En la grabación de la conferencia de Prensa ofrecida por la congresista se escucha claramente cuando ella afirma, ante pregunta de un periodista: «Hay una parte que yo no podrí­a negar jamás: que si está llegando (se refiere a las transferencias condicionadas). Por lo menos de los Q766 millones, Q339 millones han llegado para transferencias. Aquí­ está, sí­ han llegado para transferencias». Es decir, sí­ son recursos fiscalizables.

Por si fuera poco, la diputada Montenegro minutos antes habí­a declarado lo siguiente: «Q766 millones tiene ya el Programa Mi Familia Progresa. Yo sé los pude poner ahí­. No sé si lo puede poner, Rafa. Ahí­ está que ya tienen Q766 millones, mucho de ese dinero se está usando para salarios, como ustedes lo pueden ver, aquí­ están los Q766 millones que hay ya…».

Es decir, y se debe reconocer la honestidad de la diputada en este caso, el presupuesto de Mi Familia Progresa no llega a la cantidad mencionada en el titular. Sin embargo, la confusión surge cuando ella asegura, sin mayor fundamento y de manera evidentemente malintencionada: «Lo que creo es que casi mil millones no se han podido fiscalizar debidamente» (también consta en la misma grabación).

Lo que estos hechos demuestran es una verdad irrefutable: aunque reconocemos que les asiste ese derecho, la fiscalización que llevan a cabo la mayorí­a de diputados (salvo un par de calificadas excepciones) es meramente una fiscalización polí­tica, que busca crear la duda y descalificar las acciones gubernamentales, obviamente, sin atender apropiadamente a los conceptos técnicos, circunstancia que a menudo les hace caer en injustas generalizaciones.

En esa misma conferencia, por ejemplo, la representante de Encuentro por Guatemala aseveró haber presentado «pruebas cientí­ficas» de que el Gobierno incurrió en duplicidad de gastos al ordenarle al INE la realización de un censo especí­fico para Mi Familia Progresa, pese a que -señala la diputada- ya existí­a un «censo» realizado antes por la Secretarí­a de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), según el cual existen 111 lugares poblados en alto riesgo nutricional que no son atendidos por el citado Programa.

Resulta penoso, por respeto a la opinión pública, tener que informar que la Sesan no realiza ni nunca ha realizado censos. Hacerlo implicarí­a usurpar las atribuciones del INE. Que la categorización a que se refiere es de carácter subjetivo, con base en ciertos rasgos que indican el grado de riesgo alimentario y nutricional. Y que, refutando su señalamiento de que Mi Familia Progresa no es una Polí­tica de Estado porque no le da continuidad a planes de gobiernos anteriores, se reitera lo que siempre se ha dicho: que la base para escoger a los municipios más pobres (dentro de los cuales aparecen los centros poblados que le llevaron a sus precipitadas declaraciones) fue el Mapa Nacional de Pobreza elaborado por Segeplan en el año 2006, es decir, durante el Gobierno anterior.

Hay muchos otros argumentos que retratan la ligereza con que este tema fue abordado desde el privilegio de la irresponsabilidad. Por ahora exhortamos a la legisladora Montenegro, una vez más, a que se acerque a nosotros para explicarle cómo funciona efectivamente el programa Mi Familia Progresa y demostrarle la total transparencia que, mientras entidades como el Banco Mundial y la Universidad Rafael Landí­var han reconocido en estudios independientes, ella, obstinadamente se niega a admitir.