Obviamente el espí­ritu de la norma es clarí­simo en cuanto a la obligación de que hasta el último centavo de los fondos públicos sea auditado debidamente y para ello no cabe la excepción de que los nombres de los beneficiarios de los programas sociales sólo serán conocidos si ellos mismos admiten que se divulgue la información.

Ayer publicamos lo que expresó en una conferencia un experto brasileño que alabó el concepto de la cohesión social y la forma en que se implementan esos programas en muchos paí­ses latinoamericanos. El señor Sergio Fausto hasta dijo que si como consecuencia del buen manejo de los mismos se produce un respaldo electoral con votos a favor de quienes los impulsan, hay que entender que ello es parte del proceso polí­tico y que indudablemente los beneficiarios siempre apoyarán a quienes impulsan programas eficientes de apoyo a los más necesitados.

Pero también dijo que el principal enemigo de tales programas de asistencia social y combate a la pobreza puede ser la falta de transparencia. Y es que hay poderosos sectores que se oponen a la existencia de conceptos como el de cohesión social que se basan en la transferencia de fondos de manera directa para las familias más pobres de cada uno de los paí­ses, y esos opositores encuentran elementos contundentes para arreciar su crí­tica justamente en la falta de transparencia que al final no tiene fundamento ni legal, ni moral, ni ético porque está demostrado que nuestra estructura jurí­dica apunta (estérilmente, hay que decirlo) a que se deba rendir cuentas del manejo de cada centavo que forma parte del erario.

En lo personal no me cabe la menor duda de las intenciones polí­ticas del partido de gobierno y estoy convencido de que la decisión está tomada respecto a que la esposa del Presidente será la próxima candidata presidencial, sea porque impongan la tesis de Acisclo o simplemente porque con la intención de alcanzar el poder se disuelva todo ví­nculo que pudiera obstaculizar el objetivo. No me cabe ninguna duda de la polarización que ello traerá a la sociedad guatemalteca, pero veo torpeza en la decisión de mantener en secreto el manejo de los fondos de cohesión social porque será el arma y el instrumento más socorrido a lo largo de la contienda electoral.

Al margen de que cohesión social se convierta en un instrumento electoral, a mí­ me interesa que pueda preservarse un tipo de programa que atienda las necesidades de la gente más pobre que nunca habí­a recibido ninguna asistencia pública y por enésima vez digo que el principal enemigo que tienen esos problemas es el secreto que empecinadamente se quiere mantener bajo el argumento de que no darán a conocer más datos que los de aquellos beneficiarios que manifiesten su acuerdo con la publicidad de la información. Precisamente porque ayudar a la gente pobre es tan importante, hay que hacerlo de manera que no sólo sea honesta, sino que además lo aparente.