Desde que la actual Junta Monetaria, a instancias de la burocracia de la banca central, aprobó las nuevas normas para permitir la intervención del Banco de Guatemala en el mercado de divisas a efecto de evitar maniobras especulativas, nuestra moneda empezó a perder valor y exactamente eso se sabí­a que iba a ocurrir, puesto que en el fondo era obvio y evidente que se trataba del triunfo de las añejas luchas de los exportadores que durante años mantuvieron presión sobre las autoridades monetarias para que facilitaran la devaluación monetaria a efecto de que pudieran recibir más quetzales por cada dólar que producí­an sus exportaciones.

Basta ver que la Junta Monetaria redujo las condiciones en las que el Banco de Guatemala podrí­a intervenir para estabilizar la moneda para entender que lo que se buscaba era, justamente, que viniera esta inestabilidad que ahora estamos sufriendo y que daña la economí­a del paí­s. Podrá pensarse que fue una decisión equivocada de las autoridades monetarias, pero la verdad sea dicha, en ese aspecto no puede pensarse en error, sino que en una decisión ampliamente meditada y con consecuencias que se conocí­an de antemano porque no habí­a que ser experto para entender que si se limitaba la capacidad de reacción del Banco Central frente a maniobras especulativas, lo que se estaba promoviendo era mayor facilidad para los especuladores. Así­ de simple y sencilla es la cuestión y no caben otras argumentaciones.

Justamente cuando en el mundo entero se ha demostrado que la reducción de controles en la economí­a produjo la peor crisis financiera de la historia, en Guatemala se adoptaron medidas para reducir la capacidad de control y de respuesta para atajar cualquier maniobra especulativa. ¿Casualidad o error de buena fe? Yo personalmente estoy convencido de que fue una componenda entre los sectores que ejercí­an la presión y autoridades monetarias que cedieron y, dados los antecedentes y la ausencia de valores que prevalece en el paí­s, no puedo pensar que haya sido simple metida de pata.

Piensa mal y acertarás, reza el viejo refrán y en este caso la indolencia de las autoridades para atajar un fenómeno que no tiene razones ni explicaciones económicas, sino que es producto evidentemente de la especulación que ha dejado enormes beneficios a unos cuantos en perjuicio de la mayorí­a de los guatemaltecos, tiene que tener una explicación de las que ya todos conocemos por la larga experiencia que nos ha dado el sector público donde nada se hace gratis y donde todo favor y tráfico de influencias es consecuencia de algo.

¿Fueron también los exportadores financistas de la campaña y están pasando la factura? Cualquiera que sea la respuesta, los ciudadanos estamos cargando con el muerto de una decisión que afecta a muchos y beneficia a pocos.