sin embargo, no es fácil establecer cuáles son las ISEs que están operando ni cuánto reciben de aporte del Ministerio de Educación y eso debe formar parte de la información que se proporcione en el espíritu de transparentar la gestión pública, porque el hecho de que sean entidades privadas, muchas de ellas fundaciones que representan importantes e influyentes segmentos del sector productivo del país, no debe ser obstáculo para que los ciudadanos podamos conocer la forma en que se administran los fondos.
No olvidemos que existen o deben existir convenios suscritos entre el Ministerio de Educación y cada una de las ISEs para establecer los términos de la relación para cada una de las fases. Y si el PRONADE realiza una supervisión permanente del funcionamiento del programa, tanto de las ISEs como de los COEDUCAs y las escuelas, es conveniente saber la forma en que se maneja presupuestariamente todo ese programa cuya asignación de fondos ahora se ve comprometida por el trámite burocrático.
La información señala que se trata de 4,667 comités de educación que no podrán retirar dinero ni para alimentos ni para pagar a los maestros. Pero falta ver si las asignaciones para las ISEs estarán disponibles, toda vez que esas instituciones no requieren de la legalización de personería que hace falta para los COEDUCAs y por lo tanto es probable que a través de ellos se canalice parte del recurso. Lo que de todos modos sigue siendo una incógnita es quiénes tienen convenios firmados con el Ministerio y por qué monto es cada uno de ellos para cada una de las fases y por el tiempo que se haya establecido.
Es de esos casos en los que el exceso de información no daña a nadie, puesto que en la medida en que los guatemaltecos sepamos cuáles son las empresas educativas, fundaciones, asociaciones y ONGs que perciben dinero público para «ayudar» a conformar los COEDUCAs tras identificar las comunidades y luego darle el seguimiento debido, todos sabremos cómo es que está operando el sistema de educación.