El pueblo de Honduras aún espera que el Gobierno de Guatemala asuma una postura más firme frente al golpismo. Resulta inconcebible que en vez de cerrarse las fronteras, un grupo de empresarios haya viajado a Honduras para asegurar el comercio, sin importar la lucha de la población.
Gracias a la reunión en Cancillería, el viernes 14 de agosto, entre el Conamigua y otros sectores del Estado con las organizaciones Conguate y Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), el ministro Rodas pudo enviar el lunes 17 una carta a la secretaria Janet Napolitano, en Washington DC, antes de realizarse la cumbre por ella convocada para esta semana sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. En dicha carta se traslada el punto de vista de Guatemala sobre dicha reforma, el cual goza del apoyo de organizaciones de migrantes. Como aporte fundamental, se señalan responsabilidades específicas de Estados Unidos.
Primero, la carta afirma: «el marco general está dado por dos hechos intrínsecamente vinculados: la migración y el desarrollo. El país de origen expulsa a sectores de su población por su subdesarrollo social y económico…y el país receptor o de destino atrae y, a veces, extrae recursos humanos? para satisfacer sus necesidades de mano de obra, destreza y capacidad intelectual para mantener o lograr su propio desarrollo». Así, para desacelerar, y eventualmente detener, el fenómeno migratorio irregular, que tampoco conviene a los países de origen, al perderse su valioso recurso humano, ambos, países de origen y país de destino, que es el principal beneficiario del proceso, deben aportar recursos para el desarrollo social y económico de nuestra región, particularmente Mesoamérica.
Segundo, la carta afirma el valor incuestionable de la vigencia de los derechos humanos en el tratamiento del fenómeno migratorio. Se señala que «sería muy apreciado internacionalmente que el Gobierno de los Estados Unidos se adhiriera y ratificara aquellos instrumentos internacionales en materia migratoria y de derechos humanos» y se sugiere que la nueva ley migratoria «pueda afirmar que se enmarca dentro de su política nacional y la internacional de derechos humanos».
Tercero, la carta aboga por el tratamiento humano del fenómeno migratorio, lo que implica la descriminalización del proceso; el establecimiento de programas justos de trabajadores migratorios; la valorización del principio esencial de la unificación familiar; el apoyo al desarrollo personal, familiar y comunitario; y la existencia y fortalecimiento de mecanismos especiales de protección para circunstancias extraordinarias, como es el TPS ante calamidades, conflictos internos y circunstancias internas extraordinarias. La iniciativa de Guatemala se hará del conocimiento del SICA, para que los planteamientos hechos puedan gozar del respaldo regional. Aún hay tiempo para buscar consensos que puedan demostrar ante el Gobierno de Estados Unidos que la región está convencida de que el fenómeno migratorio debe ser abordado en forma integral y que es un tema no sólo de política interior sino también de política internacional y asistencia para el desarrollo.