La aprobación del mecanismo de cédula y urna cerrada en votación secreta, aprobada en reunión de comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia, lo que ordena el Decreto 19-2009 y la opinión de Nineth Montenegro, está creando polémica.

La parlamentaria, presidenta de la sala de trabajo de Reformas al Sector Justicia del Congreso, recordó que el objetivo de la ley es que la gente tenga acceso a las sesiones de comisiones, acceso a audios, videos y actas.

Lo más importante y que ahora ocupa y preocupa es la publicidad de los actos, dijo al enfatizar «quizá la metodologí­a no se hizo, pero cuando se dice pública se entiende que no puede ser por cédula», refirió.

PíRRAFOS

La Ley de Comisiones de Postulación, artí­culo 9 primer párrafo, permite que «para la toma de decisiones se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del total de miembros de la comisión».

Además, al final de ese mismo primer párrafo del artí­culo 9, garantiza que las personas tendrán acceso para saber sobre los actos «[…] información sobre la forma en que se tomaron las decisiones y se llevaron a cabo las votaciones», que no define que debe ser votación pública.

También, en el cuarto párrafo del artí­culo 9 dice textualmente «los integrantes de la Comisión deberán procurar todos los medios para cumplir su objetivo de la forma más transparente posible», que tampoco impide la decisión tomada para votar.

CRIMEN

Montenegro no acepta el temor a la integridad personal que manifestó la mayorí­a de comisionados al haber aprobado esa metodologí­a de votación, «se sabe que se está peleando contra mafias, contra poderes ocultos, entonces hay que asumir con valentí­a y con coraje las posiciones que se tengan», subrayó la diputada.

El temor de la parlamentaria es que al final no se va a enderezar la justicia y se pueda así­ nuevamente favorecer a unos y perjudicar a otros durante cinco años más, «a gente que tiene un pasado oscuro y que no pase lo que ocurrió con la Defensa Pública Penal y se tenga que escoger lo único que manden en nómina», insistió.

Entonces no se hubieran postulado como candidatos a cargos como magistrados o miembros del Colegio de Abogados, que los llevó esta vez a integrar las comisiones postuladoras, dijo.

Se corre el riesgo que los diputados en el pleno puedan no tener más opción que escoger a los 13 Magistrados para Corte Suprema de Justicia y a los 84 Magistrados para Corte de Apelaciones, de los listados que enví­en si de forma secreta no escogen los perfiles más idóneos, dijo Montenegro.