La presión de la derecha española se acentuó hoy sobre el presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para que vaya más lejos que una simple «suspensión» del diálogo con ETA
Mientras España seguía sin noticias de los dos ecuatorianos desaparecidos desde el atentado del sábado.
La actitud del presidente del gobierno, que había anunciado la noche del atentado la «suspensión de todas las iniciativas» relacionadas con el proceso, pero no la ruptura definitiva, «es un error absoluto», consideró el secretario de comunicación del Partido Popular (PP, derecha), Gabriel Elorriaga.
«Todo sigue igual», tras el tremendo atentado perpetrado el sábado por ETA en el aeropuerto de Madrid, añadió, considerando que Rodríguez Zapatero «pretende mantener la invitación a la negociación» con la organización vasca armada, declaró ante los micrófonos de la radio Cadena Cope.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ya había criticado duramente el domingo la respuesta de Rodríguez Zapatero a este atentado que rompió de hecho nueve meses de «alto el fuego permanente» de ETA.
«La respuesta no puede ser se suspende la negociación , sino que debería ser rompo con ETA, aplico la ley con todos los partidos y todos los Españoles y voy la dar batalla», había dicho.
La derecha se opone desde el principio a todo diálogo con «los terroristas de ETA», con los cuales intentó una vana negociación en 1999.
Tras la intervención televisada de Rodríguez Zapatero el sábado, el gobierno no volvió a pronunciarse.
Pero el diario de centro izquierda El País, próximo al gobierno, afirmó el martes, citando a fuentes gubernamentales, que Rodríguez Zapatero «da ya por liquidado el proceso de final dialogado del terrorismo».
Al hablar el sábado de «suspensión», Rodríguez Zapatero «cuidó mucho su expresión para aclarar que la ruptura procedía de los terroristas y no del gobierno», comentó hoy El País.
El gobierno español se encontró ante una situación inédita: ETA rompió sus dos treguas anteriores de 1989 y 1999 a través de comunicados y nunca mediante un atentado.
«Si cambiasen totalmente las circunstancias en el futuro, podría haber otro proceso, pero no será éste. Se basará en una nueva resolución» del Parlamento, declaró una fuente gubernamental al diario madrileño.
Pero este nuevo intento debería apoyarse en una «nueva resolución» del Parlamento, añadió.
El proceso en curso se apoya en una resolución del Parlamento que en mayo de 2005 autorizó al ejecutivo a iniciar un diálogo con ETA si la organización armada manifestaba claramente su intención de renunciar a la violencia.
Consultada por la AFP, la presidencia del gobierno español rehusó todo tipo de comentario, esperando seguramente que ETA explique en un comunicado por qué rompió el alto el fuego.
Las autoridades españoles pudieron verse desbordadas por el atentado, sobre todo después de que una reunión secreta, mencionada por la prensa, entre emisarios gubernamentales y representantes de ETA concluyera a mediados de diciembre que la tregua continuaría al menos temporalmente, a pesar de los desacuerdos entre las dos partes.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo que «este atentado tendrá una respuesta enérgica y contundente desde el Estado de Derecho. Sus autores serán detenidos, acusados y condenados, y su destino ineludible será la cárcel», en declaraciones al diario El Mundo.
Entre la inmensa masa de escombros y hierros del estacionamiento de la terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas, los bomberos continuaban buscando a dos ecuatorianos desaparecidos desde el sábado, sin esperanzas de encontrarlos con vida.
La policía busca también los restos de la furgoneta bomba para analizar la naturaleza y la cantidad de explosivos utilizados.