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Entre las tareas del CNAP se encuentra la de proponer polí­ticas públicas que contribuyan a combatir la exclusión y la pobreza, siempre respetando el marco de los Acuerdos de Paz. El CNAP fue creado por la Ley Marco de los Acuerdos de Paz., aprobada el 3 de agosto de 2004.

El ente multipartidario está conformado por cinco comisiones: Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia; Comisión de Reforma del Estado; Comisión de Desarrollo Económico y Social, Comisión de Multiculturalidad e interculturalidad y la Comisión de Participación y Consulta.

En una entrevista con Cecil de León, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia del CNAP, nos compartió la agenda especí­fica así­ como algunas acciones prioritarias relacionadas con la aprobación de iniciativas de ley, y algunos inconvenientes que cree se tienen para un efectivo trabajo del CNAP.

De León advierte que en dicha comisión, el trabajo fundamental se lleva a cabo con el Congreso de la República. A continuación un extracto de la referida conversación.

-Pregunta: ¿Las decisiones de trabajo del CNAP son vinculantes para los tres organismos del Estado?

-Respuesta: No somos un ente vinculante, no podemos ordenarle nada a nadie. Organizamos mesas técnicas para enriquecer y unificar las propuestas de iniciativas de ley o de polí­ticas públicas. Trabajamos propuesta técnica con todos los sectores involucrados, somos expertos en todo y en nada. La agenda del paí­s pasa por esta mesa, aunque no seamos nosotros quienes decidamos. De alguna manera tenemos incidencia en la creación de polí­ticas públicas, en la creación de legislación.

-P.: ¿La reparación de las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado es una prioridad para el CNAP?

-R: Actualmente tenemos dos temas de derechos humanos. Uno de ellos es la ley de desapariciones forzadas iniciativa 35-90. En el marco de su impulso, en agosto vamos a instalar, por segunda ocasión, una exposición fotográfica de personas detenidas, desaparecidas, durante la guerra, en el Palacio y en el Congreso. Se busca tenerla allí­ 15 y 8 dí­as, respectivamente. Este es un tema espinosí­simo, es un tema del que nadie en el Gobierno ha querido saber mucho.

-P.: ¿Cuán difí­cil ve el avance de tal iniciativa, que ha estado detenida por varios años?

-R: Depende de cómo se proyecte, yo represento al sector derechos humanos. Tanto las ONGs como activistas que llegan al Congreso tienen relaciones tensas, porque en algunas ocasiones cuando no se tiene la experiencia se comete el error de llegar a señalar con el dedo acusador. Entonces nos preguntamos ¿Vas a ir a ponerle el dedo para acusar a quien te va a aprobar una ley?, por supuesto que no. Aunque tampoco se trata de ser sobalevas, depende de cómo enfoquemos el trabajo.

-P.: ¿En el tema del resarcimiento hay alguna propuesta?

-R: Este va mucho más avanzado porque la iniciativa ya pasó primera lectura, ésta es una recomendación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), y hoy es una obligación del Estado, porque el Decreto 57-2005 reconoce tales obligaciones como compromiso de Estado.

La ventaja del resarcimiento es que ya funciona como acuerdo gubernativo desde 2003, a través de la Comisión Nacional de Resarcimiento y el Programa Nacional de Resarcimiento, donde ha habido muchos problemas. En esta administración se están dando los mismos problemas que tuvimos con el gobierno de (Alfonso) Portillo y el de (í“scar) Berger; se le está usando como plataforma electoral, porque hay denuncias sobre la entrega de cheques a ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC). Estos son temas que hubiera sido imposible tocar en otros tiempos, pero ya están en el Congreso.

-P.: Con relación a la agenda legislativa de Seguridad y Justicia ¿Qué proyectos tiene?

-R: Uno de los prioritarios es el de reforma profunda policial; tema fundamental para nosotros, que vinimos trabajando desde el año pasado en conjunto con otras instancias como el Foro de Partidos Polí­ticos, la Fundación Myrna Mack y el Consejo Asesor de Seguridad. Aquí­ se busca una reforma policial profunda para hacer efectivo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El año pasado hicimos un diagnóstico en el que participaron los ocho jefes de la Policí­a Nacional Civil (PNC), los ocho operativos, porque si alguien nos va hablar de las deficiencias de la PNC, quien las conoce mejor son ellos; los demás las vemos por fuera y tenemos nuestros prejuicios. También nos proponemos impulsar el debate sobre la regulación de las empresas privadas de Seguridad, ya presentamos una propuesta en 2007. En el tema de Justicia, nuestras propuestas coinciden con las de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que la otra está en el marco de las reformas a la ley de amparos. En cuanto a la reforma policial preparamos un foro y talleres, para la discusión de la necesidad de la creación de un ministerio de Seguridad, aquí­ se discutirá la pertinencia de que exista otro ministerio que se encargue del tema especí­fico de Seguridad y que Gobernación se encargue de los temas administrativos.

-P.: ¿Hay otras propuestas que no se enmarquen en estos tres temas que busquen impulsar?

-R: El CNAP pretende promover el tema de las radios comunitarias para este año. También planificamos reformas a la Ley del Ejército, que es lo más trompudo por ahora. Ya se comenzó el cabildeo para reuniones con las partes, ya se convocó al Ministro de la Defensa, a la Presidencia, al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, y también se busca la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que también tiene un tema de la justicia militar. En este tema no se puede quedar fuera el Ejército, porque no podés armar una fiesta de quince años sin la quinceañera.

-P.: Usted aduce una relación fundamental de la Comisión que coordinan con el Congreso de la República, ¿Cuánta anuencia hay de los diputados y partidos polí­ticos a participar del trabajo del CNAP?

-R: El diputado Ferdy Berganza representa en el CNAP a la UNE, porque el Consejo está conformado por diferentes sectores, entre ellos los partidos polí­ticos con bancada en el Congreso; el año pasado Ferdy fue coordinador en representación de la Junta Directiva del Legislativo, pero ahora está representando a un partido polí­tico. Es una ventaja que haya diputados acá, porque nosotros no tomamos decisiones sino el Congreso o cada organismo del Estado. El hecho que haya representación de los partidos polí­ticos ya es un paso, porque no serí­a lógico que aquí­ apoyen una cosa y en el Congreso salgan apoyando otra. Este año los representantes de la Junta Directiva del Congreso son Baudilio Hichos, de Unión del Cambio Nacional y Zury Rí­os del Frente Republicano Guatemalteco. Casi todo pasa por los acuerdos de paz, pero tenemos que elegir el momento polí­tico en el que nuestra posición, propuesta u opinión pueda ser tomada en cuenta por los diputados que son quienes al final deciden.

-P.: Los derechos de los pueblos indí­genas no son incluidos en la agenda de trabajo de la comisión que usted coordina ¿Por qué?

-R: Los derechos de los pueblos indí­genas están siendo trabajados en la Comisión de Multiculturalidad e Interculturalidad; allí­ hay una propuesta de lugares sagrados, aunque no ha avanzado. Otro tema poco visible que se ha estado trabajando es la identificación institucional multicultural, es decir, se aplica todo el tema de comunicación en idiomas mayas. También se busca que el Ministerio de Finanzas haga todas sus publicaciones con una visibilidad intercultural. Y se quiere definir elementos que permitan determinar la inversión que se destina del Presupuesto de la Nación a pueblos indí­genas; en el modelo actual se comienza a evaluar cuánto les dedica el Estado a las mujeres, pero no a los pueblos indí­genas. La clasificación étnico cultural del presupuesto está pendiente.

-P.: ¿Hay dificultades para la ejecución de su trabajo?

-R: En todos lados, porque las reformas a las leyes tocan varios intereses, que muchas veces o siempre están ocultos. Hay que decir que en estos 13 años de los Acuerdos de Paz ya no tenemos el mismo Estado que salió en 1996, ha ido reformulándose, reestructurándose; aunque es necesaria una reforma constitucional como los mismos Acuerdos de Paz lo dicen, pero la gran dificultad para su cumplimiento es la voluntad polí­tica, es decir, quien tiene poder para oponerse o para que se den los cambios siempre va a tener los propios intereses como prioridad.

-P.: ¿Hay temas prioritarios para la Comisión?

-R: En derechos humanos definitivamente la iniciativa sobre la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas forzosamente; en el de Justicia hay que ver lo estratégico, pero serí­an las reformas a la Ley de Amparos que es fundamental. En Seguridad, en definitiva la refundación de la PNC con el establecimiento claro de la separación de funciones que no se da todaví­a: Ejercito a defender territorio y la PNC en el tema de la seguridad ciudadana. Todo es prioritario y todo es urgente.