Intentaré resumir los aspectos que estimo más pertinentes del Atlas del Gasto Social Municipal, elaborado y publicado conjuntamente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Diálogo para la Inversión Social en Guatemala y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICEFI), que puede servir de valioso instrumento para funcionarios gubernamentales y edilicios,  políticos, sociólogos, periodistas y analistas, puesto que representa el gasto o inversión municipal en educación, salud y agua por medio de mapas, tablas, gráficas y textos.
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Como lo advierte en la presentación el investigador social Carlos Pérez-Brito, en vista de que las municipalidades representan el poder público y la presencia del Estado más cercano a las personas y sus necesidades, es imposible pensar que el desarrollo nacional se pueda lograr sin tomarlas en consideración, sobre todo porque a pesar de que los gobiernos locales tienen mandatos legales específicos en materia social, en muchos casos la responsabilidad de ciertas inversiones en salud y educación es asumida por las municipalidades, aun cuando la rectoría de las mismas se encuentre en los ministerios de Estado respectivos.
 En virtud de este eventual cruce de obligaciones, el desarrollo local requiere de una coordinación precisa entre municipios y gobierno central que tienda al eficiente traslado de competencias, armonización de las inversiones, adecuada planificación y apropiada responsabilidad compartida.
 Durante las recientes dos décadas la administración pública del país ha sido objeto de reformas con el fin de fomentar la rendición de cuentas de las actividades del Estado (entre otros objetivos), ante la necesidad de realizar una gestión integrada y coordinada de políticas públicas entre grados de gobierno y con la sociedad, lo que ha conducido a establecer normas financieras que sean observadas en todas las instancias del Estado, además de aplicar mecanismos de transparencia y divulgación, por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
En la tercera etapa del SIAF, iniciada en 2003, las municipalidades fueron integradas a este proceso; pero este instrumento no permitía un análisis detallado de las administraciones municipales, en vista de que no existían puntos normativos de comparación entre los municipios, ni se podía analizar conjuntamente la inversión local y la inversión territorial del Gobierno central, fuera de otros factores que no lograban la compatibilidad entre los análisis de los gobiernos nacional y los locales.
 En 2008, el proyecto USAID/Diálogo para la Inversión Social colaboró con el ICEFI para estandarizar los presupuestos municipales y aclarar el gasto en los sectores sociales, tarea que implicó reclasificar cada región del país por su función en el destino del gasto, el tipo de gasto y las fuentes de financiamiento. De esa cuenta el Proyecto pretende apoyar el análisis del gasto municipal en los servicios sociales, específicamente en los sectores que atañen a educación, salud, agua potable y saneamiento.
El indicador del gasto social utilizado por el Atlas persigue mostrar el compromiso financiero de cada municipalidad; pero no mide ni el deseo ni el propósito de las municipalidades al gastar en estas funciones, sino sólo el resultado de los múltiples factores desconocidos, que «juntos dicen más de la ejecución del presupuesto».
 De todas formas, sólo teniendo en las manos el Atlas del Gasto Social Municipal se puede obtener los datos que se pretendan conocer de cualquiera de los 295 municipios analizados.
(El perito contador Romualdo Tishudo, oficinista de la Tesorería Municipal de una alejada comunidad, le reclama al alcalde: -Usted ofreció subirme el sueldo cuando estuviera conforme con mi trabajo. El jefe edilicio replica: -¿¡Y cómo puedo estar conforme con un empleado que quiere que le aumenten el sueldo!?).