Antes de empezar a producir sus primeros barriles de crudo, Santo Tomé y Príncipe quiere aprender a administrar sus recursos petroleros para evitar reiterar la experiencia de un acuerdo desastroso firmado en 1997 con una compañía estadounidense.
Este archipiélago de habla portuguesa del Golfo de Guinea votó una ley sobre el petróleo «que obliga a las compañías petroleras a formar ciudadanos de este país en el sector», explica a la AFP el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), Luis dos Prazeres.
«La garantía de la formación es un aspecto importante para la atribución de bloques petroleros. (…) La compañía que proponga más dinero para la formación» se verá favorecida en el estudio de su oferta para la atribución de los bloques, añade dos Prazeres.
Según Prazeres, esta formación se debe implementar ni bien se firme un acuerdo, sin esperar el inicio «de las actividades de prospección» en uno de los bloques ubicados en la Zona de Desarrollo Común (ZDC), entre las aguas territoriales de Santo Tomé y Príncipe y de Nigeria.
El tratado que establece la ZDC, firmado en 2001, prevé que los ingresos petroleros futuros vayan en un 60% a Nigeria y el 40% para el archipiélago.
Estas perspectivas generan grandes esperanzas en Santo Tomé y Príncipe, un país pobre y dependiente en un 80% de la ayuda internacional, que prevé la producción de su primer barril en 2012 (no antes de 2014, según fuentes económicas internacionales).
Formar a los administradores de esta futura opulencia es un desafío, después del desastroso contrato firmado en 1997 por Santo Tomé con la Environmental Remediation Holding Corporation (ERHC), una compañía estadounidense (comprada luego por la Nigeriane Chrome).
Ese acuerdo, negociado para Santo Tomé «por un ingeniero agrónomo, un economista y un jurista sin conocimiento profundo del mundo del petróleo», según Luis dos Prazeres, deja a la ERHC la exclusividad casi total de los derechos de exploración y de exportación durante 25 años, así como la mitad de los beneficios.
Como contrapartida, el Estado obtuvo cinco millones de dólares. Es decir, doce veces menos que los ingresos que podría haber obtenido, de acuerdo a la coalición internacional «Publica lo que pagas» (PCQVP), que milita por una gestión transparente de las rentas petroleras y reclama la congelación del contrato.
Al ser elegido presidente, el empresario Fradique de Menezes intentó renegociar el acuerdo y, «en ausencia de expertos nacionales en ese campo», llamó a «consejeros estadounidenses» en 2004, pero sin éxito, según recuerda el responsable de la ANP.
«Dos expertos trabajaron con el Estado sobre este tema» por 250.000 dólares de honorarios que Santo Tomé todavía no pagó, precisa Luis dos Prazeres.
El país, que aprendió de esta experiencia, decidió tener una legislación que preserve sus ingresos petroleros recurriendo, una vez más, a «consultores internacionales».
«En 2006, cuatro juristas trabajaron para el Estado santotomense, sobre una propuesta del Banco Mundial, que pagó sus honorarios de 230.000 dólares», afirma la ministra de Planificación y de Finanzas, Angela Viegas.
De ahora en adelante, las empresas presentes en la ZDC pagan becas a santotomenses que estudian carreras relacionadas con el petróleo en Cuba y en Brasil, y el Estado envía algunos de sus ejecutivos a países africanos productores de petróleo.
Silverio Cravid, formado en mercadotecnia del petróleo en el Instituto del Petróleo de Nigeria, está satisfecho. Actualmente, es funcionario encargado de «informar a la población sobre la ley y otros temas del petróleo» y está ansioso por ver «la explotación real del petróleo» y poder «trabajar en la mercadotecnia de la futura compañía nacional de petróleo».