Entre los avances positivos, la investigación destaca la suscripción de «acuerdos e instrumentos internacionales, nuevas leyes y acceso a la información, además del rol de los medios de comunicación como actores clave que cuentan con la confianza ciudadana».

También se han logrado avances con la incorporación en tres paí­ses de la región (Guatemala, Panamá y Costa Rica) de nuevas tecnologí­as que ha derivado en buenas prácticas como la puesta en lí­nea de compras públicas, y la creación de más canales para la participación ciudadana, señaló el informe.

Sin embargo, hay descoordinación de actividades y órganos de control sin planificación o norte estratégico en los paí­ses de la región, aseguró el director adjunto del Programa, Jorge Vargas Cullel.

Además, la capacidad punitiva contra la corrupción está concentrada en el Poder Judicial, donde se producen «cuellos de botella» que prolongan los procesos.

«Las instituciones de control en Centroamérica carecen de independencia polí­tica, pues su nombramiento se basa en razones polí­ticas y no técnicas así­ como estas instituciones han sido objeto de corrupción a lo interno», mencionó Vargas.

A lo anterior se añade, que «los ciudadanos muestran tolerancia hacia actos de corrupción pequeña o cotidiana, más cercanos a la vida diaria».

Por ejemplo, el 26,7% de los costarricenses opina que a veces se justifica pagar una «mordida» y lo mismo opina el 21,7% de los panameños y el 21,1 de los nicaragí¼enses.