En la edición de La Hora del 12 de agosto de 2009 se publicó un reportaje, a página completa, con el titular: «Monitorear cada centavo». El autor de la nota, Gabriel Herrera, después de dar amplio espacio a las opiniones de políticos y expertos anota: «Ayer se intentó localizar al vocero de Cohesión Social, í‰dgar Rosales, pero su teléfono se mostraba fuera de cobertura». Este extremo es sencillamente improbable, toda vez que a diario recibo decenas de llamadas, incluso algunas desde el extranjero, y en ningún caso he tenido reportes de dificultades como la señalada. Además, no es el único medio de contacto con los periodistas que tengo, a quienes siempre les atiendo o devuelvo las llamadas.
Lamento no haber hablado con el reportero. Lo lamento porque le habría explicado muchos de los aspectos que, evidentemente, no tiene muy claros en relación con este programa.
Le habría explicado, por ejemplo, que la declaración de la diputada Nineth Montenegro en cuanto a la imposibilidad de fiscalizar Q1 mil millones de Mi Familia Progresa, hecho en el cual se insiste en el reportaje, carece del mínimo sustento. Y simplemente no lo tiene porque, como ella admitiera el lunes pasado, el Programa hasta ahora tiene asignados Q766 millones, de los cuales alrededor de Q339 han llegado a las transferencias y el resto se ha destinado para gastos de funcionamiento. Luego, el programa Sí es fiscalizable. De no serlo, no habría forma de conocer el destino de esos recursos, información a la que ella tuvo acceso. Eso sí, los cálculos de la congresista, al igual que en anteriores «denuncias», están totalmente errados y revestidos de opiniones malintencionadas.
Otro tema que le habría dejado en claro al reportero es el que se refiere al comentario del analista ílvaro Pop, quien asegura que «miembros del partido oficial están siendo contratados en todas las dimensiones del programa…». Nada más falso. Aunque no tendría nada de malo contratar a un ciudadano que profesa una determinada filiación política, uno de los requisitos fundamentales para ingresar a Mi Familia Progresa es presentar constancia del TSE de no pertenecer a NINGíšN partido político, lo cual incluye, por supuesto, al partido oficial. El criterio que rige en las contrataciones es el de la capacidad técnica y profesional.
También le habría hecho saber que el señalamiento del diputado Félix Adolfo Ruano, del Centro de Acción Social (CASA) en cuanto a que «No es cierto que el programa Cohesión Social esté llegando a los más necesitados o que haya identificado donde hay mayores necesidades?» y cita algunos lugares de Taxisco, Santa Rosa, es cierto sólo en parte.
Y es que, en efecto, los más pobres están dispersos en todo el país. La falta de recursos nos ha impedido llegar a todos. Sin embargo, se olvida que este es un programa que apenas lleva un poco más de un año de funcionar y que las carencias sociales tienen más de 500. Por eso, el criterio técnico (no político) ha sido, a contrapelo de lo que afirma el congresista, seguir el mapa y ruta trazado en el Mapa Nacional de Pobreza diseñado por el gobierno anterior, en 2006.
Y, entre otros temas, le habría sugerido al reportero Herrera (dicho con el respeto necesario, por supuesto) que tomara un curso de interpretación de informes ejecutivos. Y es que, eso y no otra cosa, es la información que le remití en calidad de Rendición de Cuentas del Programa Mi Familia Progresa. Es un documento resumen que fue elaborado por personal calificado y de ahí que resulte triste leer que, para él, «La colorida presentación gráfica?, ofrece datos rústicos que no especifican más que barras y porcentajes» ¡Válgame Dios! Peor aun cuando leemos este galimatías: «La gráfica número 38 ofrece datos generales para 12 departamentos de familias autorizadas para entregar información, pero no están los datos». Huelgan comentarios.
Afortunadamente, la opinión pública debe saber que ya existen análisis serios en relación con Mi Familia Progresa y no presentan una visión tan negativa como la que se ha vendido desde la oposición. El Banco Mundial y la Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, realizaron recientemente un estudio que pondera los logros del Programa y plantea dudas (que las hay y por eso están siendo objeto de consideración) cuyo contenido se puede verificar en la dirección.
http://www.mifamiliaprogresa.gob.gt/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Itemid=89
En fin, negar a estas alturas que éste y otros programas han avanzado en transparencia es un mero empecinamiento político. Que hay todavía mucho que avanzar también es cierto, la dimensión de los problemas de pobreza en el país así lo indica. Sin embargo, cuando un periodista asume como propios esos criterios políticos interesados, se contribuye muy poco al debate en torno a un tema de importancia nacional.
Vocero del Consejo de Cohesión Social