Asegurando que Q1 mil millones de Mi Familia Progresa no han podido ser fiscalizados, la diputada Nineth Montenegro entregó informe sobre ese programa social que según datos atiende a un millón de beneficiarios.

Preocupa también que para 2010 anunciaron serán Q2 mil 100 millones, explicó Montenegro, quien agregó que tiene información sobre la firma de un convenio en ese sentido.

«Los fideicomisos -recuerden que- permiten que no se use la Ley de Contrataciones, a través de los fideicomisos es Mi familia Progresa, la que decide a quién contratar para alimentos, a quién contratar para repartir la remesa, a quién contratar para lo que ellos quieran», destacó la diputada.

Faltan indicadores para saber si realmente se ha reducido la pobreza, no se conocen los mecanismos de alimentación, hace que se sospeche más sobre la reiterada negativa de entregar los datos de los beneficiarios, insistió Montenegro.

NUEVO CENSO

El programa impulsado por el Gobierno no es una polí­tica pública porque no utilizaron los datos de la encuesta que realizó la Secretarí­a de Seguridad Alimentaria, del gobierno pasado, que tení­a ya identificados 111 poblados donde habitan las 100 mil personas más pobres, explicó.

El censo anterior costó millones de quetzales pero no lo sostuvieron, reprochó la legisladora, quien puntualizó: «a esas familias les estaban dando bolsas de alimentos, allí­ se tení­a que seguir y no hacer nueva encuesta que le sirve solo como datos privilegiados a la esposa del Presidente y que nadie puede accesar», enfatizó.

Según la parlamentaria y su informe, 91 de esos poblados identificados por el gobierno pasado, no son atendidos actualmente, a pesar que están en riesgo, entre ellos Sololá; Totonicapán; Quetzaltenango; San Raymundo, Guatemala; Alta y Baja Verapaz.

A quienes están atendiendo ahora son gente pobre pero no exageradamente pobre, saltando la duda si son empadronados o si han sido obligados a ser empadronados, extremo que no confirma ahora pero ofreció investigar, explicó la parlamentaria.

Sí Y NO

Montenegro dijo que no puede negar que ha llegado la ayuda, pero lamentablemente de Q776 millones de Transferencias condicionadas «sí­, la mitad se usó, Q339 millones, el resto para otras cosas», dijo.

Con relación al gasto de Q40 millones para pagar salarios en diferentes renglones, estudios y servicios, el documento describe la preocupación por asignaciones muy altas en viáticos al exterior, gasto de combustibles, alimentación, divulgación de información y arrendamiento de medios de transporte y equipos de cómputo.