Justo como para que entendamos que la paz no se construye si no es encontrando la verdad, ayer el Procurador de los Derechos Humanos dio a conocer el resultado de su investigación sobre los hechos ocurridos en la acción para retomar el control de Pavón, misma que todos aplaudimos como un paso en la dirección correcta para combatir el crimen organizado. Sin embargo, los recelos surgidos desde el principio encuentran en el informe el detalle preciso para obligar a una investigación profunda que obligará al Ministerio Público a esclarecer lo que ocurrió en el hecho, sobre todo porque fiscales y agentes de esa entidad participaron en el operativo.

Deleznable es, para decir lo menos, la expresión del Director de Presidios al afirmar, antes de leer el informe, que esperaba que el PDH no se ponga al servicio del crimen organizado. Giammattei sabe exactamente lo que pasó en Pavón y da una declaración de ese tipo para desvirtuar un informe que le afecta porque compromete el baño de rosas que recibió tras el operativo. Y es que el informe tiene una contundencia que impresiona y demuestra que en Guatemala se pueden realizar investigaciones serias y con prueba de distinto tipo.

El problema para el PDH estriba en que la opinión pública no anda preguntando cómo se actúa, sino que desea que se actúe en contra de los criminales, aunque sea violando la ley porque a los delincuentes la gente no les reconoce derechos humanos para decirlo con absoluta propiedad. En ese sentido, como lo dijo La Hora en su momento, un informe del PDH sobre los sucesos de Pavón puede ser preciso y certero, pero no será bien recibido por la población que estará más inclinada a creer declaraciones vací­as como la del Director de Presidios que un informe contundente pero que cuestiona la forma en que murieron los presos y eso, tristemente, a la población le tiene sin cuidado.

Pero el hecho de que la posible ejecución de los reos sea bien vista por la gente y hasta aceptada como una necesidad, no impide señalar que si ocurrió fue una acción arbitraria y que el Estado no puede prostituirse para combatir la corrupción, la impunidad y el crimen. Un Estado que no es capaz de respetar la ley en su lucha contra los criminales se vuelve peor que éstos porque prostituye instituciones llamadas a ser paradigma de legalidad.

Creemos que el informe es de tal magnitud y tiene tales detalles que obliga al MP a tomar en serio porque ese baldón no se lo quitarán las autoridades mediante recursos como el cí­nico de querer asociar al Procurador con el crimen organizado. Si hay reacciones penosas, pocas como la que apuntó en esa dirección porque además de ser cí­nica, pretende controlar daños mediante la destrucción de una de las instituciones que, pese a la adversidad, ha mantenido una actitud imparcial que es de lo más objetiva del medio.