El gobierno mexicano inició un operativo de seguridad en el que intervendrán militares a fin de combatir a la delincuencia organizada en el estado de Baja California (noroeste), fronterizo con Estados Unidos, anunció ayer el secretario de Gobernación (Interior), Francisco Ramírez.
En esa región fronteriza «los índices delictivos han crecido exponencialmente con lo que el operativo pretende acabar con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la seguridad de las familias mexicanas», apuntó Ramírez.
El operativo se realizará con 3.296 efectivos de seguridad, de los cuales 2.620 pertenecen al ejército y 162 a la Marina, mientras que el resto pertenecen a la Policía Federal Preventiva (PFP) y a la Agencia Federal de Investigación.
«Esta es una lucha que irá avanzando paso a paso, y no se escatimarán los recursos para combatir a la delincuencia», agregó el ministro, quien explicó que las medidas de seguridad se centrarán en la fronteriza ciudad de Tijuana (que da nombre al operativo).
El Ejército realizará operaciones en siete áreas de esa metrópoli que tienen los mayores índices de delincuencia.
Asimismo, efectivos de la PFP realizarán controles de revisión móviles «privilegiando el elemento sorpresa» para combatir la venta de drogas al menudeo y el tráfico de personas, dijo por su parte el secretario de Seguridad Pública, Genaro García.
Igualmente, la Marina aportará una patrulla oceánica con helicópteros y lanchas rápidas que se encargará de inspeccionar en alta mar embarcaciones nacionales y extranjeras con el objetivo de evitar el contrabando de drogas a Estados Unidos.
El operativo es similar al que puso en marcha el mes pasado el gobierno en el estado de Michoacán (oeste), el más castigado por la violencia del narcotráfico.
Tras diversas peticiones, Ramírez dijo el fin de semana que este tipo de acciones, con la participación del ejército y la Marina, se extenderían por todos los estados del país, aunque no simultáneamente.
Según un informe de la Cámara de Diputados mexicana publicado por el diario El Universal, en lo últimos seis años han sido ejecutadas en ajustes de cuentas entre bandas del narcotráfico más de 9 mil personas en el país, de ellas 2.100 en 2006.
En mayo, unas 300 organizaciones y empresariales de Baja California hicieron un llamado al gobierno federal para que interviniera ante la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en esa región, con altos índices de asesinatos y secuestros.
En septiembre, el sector empresarial reiteró sus demandas y amenazó con no pagar impuestos hasta que las autoridades implementasen acciones firmes contra la delincuencia organizada.