El Ministerio Público (MP) se encuentra en una, cada vez más evidente, depuración del personal de la institución.
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Según información de la Secretaría General de la Fiscalía General, durante la presente administración han sido destituídos 26 trabajadores y se han iniciado acciones legales contra al menos ocho de ellos.
A criterio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, IECP, la depuración en el MP, aunque envía un mensaje positivo a la población, debería ser una política permanente de la entidad a cargo de la persecución penal.
Amílcar Velásquez Zárate, fiscal general del MP, afirma que el proceso de depuración inició desde que asumió la administración de esa instancia, dijo además que esta continuará. Está dispuesto a destituir a funcionarios y a iniciar acciones legales contra los mismos, dijo.
«El fin de la depuración es fortalecer la institución y al sistema de justicia: en la medida que en las instituciones se vaya eliminando a los malos elementos se consolidará la institucionalidad del Estado mismo», opinó.
Las destituciones han sido graduales. «En la medida que vayamos detectando funcionarios que no cumplan con sus obligaciones, se abrirán procesos administrativos que podrían concluir en acciones penales», afirmó, y agregó que las destituciones son cada vez más evidentes porque «hasta este momento se han descubierto anomalías», agregó Velásquez Zárate.
Sonia Montes, fiscal que integra el Consejo del MP, dijo estar de acuerdo con que se sancione a los trabajadores que no cumplan con sus obligaciones, sin embargo, explicó que no puede emitir una opinión generalizada debido a que cada caso es distinto.
«Creo que la depuración no es sólo a nivel del MP sino de otras instituciones y es el resultado de la exigencia social de cumplir con el trabajo que a la entidad le corresponde», opinó Montes.
La fiscal insistió en que cada caso de destitución que se ha dado es distinto y aunque reconoció que hay trabajadores que merecen una sanción, los hay también que trabajan más de 48 horas por jornada, indicó.
PROS Y CONTRAS
Marco Antonio Canteo, director del IECP, calificó de «positivas» las acciones de depuración en el MP, sin embargo criticó que no ha existido permanencia de las mismas.
«La depuración debe ser una política permanente en la institución independientemente de las demandas sociales. La sociedad civil ha exigido la depuración del MP, PNC, Organismo Judicial y Sistema Penitenciario, pero esta debe ser permanente y mediante la investigación adecuada», enfatiza el jurista.
A criterio del analista, las instituciones han caído en la política de dejar hacer y dejar pasar las faltas internas, y en el caso del MP, ese tema se dio en las anteriores administraciones: «se ha instalado la mediocridad en las instituciones y eso debe erradicarse aplicando una política de depuración permanente», opinó.
El director del IECP agregó que las decisiones de depuración envían un mensaje positivo a la ciudadanía, pero que los efectos de una mejora en el rendimiento del MP serán a mediano y largo plazo: «hay que darle espacio a esa instancia para que continúe y quizá en un término de seis meses a un año se podrán ver resultados en cuanto a más acusaciones y mejores investigaciones», indicó.
DESTITUCIONES:
En la gestión de Velásquez Zárate han sido destituidas 26 personas de la institución. El 17 de marzo último removieron a todo el personal de la fiscalía de Esquipulas por anomalías y actos de corrupción: Jaime Eduardo Palma, Silvia Lucrecia Rivera, Abel Antonio Sandoval y Silvia Lucrecia Villeda.
La depuración ha destituido a trabajadores de las fiscalías de Tecún Umán, Esquipulas, Santa Rosa, Ixcán, Escuintla e Ixchiguán, entre otros.
«Creo que la depuración no es sólo a nivel del MP sino de otras instituciones y es el resultado de la exigencia social de cumplir con el trabajo que a la entidad le corresponde»
SONIA MONTES
Consejo del MP
EL Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales elaboró una serie de recomendaciones para acompañar la depuración en el MP, entre ellas:
-Que la institución cumpla con las instrucciones generales que han sido aprobadas para mejorar la persecución penal, y que los fiscales no obedecen.
-Que se aprueben mecanismos de fiscalización y evaluaciones de los trabajadores de la institución.
-Fortalecer la coordinación de la investigación criminal con la Policía Nacional Civil para una óptima investigación de los procesos.
-Que el Congreso apruebe una ley de política de investigación criminal, y se apruebe además la ley de la carrera fiscal.