La forma en que operan las bandas de asaltantes que se desplazan en motocicletas por los puntos de mayor congestionamiento vial evidencia cuán indefensos estamos los guatemaltecos porque aun y cuando la misma Policía Nacional Civil dice tener conocimiento de la situación, nadie hace nada para atacar un problema que no sólo provoca pérdidas materiales sino un desbarajuste en la tranquilidad de la población y hasta el grave riesgo de pérdida de vidas.
Dentro del sentido de elemental lógica uno pensaría que más útil hubiera sido una norma tajante en el reglamento de tránsito obligando a los motoristas a respetar los carriles, evitando que serpenteen entre las filas de automóviles, que esa patraña del chaleco, aunque se entiende que en Guatemala veríamos simplemente una norma más de las tantas que no se cumplen, porque así es como funciona tristemente nuestro desgraciado sistema.
Aun y cuando reglamentaran con sentido de lógica impidiendo ese circular entre los automóviles, la norma sería estéril porque ya hemos visto que la que prohíbe que dos personas viajen en una moto no se cumple porque la PMT no la exige y lo mismo sería con la otra. Como con los buses urbanos, que gozan de la más absoluta impunidad para hacer lo que les viene en gana en las barbas mismas de los agentes de tránsito, sin que éstos se inmuten.
Están debidamente ubicados los puntos donde operan estas bandas bien organizadas y a pesar de ello no se movilizan las fuerzas de seguridad para contener los atracos. Es como cuando robaban carros todos los días en La Reformita, zona 12, y la PNC lo sabía pero jamás envió a agentes para proteger a los automovilistas dejando una ingrata sensación de que existe a lo mejor hasta alguna complicidad.
El problema es que hemos perdido por completo la fe en nuestras autoridades para que defiendan nuestras vidas y la pacífica posesión de nuestros bienes. Repetimos por enésima vez que es obvio que los problemas de seguridad no desvelan ni preocupan al Presidente de la República, quien sin duda ha de creer que es un tema que afecta a muy pocos y generalmente a gente pudiente, lo que hace que no se inmute por la ola de violencia. Pero la verdad es que están despojando de sus bienes a gente honrada y trabajadora que merece mínimo de atención de un Estado que debe cumplir con el fin esencial de asegurar la protección de la persona humana y el goce de sus derechos.
Los maleantes actúan con total impunidad, adueñándose no sólo de celulares y otras pertenencias de la gente, sino de lo más sagrado que es nuestro derecho a la tranquilidad.