Ronald Gamarra fue procurador adjunto en el proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y abogado de la parte civil en el proceso seguido contra el ex presidente por violaciones a los derechos humanos. En esta entrevista, Gamarra explica cómo se llevó a cabo el proceso contra el ex mandatario y la importancia fundamental que para esta sentencia condenatoria tuvo la organización de las ví­ctimas y su permanente búsqueda de la justicia; señala el ví­nculo existente entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos y concluye -desde la experiencia vivida en su paí­s- que la justicia sí­ es posible y que no es verdad que los pueblos de América Latina estemos condenados a la impunidad.

– CEG: ¿Cómo calificarí­a en la actualidad el sistema de justicia peruano?

– Ronald Gamarra (RG): Es un sistema que intenta marcar distancias de su pasado reciente -cuando fue sometido y estuvo bajo el control del gobierno de Alberto Fujimori y de su principal asesor Vladimiro Montesinos Torres- que está en un serio intento por marcar distancias de esos ví­deos en los cuales aparecen varios miembros -incluso de la Corte Suprema- entregando sus votos al ex asesor presidencial, a cambio de dinero o de algunas otras prebendas.

Es un poder judicial que intenta seriamente construir institucionalidad al interior del propio poder judicial, creo que está en un esfuerzo interesante de capacitación de sus miembros, y que está también intentando llevar adelante una campaña contra la histórica corrupción judicial denunciada en el Perú.

– CEG: ¿Cómo se llega de un poder judicial que no juzgaba violaciones a los derechos humanos a uno que dicta una condena de 25 años a un ex presidente por estos delitos?

– RG: Bueno, es el cambio de los tiempos también. En realidad con la caí­da del régimen de Alberto Fujimori hacia fines del año 2000, muchas cosas cambiaron. El gobierno de transición del doctor Valentí­n Paniagua mostró una verdadera voluntad polí­tica para acabar con la impunidad, el discurso oficial fue que tení­an que investigar los casos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Internacionalmente, Perú tuvo una polí­tica oficial de respeto de los derechos humanos, de vuelta al sistema regional de protección, etc.

Todo esto tuvo una repercusión interna indudable en el poder judicial, ante las evidencias de casos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, el poder judicial se vio ante la necesidad de llevar adelante investigaciones.

– CEG: ¿Cómo se inició el proceso judicial contra Alberto Fujimori? ¿Cuál fue la llave que abrió la puerta para que se diera este combate a la impunidad?

– RG: La aparición pública de videos en los cuales habí­a evidente responsabilidad de corrupción de personajes vinculados a Fujimori, de su propio entorno más cercano en actos de corrupción. Hubo investigaciones y al poco de iniciadas, los magistrados y los fiscales llegaron a la conclusión de que la responsabilidad trascendí­a a esos funcionarios para alcanzar al propio ex presidente Alberto Fujimori.

Esto permitió las investigaciones por asuntos de corrupción, y cuanto más se ahondaba en las investigaciones, se llegó a concluir que quienes estaban involucrados en actos de corrupción -incluido el ex presidente- también tení­an responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Esa fórmula corrupción-violaciones a los derechos humanos, yo creo que fue el detonante para el inicio de su persecución y la posterior condena de Alberto Fujimori.

– CEG: ¿Qué significa para una sociedad como la peruana esta condena de 25 años?

– RG: Yo creo que para la sociedad hay una triple importancia: primero polí­tica, en el buen sentido del término, que significa que hay una reafirmación en el Perú de un principio democrático que dicta que todos somos iguales ante la ley y que el presidente de la República, como cualquier otro ciudadano, tiene derechos pero también tiene obligaciones, y frente a cualquier llamado de la justicia tiene que ser investigado, tiene que comparecer ante los tribunales y, pruebas mediante, si le alcanza responsabilidad, deberá ser condenado.

El caso tiene también importancia moral, porque denota que sí­ hay esfuerzos por combatir la corrupción y es un claro ejemplo de que sí­ se puede combatir la corrupción (…) yo creo que es un mensaje muy claro contra la impunidad.

Y finalmente, el caso tiene una importancia didáctica, porque en el Perú este juicio a Fujimori fue un juicio público. Yo creo que el ideal de justicia democrática fue observado por todos los ciudadanos. Los jueces y fiscales deben entender que sí­ es posible juzgar cualquier otro caso con respecto a un funcionario público, y creo que el ciudadano promedio ha aprendido a ver este ejercicio democrático del ideal de justicia, y yo espero que la reclamen en cualquier otro caso.

– CEG: Usted fungió como procurador adjunto en el caso Fujimori. ¿Nos podrí­a explicar cuáles fueron los principales instrumentos jurí­dicos que se emplearon para lograr esta condena?

– RG: A nivel interno, yo dirí­a que se activaron los mecanismos ya existentes en el Perú, tanto a nivel del Código Penal, del Código Procesal y las normas de antejuicio para los altos funcionarios públicos. Pero también fue evidente que para lograr avanzar en las investigaciones hubo que ofrecer algún tipo de fórmula «de beneficio» a los autores directos de los crí­menes. Nosotros desde el principio tuvimos pruebas contra los autores directos; las pruebas contra los autores intelectuales, contra aquellos que ordenaron la ejecución de los crí­menes eran más difí­ciles de conseguir, y la única forma de romper ese silencio -de los ejecutores directos- era a través de la utilización de mecanismos legales, democráticos, que a cambio de alguna rebaja de la pena, pudiera permitir que ellos nos entregaran esta información valiosí­sima para avanzar en las investigaciones contra Alberto Fujimori.

Hubo una discusión sobre esa ley, finalmente fue aprobada y varios de los miembros del destacamento Molina -que fueron los autores materiales de los casos de Barrios Altos y la Cantuta por los que se juzgó a Fujimori- entregaron información valiosí­sima. No sólo fue la versión de cómo habí­an acontecido los crí­menes, cuál era la estructura del grupo paramilitar, cuáles eran los principales dirigentes, etc., sino las conexiones hacia arriba, que llegaban hasta el ex presidente Alberto Fujimori y la entrega de algún tipo de documentación que permitió un mejor procesamiento para la posterior condena del ex presidente. A nivel interno fue muy importante este tema de conceder algunos beneficios a los autores directos a cambio de la entrega de información.

– CEG: ¿Se aprobó una ley para esto?

– RG: Se aprobó una ley especí­fica para conceder estos beneficios en los temas de corrupción, y una modificación especí­fica para los casos de violaciones a los derechos humanos. Yo dirí­a también que a nivel internacional utilizamos el mecanismo de la extradición, esto es muy importante para nosotros, dado que Fujimori huyó del paí­s, y habí­a la necesidad de traerlo de regreso.

– CEG: ¿Cuáles destacarí­a cómo los elementos más importantes durante todo este proceso?

– RG: Yo lo que quiero señalar en principio es que este juicio no nos cayó como regalo, a las ví­ctimas nadie les regaló nada. Si finalmente hubo un proceso contra Fujimori, fue el resumen o la conclusión de 17 años de una terca lucha de los familiares de las ví­ctimas por la justicia. De esfuerzos, de muchí­simas asociaciones de derechos humanos, de abogados, de sociedad civil, del periodismo independiente, etc., que pensamos en algún momento que nos peleábamos y nos chocábamos contra una pared, que no í­bamos a ningún lado. Pero poco a poco, descubrimos que esos esfuerzos mí­nimos, que esos esfuerzos aparentemente inocuos, tuvieron un gran valor porque todos ellos fueron los que en una determinada coyuntura permitieron, facilitaron la persecución de los procesos penales, y si Fujimori está condenado es por la terca lucha de los familiares y porque, por ejemplo, el periodismo independiente encontró ya en los años 90 pruebas que vinculaban al destacamento Molina con los crí­menes y que abrí­an un campo de investigación con respecto de la responsabilidad propia del ex presidente Alberto Fujimori.

– CEG: Está claro entonces que la justicia peruana no es la misma antes, que después del caso Fujimori ¿En qué ha cambiado?

– RG: Yo creo observar en determinados magistrados un compromiso con los derechos fundamentales de las personas. No pretendo que ahora los magistrados irremediablemente condenen a todas las personas acusadas por violaciones a los derechos humanos (?) Yo dirí­a que hay de parte de algunos jueces -que cada vez son más, al interior del poder judicial- un compromiso con la justicia y un compromiso con la verdad.

– CEG: ¿No hubo un proceso de depuración de jueces?

– RG: No ha habido un proceso de depuración de jueces en el Perú ciertamente. Ahora claro, algunos magistrados fueron procesados por sus vinculaciones con la corrupción, y aquí­ estamos hablando de vocales de la Corte Suprema, de vocales superiores, etc., pero fueron muy pocos en realidad. Yo lo que dirí­a es que hay un recambio en la composición del poder judicial, ¿Por qué? por una serie de problemas, básicamente la provisionalidad que habí­a generado el régimen autoritario de Alberto Fujimori, este tema cambió. Hay un Consejo Nacional de la Magistratura que ha nombrado nuevos jueces para esos cargos que estaban pendientes, que no estaban ocupados. Yo no puedo poner la mano en el fuego por cada uno de estos magistrados, pero sí­ puedo establecer una diferencia entre estos magistrados y los que estaban sometidos al poder en la década pasada.

– CEG: En Guatemala hay algunos sectores que piden, incluso públicamente, que la página de la historia se pase, piden «borrón y cuenta nueva», y que no se abran las heridas. También señalan que lo que se busca es una venganza por lo que pasó. ¿Qué opinión le merece esta postura?

– RG: Es una postura muy difundida en varios paí­ses, en el Perú también en mucho tiempo lo fue. Pero en realidad no puede haber «borrón y cuenta nueva», esto es mentira. Finalmente uno puede patear la pelota hacia adelante, pero algún momento el tema se va a presentar y va a tener que ser encarado. Un gobierno cualquiera que pretenda la impunidad lo único que hace es retardar la justicia, pero jamás va a impedir el inicio de procesos penales serios y democráticos.

Claro, yo estoy consciente de que lo que debe haber es justicia, no venganza. El caso de Fujimori es paradigmático en ese sentido. Desde el principio los familiares de las ví­ctimas sabí­an que lo que debí­amos obtener de este proceso judicial era una justicia, y no venganza, que sinceramente para la memoria de las ví­ctimas, para un reforzamiento de una sociedad democrática, dice muy poco llevar a tribunales a violadores de derechos humanos y no respetarles los derechos básicos. Yo creo que lo que legitima a una democracia, y lo que fortalece la memoria de las ví­ctimas es llevar a los tribunales a violadores de derechos humanos respetando escrupulosamente todos y cada uno de sus derechos; finalmente la justicia tiene un valor moral que va mucho más allá de la mera condena, a cualquier precio, de un violador de derechos humanos.

– CEG: En Guatemala y otros paí­ses de América Latina se han iniciado procesos a lo interno por grandes violaciones a Derechos Humanos, masacres, desapariciones forzadas, cárceles clandestinas, etc. Sin embargo, lejos de progresar, estos procesos judiciales se han estancado. ¿Es posible revertir esta situación?

– RG: Sí­ claro, la justicia es posible. No quiero machacar con la historia de Perú, pero el Perú lo ha demostrado. Si a mí­ me hubieran preguntado hace algunos años si la justicia era posible, yo hubiera hablado de la infinidad de obstáculos que se presentaban para ella, hubiera señalado que en esa lucha por la justicia nos chocábamos contra la pared y nos caí­amos al suelo, y no lográbamos mucho. Y ahora la situación ha variado tremendamente. La justicia sí­ es posible, pero la justicia no se obtiene de un dí­a para otro, en su total manifestación no te la regalan de un dí­a para otro. Hay un esfuerzo largo, permanente, constante, que hay que dar, y que en algún momento va a rendir sus frutos.

– CEG: ¿Cuál ha sido el papel de las ví­ctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos como la coordinadora que dirige?

– RG: Básicamente la organización de las ví­ctimas y la permanente búsqueda de la justicia han sido dos de los factores importantes para obtener la justicia en el caso concreto de Alberto Fujimori. Sin los familiares de las ví­ctimas nada de esto hubiera sido posible. Creo que Barrios Altos y la Cantuta, por ejemplo, quedaron en el inconsciente ciudadano, no sólo por la gravedad o atrocidad de los crí­menes, no sólo porque los periodistas pusieron los temas en la prensa, sino porque básicamente durante 17 años los familiares estuvieron ahí­ en cuanto espacio tuvieron, por pequeño que fuera, reclamando por sus familiares. Yo creo que eso ha sido de primerí­sima importancia, y así­ lo ha reconocido el propio tribunal que juzgó a Fujimori, el papel que han desarrollado los familiares de las ví­ctimas en exponer permanentemente el caso.

– CEG: ¿Cuál es la importancia que tuvo para este proceso legal el haber aceptado como prueba las recomendaciones del Informe de la Verdad?

– RG: Bueno, fundamental. El tribunal establece que tiene un valor referencial como prueba documental el informe criminal de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta es una de las tantas pruebas para establecer la responsabilidad penal de Alberto Fujimori Fujimori. Pero yo ahí­ dirí­a que el tribunal no hizo nada nuevo, simplemente le impuso su especial calidad moral y profesional de ser una sala integrada por magistrados «a uno», como decimos en Perú. Incluso yo recuerdo que ha citado algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a Myrna Mack, donde la Corte cita los dos informes de las Comisiones de Verdad que hubo aquí­. Por cierto, el tribunal ha citado varias sentencias de la Corte Interamericana en el caso de Guatemala, para fundar la sentencia contra Fujimori. No sólo las sentencias de la CIDH, sino las sentencias internas que se dieron aquí­, particularmente una de un juzgado de narcoactividad en el caso de Myrna Mack, esta sentencia fue utilizada para dar valor a los documentos desclasificados por el departamento de Estado americano, y valoradas por juzgados nacionales aquí­ en Guatemala.

– CEG: ¿Qué papel jugó en el Perú la justicia universal y los organismos internacionales a los cuales se puede acudir cuando no hay justicia en el propio paí­s?

– RG: El tribunal de Perú ha recogido toda la jurisprudencia emitida por estos tribunales penales internacionales, yo dirí­a (que la de Fujimori) es una sentencia muy rica en eso, en citar lo más avanzado de la jurisprudencia, en darle valor al trabajo de estos organismos internacionales, y además, insisto, aún cuando no es un tribunal penal, en reconocer el valor de las sentencias de la CIDH, que nos es más cercana a los paí­ses en América Latina.

– CEG: Finalmente Ronald ¿cuáles son las lecciones aprendidas?

– RG: Primero, que nadie está por encima de la Ley, ni siquiera los ex mandatarios, y que en todo caso si pudiera establecerse algún tipo de diferencia entre obligaciones y sobre todo en responsabilidades, habrí­a que establecerla respecto a los funcionarios públicos. Cuanto mayor jerarquí­a tiene la función pública, son mayores las responsabilidades y son mayores las obligaciones.

En segundo lugar, yo creo que lo de Fujimori es un llamado contra la impunidad, esto más allá de cualquier tiempo, más allá de cualquier obstáculo procesal o real que se pretenda poner a las investigaciones, en algún momento la justicia va a llegar. Estas creo que son las dos grandes lecciones que nos da el juicio contra Alberto Fujimori, es decir, que la justicia sí­ es posible, y que no es verdad que los pueblos en América Latina estemos condenados a la impunidad, eso no es verdad.