La guerra interna en el país dejó miles de víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas las que sufrieron al ser masacradas, no obstante, a 13 años de la firma de la Paz, otras miles de víctimas colaterales de la guerra se encuentran desamparadas por el Estado.
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Las organizaciones sociales y familiares de las víctimas son las que han demandado la investigación, procesamiento, juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y desapariciones forzosas ocurridas durante la guerra interna; ya que por años el Estado parece no asumir esa responsabilidad.
Durante su visita al país el abogado peruano Ronald Gamarra expuso sobre el proceso de enjuiciamiento al ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, que durante el juicio contra el ex mandatario «las víctimas se sintieron representadas por la Fiscalía». Lo que llama a cuestionar si existe una situación similar en Guatemala.
IMPUNIDAD
Aunque la Comisión para el Esclarecimiento Histórico señaló al Estado del 93 por ciento de las violaciones a derechos humanos y hechos de violencia durante la guerra interna y existen miles de denuncias en la Fiscalía de Derechos Humanos, los proceso no se concretizan en el Organismo Judicial.
A criterio de Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, «es importante que Amílcar Velásquez, fiscal general del Ministerio Público (MP) revise el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos y replantee el trabajo que realiza», opinó.
Santos añadió que el MP debe generar proceso de investigación, y acompañamiento integral a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares ya que ese «abandono estatal», dijo: «Tiene como consecuencia que la única percepción que hay del Estado en las comunidades es la represión y la desatención de sus obligaciones que le son inherentes; además de la falta de credibilidad», enfatizó.
El analista reiteró que es importante que el Estado brinde acompañamiento integral y de carácter económico a las víctimas, además, que sea capaz de dar representación en el proceso penal por parte de las entidades entre las que mencionó al MP y a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
Dignificación
Aura Elena Farfán, representante de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), considera que el papel del Estado, más que representativo debe ser de dignificación de las víctimas.
«El Estado no podría representar a las víctimas, debe dignificarlas con la aplicación de la investigación con el juicio y castigo a los responsables. De ninguna manera vamos a permitir que el Estado represente a nuestros familiares, es un insulto porque tras 25 años de búsqueda de más 25 mil desaparecidos, no ha tenido voluntad de investigar», resaltó la activista.
Farfán agregó que, la búsqueda de justicia de parte de las víctimas tiene más de 25 años y que en este tiempo el Estado sólo ha demostrado que «los mismos poderes ocultos que operaron durante el conflicto se han mantenido y no han dejado que se investigue, en el caso del MP y del OJ», resaltó.
Farfán finalizó diciendo que no sólo las instituciones encargadas de la justicia y la persecución penal han desamparado a las víctimas, ya que la iniciativa de Ley para crear una comisión de búsqueda para personas víctimas de desaparición durante la guerra interna no ha avanzado en el Congreso. «Es fundamental que la lucha continúe para la construcción de una Guatemala distinta, la que soñaban los asesinados y desaparecidos: con justicia, trabajo e igualdad», declaró.
Amílcar Velásquez Zárate, fiscal general del MP, fue cuestionado de las críticas a esa instancia por los escasos avances en los procesos de delitos cometidos durante la guerra, a lo que respondió que sostiene reuniones periódicas con la Fiscalía de Derechos Humanos y que las investigaciones «siguen su curso y tratando de individualizar a los responsables», comentó.
El jefe del MP argumentó que en la arriba citada fiscalía fue integrado un equipo especial para investigar las más de 7 mil denuncias que la Secretaría del Paz interpuso por desapariciones forzadas durante la guerra, sin embargo, dijo no tener, al momento de la entrevista, estadísticas reales sobre el avance de los procesos.
«Se trata de darle un apoyo y acompañamiento a la víctima en todo sentido para que se sienta protegida por el MP y se le dé el papel que se merece dentro de un proceso penal», declaró Velásquez al ser consultado sobre la poca representatividad que existe de parte de la Fiscalía hacia las víctimas.
El Fiscal General calificó de «extremadamente complicados» los casos de genocidio que en el MP se investigan: «Muchas veces no se individualiza ni se señala específicamente (en las denuncias) que funcionarios, personas o empleados de entonces pudieron haber participado en la Comisión del Crimen, además, muchas víctimas no han podido ser localizadas porque ya fallecieron o fueron desplazadas fuera del país», explicó.