Un centenar de artesanos mantiene un enfrentamiento con el gobierno del presidente costarricense, í“scar Arias, por su decisión de desalojarlos de una céntrica calle de San José para convertir a la zona en el principal circuito de Museos de la capital.
«Vamos a dar la pelea, primero agotando las vías legales y después con lo que sea necesario», dijo la presidenta del gremio, Carmen Rodríguez, en respuesta al veto de Arias a una ley -recientemente aprobada por el Congreso- que concede la calle a los artesanos.
Según Rodríguez, los cien metros lineales de la calle 13 bis, entre las avenidas Central y Segunda de San José, a sólo una cuadra del Museo Nacional (antropológico), les fueron cedidos en 1995 por un acuerdo del Concejo de la municipalidad capitalina.
Sin embargo, asegura, el Gobierno quiere deshacerse de los artesanos porque el espacio que ocupan está al lado de un terreno en que la Fundación Arias, creada por el presidente y premio Nobel costarricense (1987), construirá el Museo de la Paz.
«Nos menosprecian y por eso no quieren que estemos al lado del museo del señor presidente, no estamos a ese nivel», ironizó la dirigente.
La ministra de Cultura, María Elena Carballo, ha rechazado enfáticamente estas críticas y afirma que, simplemente, el mercado de artesanías no entra en los planes para convertir la zona en el circuito de museos de la capital.
Por su parte, el presidente Arias calificó de «innecesaria» e «inconstitucional» la ley, porque los artesanos -dijo- pueden ubicarse en otro lugar.
«Hay una notable desproporción entre la finalidad perseguida por el proyecto y el medio ideado para lograrlo, que es la clausura definitiva de una calle pública urbana», expresó el mandatario.
El alcalde municipal, Johnny Araya, y la ministra Carballo han ofrecido a los artesanos ubicarse en un viejo edificio capitalino conocido como El Frontón, donde antaño funcionó una comisaría de la Fuerza Pública, para lo cual el Gobierno invertiría poco más de un millón de dólares en remodelaciones.
«No estamos en contra de ir a otro lugar, pero nos quieren mandar a un edificio que fue declarado inhabitable y que está para demoler», dijo el artesano Róger Baltodano.
El tema también ha puesto al gobierno en conflicto con los diputados de su propio partido, Liberación Nacional (PLN), la mayoría de los cuales votó a favor de la ley para dejar la polémica calle a los pequeños comerciantes.
Ahora, los legisladores del PLN parecen plegarse a la posición oficial pero le reprochan a la ministra Carballo el no haberles informado de sus planes cuando se tramitaba el proyecto en el Congreso.
Por su parte, los diputados de la oposición han prometido que volverán a presentar el proyecto de ley a votación del plenario y, en caso de ser aprobado por segunda vez, tendría que ser ratificado por el presidente, según las normas constitucionales.