Estatizar la transmisión del futbol a costa de los medios privados y jugar fuerte en el Congreso antes de su renovación en diciembre: la presidenta argentina, Cristina Kirchner, redobla la apuesta tras la derrota en los comicios legislativos de mitad de mandato.
Los dos hechos sucedieron casi en simultáneo, ayer al atardecer.
Primero, los argentinos vieron a su Presidenta, junto al ídolo deportivo Diego Maradona, anunciarles que, gracias a que el Estado adquirió los derechos de transmisión, a partir de ahora podrán ver gratis a su equipo de fútbol en la pantalla de TV. Un lujo hasta ahora reservado a los abonados de cable.
Algunos minutos más tarde, la televisión difundía, también en directo, el voto del Senado renovando por un año las llamadas Facultades Delegadas, que permiten a Kirchner fijar de manera discrecional los tributos a las exportaciones, en perjuicio de los productores agrícolas.
Fuera del Congreso, productores manifestaban su ira, enfrentando a la policía y tirando las vallas de seguridad.
«El Senado ha votado hoy contra toda la ciudadanía», se lamentaba el dirigente agrario Juan Ferrari, venido desde Entre Ríos (centro-este).
Según el analista Rosendo Fraga, de Nueva Mayoría, «el matrimonio Kirchner ha ratificado su línea política y ha redoblado la apuesta, radicalizándola aún más».
El consultor Ricardo Rouvier estimó que hay una «clara contraofensiva destinada a aprovechar la correlación de fuerzas en el Parlamento hasta el 10 de diciembre», cuando asuman los legisladores electos y el oficialismo pierda la mayoría en ambas cámaras.
La polémica había estallado una semana antes, al rescindir la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el contrato de los derechos de transmisión del fútbol de primera división con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC).
El gobierno democratizaba así el acceso al fútbol. Los niños pobres, como otrora Maradona, podrán ver los partidos de su equipo.
Pero también le arrancaba el maná al grupo Clarín, mayor multimedia argentino, ligado a TSC y feroz crítico de la política gubernamental.
Sin embargo, esta política aparece como frívola cuando el gobierno se confronta a una polémica sobre los datos de pobreza: 30 a 40% de la población según la Iglesia y analistas privados, 15% según las estadísticas oficiales.
«El nuevo conflicto con el grupo Clarín, por el acuerdo entre el gobierno y la AFA ha sido percibido por el sector empresario como una evidencia más de la creciente injerencia estatal en la economía», estimó Fraga.
Kirchner explicó cómo el Estado y la AFA se repartirán la torta de las ganancias del fútbol: «50% de los excedentes serán destinados a la AFA y el resto a la promoción del deporte olímpico», dijo.
El objetivo del Gobierno «es ayudar a los clubes, que generan mucho dinero, pero que son pobres», destacó la jefa de Estado, cuando la deuda total de las entidades asciende a 180 millones de dólares.
Al igual que Clarín, los productores agrícolas, que aún festejaban su victoria en las legislativas del 28 de junio frente a los Kirchner, se vieron sorprendidos. El gobierno había llamado al diálogo y su actitud no hacía pensar tal viraje.
«Sólo si el «campo» realizaba una movilización importante, el Senado habría podido volver a votar contra el Gobierno», estimó Fraga, en alusión al voto del 17 de julio de 2008, cuando el vicepresidente Julio Cobos bloqueó en la Cámara alta un aumento de 25% del tributo a la exportación de soja, principal riqueza del país.
Pero ¿cómo gobernar después del 10 de diciembre sin mayoría y sin haber construido un modus vivendi con las otras fuerzas?
«La mayoría de la oposición ha dado por muerto el diálogo y ello puede resultar negativo para el gobierno en los próximos meses», pronosticó Fraga.