Cisjordania El Fatah reelige a Mahmud Abas
El Fatah reeligió hoy al presidente palestino, Mahmud Abas, para que siga al frente del partido, en el quinto día de su primer congreso en 20 años, durante el cual se produjeron agitados debates sobre la forma de reactivar esta formación laica.
Unos 2 mil delegados que participan en el congreso en la ciudad de Belén (Cisjordania ocupada), votaron por unanimidad a mano alzada por Abas, anunció el presidente del encuentro, Othman Abu Gharbiye.
La elección del nuevo Comité Central de 21 miembros y de un Consejo Revolucionario de 120 miembros, que debía efectuarse el viernes y luego el sábado, fue aplazada al domingo por la mañana, habían indicado poco antes responsables del movimiento.
El Congreso, que debía durar tres días, fue prolongado debido a los encendidos debates de la víspera entre la vieja guardia del partido y los delegados jóvenes que reclaman un papel mayor y una reforma global del partido.
Una mujer murió y cinco personas están desaparecidas luego del paso del tifón Morakot por la isla de Taiwán, que debería de alcanzar el sureste de China en las próximas horas, indicaron hoy los servicios de socorro.
Por otra parte, en el sur de China, afectado por la tormenta tropical Goni, un centenar de marinos que se encuentran a bordo de más de una decena de barcos están desaparecidos, según la agencia China Nueva.
En Taiwán, una mujer murió al volcar la moto en que viajaba debido a los fuertes vientos, y cuatro pescadores están desaparecidos, según los servicios de socorro. Una mujer de 50 años que cayó a un río también está desaparecida.
La ley que convierte a la inmigración clandestina en delito pasible de una pena de entre 5 mil a 10 mil euros (hasta 14 mil dólares), entró oficialmente en vigor en Italia tras su publicación en el diario oficial.
La ley sobre seguridad interior e inmigración, aprobada por el Parlamento italiano a comienzos de julio, convirtió a Italia en uno de los países europeos más severos en la lucha contra la migración clandestina.
Varios países latinoamericanos manifestaron su inquietud y rechazo por la ley que pena con multa de entre 5 mil y 10 mil euros (entre 6.800 y 13.600 dólares) la inmigración ilegal, estimula la denuncia ante la justicia de las personas en situación irregular y amplía de dos a seis meses la retención de los inmigrantes.
Unas nuevas leyes que el gobierno derechista de Ricardo Martinelli pretende que el Congreso panameño apruebe contra el crimen organizado son resistidas por la oposición y otros grupos, que consideran que atentan contra la libertad y los derechos humanos.
La polémica surgió esta semana luego de que el ejecutivo anunció su apoyo a un proyecto de ley que permite rastrear las comunicaciones, argumentando que con él se reducirán los homicidios en Panamá (600 en 2008, la mitad de ellos relacionados con el narcotráfico).
Los críticos al proyecto creen que viola los derechos de privacidad, información, expresión y que se presta a la persecución política.